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En los conflictos armados, los niños se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. En 2024, los niños representaron el 43 % del total de víctimas de minas y restos explosivos de guerra. Las armas explosivas causan, de media, alrededor del 69,2 % de las víctimas infantiles en los conflictos armados. Además, las fuerzas gubernamentales son las principales responsables de la muerte y las mutilaciones de niños. El fracaso de las regulaciones estatales sobre exportación de armas para impedir las transferencias de armamento a quienes tienen un historial claro de violaciones de los derechos humanos y de los derechos del niño hace necesario seguir exigiendo la responsabilidad corporativa y la diligencia debida en materia de derechos humanos (HRDD).
Las declaraciones y políticas de HRDD de los principales fabricantes de armas ignoran el grave impacto de sus productos sobre los derechos de los niños en las zonas afectadas por conflictos. Los autores de este artículo analizaron las políticas corporativas de los 12 principales fabricantes de armas del mundo, basándose en la clasificación de SPIRI de 2024. Entre ellos se encuentran Lockheed Martin Corporation, RTX, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems, General Dynamics Corporation, Boeing, Rostec, AVIC, CETC, NORINCO, Leonardo y CASC. Buscamos indicadores de que se tuvieran en cuenta las protecciones de los derechos de los niños en el proceso de fabricación, la cadena de suministro, las ventas o la captación de clientes, el uso final de sus productos o cualquier otro aspecto operativo de cada empresa.
Resulta alarmante que no hayamos encontrado ningún indicio de que estas empresas reconocieran o protegieran los derechos de los niños en las zonas donde se despliegan sus armas. Reconocemos que las acciones de las empresas pueden ir más allá de lo que documentan en sus políticas disponibles públicamente. Sin embargo, la protección de los derechos humanos requiere transparencia, y la transparencia comienza con compromisos públicos en materia de HRDD.
¿Qué buscamos?
Para comprender cómo abordan los fabricantes de armas sus responsabilidades globales, analizamos una amplia gama de documentos corporativos publicados entre 2010 y 2025. Entre ellos se incluían declaraciones oficiales de política sobre derechos humanos; informes anuales de sostenibilidad y de carácter ambiental, social y de gobernanza; códigos de conducta para proveedores; y otras directrices operativas. También revisamos informes para accionistas y recursos digitales sobre impacto social, esclavitud moderna y resiliencia empresarial. Estos materiales ofrecen una imagen de cómo la industria presenta sus valores al público, a sus inversores y a sus socios.
Analizamos específicamente cómo las empresas definen sus obligaciones en materia de derechos humanos derivadas del impacto de sus productos sobre el terreno y en sus cadenas de suministro. Examinamos minuciosamente los documentos en busca de menciones a los derechos de los niños y tomamos nota de los contextos específicos en los que aparecen.
Lo más importante es que buscamos pruebas de la existencia de prácticas de diligencia debida y evaluación de riesgos para mitigar el riesgo de que los productos de los fabricantes causen daño a los niños, se desvíen a usuarios no autorizados o contribuyan a violaciones de los derechos humanos.
¿Qué observamos?
Por encima de todo, observamos una delegación de la responsabilidad en materia de seguridad de los productos, rendición de cuentas y transparencia en torno a los derechos humanos hacia terceros: proveedores y gobiernos. Por ejemplo, General Dynamics afirma que «dado nuestro papel como proveedor principal del Gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, estamos legal, ética y moralmente obligados a apoyar la política exterior y de defensa de Estados Unidos». La empresa, al igual que otras analizadas, no actúa directamente, sino que se amparaba en la legislación y la política de Estados Unidos para garantizar la protección contra el uso indebido de sus armas.
En otras palabras, las empresas podrían eludir la aplicación de medidas internas para proteger los derechos humanos delegando todas las responsabilidades a los gobiernos. Esto resulta especialmente evidente en las declaraciones que abordan los riesgos asociados a los usuarios finales. En todos los documentos que analizamos, no encontramos ningún reconocimiento de los riesgos que plantean los usuarios finales para los derechos humanos en general o para los de los niños en particular. Además, no encontramos indicios de que las empresas estuvieran considerando o aplicando medidas para prevenir o mitigar el uso indebido de las armas.
¿Qué significa esto?
Las omisiones lo dicen todo. Al ignorar los riesgos inherentes al despliegue de sus armas, estas empresas eluden la responsabilidad por el impacto que sus productos pueden tener en las vidas tanto de civiles adultos como de niños. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos refuerzan la necesidad de una diligencia debida cuyo alcance sea proporcional a la gravedad del impacto de una empresa sobre los derechos humanos.
Los UNGP subrayan además que las empresas tienen una responsabilidad en materia de protección de los derechos humanos independiente de las acciones del Estado. El hecho de que los fabricantes de armas no aborden en sus declaraciones públicas los riesgos específicos asociados al propósito principal de sus armas, mientras hacen hincapié en riesgos en otras áreas como las cadenas de suministro, la trata de personas, el trabajo infantil y la sostenibilidad, constituye una subversión directa del mandato de los UNGP y representa una negligencia grave en materia de derechos humanos.
La ausencia de lenguaje específico sobre la protección de los niños no es accidental; es estratégica. Reconocer públicamente que el despliegue de un arma puede violar los derechos de los niños a la educación o a la vida requeriría, a su vez, una evaluación sistemática de los riesgos que la venta de armas supone para los niños. También requeriría rechazar o rescindir contratos rentables en cuanto se sospeche de violaciones de los derechos humanos, incluso si el gobierno ha concedido previamente una licencia de exportación. Significaría supervisar dónde caen los misiles, denegar ventas a clientes de alto riesgo, proporcionar reparaciones cuando se alcancen escuelas y levantar el escudo de inmunidad del que disfrutan actualmente los fabricantes de armas. Por encima de todo, la aplicación de estas medidas impondría enormes costes financieros, potencialmente insostenibles.
Mirando hacia el futuro
Debemos cuestionar los cimientos mismos del modelo de negocio de la industria armamentística y su dependencia de ignorar los derechos de los niños. Reconocer los derechos de los niños significa admitir que el producto, cuando se utiliza según lo previsto, viola con frecuencia los tratados internacionales de derechos humanos más fundamentales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Las empresas fabricantes de armas ya se enfrentan a riesgos legales, reputacionales, financieros y de gobernanza debido a su complicidad en crímenes de guerra y genocidio. Las empresas dispuestas a aplicar políticas de HRDD específicas del sector y de protección de la infancia estarán a la vanguardia de un enfoque más ético del comercio de defensa y armas.