El valor del litigio estratégico durante el auge de las democracias iliberales

En un mundo cada vez más autoritario, los tribunales son uno de los pocos espacios en los que la gente común puede desafiar al poder, expresar su desacuerdo e implementar un escrutinio independiente.


By: James A. Goldston
November 20, 2018

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Foto: PNUD Brasil/Flickr

Los tribunales de Brasil y Sudáfrica han dejado en claro que el derecho a la educación se puede hacer efectivo de inmediato


Uno de los desafíos centrales que enfrenta el movimiento de derechos humanos es reconciliar su misión fundamental, la defensa de las minorías desfavorecidas, con la realidad de que los defensores de derechos deben reunir mayorías políticas para mantener su causa. El activismo en derechos humanos busca obtener legitimidad arraigando sus reivindicaciones en principios universales que trascienden la política partidista. Pero los activistas no pueden hacer realidad su visión de un mundo respetuoso de los derechos sin involucrarse en las contiendas políticas.

Hace un cuarto de siglo, cuando estaba de moda el optimismo del “final de la historia”, era más fácil omitir estas tensiones. Ahora, conforme gana votos un gobernante orgullosamente iliberal tras otro, el supuesto de la convergencia entre los derechos humanos y la democracia se ha vuelto imposible de mantener.

Este es un dilema particularmente grave para una de las principales herramientas del movimiento de derechos humanos: el litigio estratégico. En la mayoría de los países, recurrir a los tribunales para reivindicar los derechos humanos equivale a pedir a jueces no electos que detengan, restrinjan o sancionen los actos u omisiones de los políticos electos. A medida que el antiliberalismo mayoritario se extiende por el mundo, los ideales sobre los que se basa el litigio —el respeto al Estado de derecho, la investigación imparcial y la responsabilidad legal— se desprecian cada vez más como obstáculos innecesarios a la voluntad popular.

Difícilmente se podría elegir un peor momento para defender el litigio como estrategia para promover los derechos humanos.

Pero déjenme intentarlo.

En Open Society Justice Initiative, publicamos recientemente una serie de cuatro años de estudios que evalúan el impacto del litigio en derechos humanos en una docena de países. Entre las principales conclusiones figuran que los litigios han producido a veces consecuencias negativas; que a menudo los litigantes han mermado, en lugar de fortalecer, a las comunidades con las que trabajan; y que los litigios se han llevado a cabo con demasiada frecuencia al margen de otras estrategias para el cambio. Las quejas y críticas existen desde hace mucho tiempo: el litigio estratégico tarda demasiado. Es excesivamente caro. Los abogados y jueces de algunos países son corruptos o incompetentes, o simplemente no están disponibles.

En efecto, el litigio suele ser demasiado conflictivo para servir a fines productivos. Si bien pretende desafiar las relaciones de poder injustas, el litigio en derechos humanos también puede reforzar y legitimar “el statu quo”, al recurrir al sistema legal existente y trabajar dentro de este. Dedicar esfuerzos al litigio puede menoscabar otras herramientas, posiblemente más eficaces, de defensa y movilización. Sin embargo, nuestros estudios sugieren que, cuando se realiza como parte de una estrategia integral, el litigio estratégico ha producido beneficios reales.

El litigio en derechos humanos también puede reforzar y legitimar “el statu quo”, al recurrir al sistema legal existente y trabajar dentro de este.

En el que es quizás el nivel más obvio, el litigio estratégico ha generado resultados concretos para los demandantes, como cerrar una escuela romaní segregada en Grecia; aumentar la matriculación en instituciones de guardería y preescolar en Brasil; reducir la cantidad de niños que no van a la escuela en la India; y conseguir libros de texto, escritorios y sillas para las escuelas en Sudáfrica. Incluso en casos que al principio parecían poco prometedores, como en Argentina durante y poco después de la dictadura, las acciones legales han proporcionado información que generó presión popular, lo que llevó a la rendición de cuentas por delitos graves.

Pero el litigio también ha generado cambios en las leyes, las políticas y la jurisprudencia. Los tribunales de Brasil y Sudáfrica han dejado en claro que el derecho a la educación se puede hacer efectivo de inmediato, al exigir medidas gubernamentales al momento. En Europa, los litigios en nombre de detenidos y presos han provocado cambios legislativos y normativos, desde el acceso ampliado a los abogados en Turquía hasta la reducción del hacinamiento en las cárceles en Italia. Los juicios relacionados con la histórica Treatment Action Campaign llevaron al antes renuente gobierno sudafricano a crear el programa con financiamiento público más grande del mundo que proporciona tratamiento antirretroviral para el VIH.

Es posible que los impactos más poderosos observados en los estudios sean los menos tangibles: los que implican cambios en la sensación de empoderamiento y capacidad de acción de los demandantes. Un miembro de la comunidad romaní checa expresó este sentimiento después de que en 2007 el tribunal de Estrasburgo determinara por primera vez que un sistema escolar discriminó por motivos de raza: “Por fin nos creyó alguien. Una persona común y corriente logró llegar [al Tribunal Europeo de Derechos Humanos] y decir la verdad”.

Para algunos de los que triunfan en los tribunales, los efectos psicológicos positivos del litigio pueden ser prácticamente existenciales, incluso si no obtienen beneficio material alguno. Los encuestados utilizaron palabras como “esperanza”, “reivindicación”, “curación”, “determinación”, “motivación” y “empoderamiento”. Por ejemplo, el líder de una organización comunitaria antirracista en Francia subrayó la magnitud de los impactos en las percepciones de una comunidad afectada al caracterizar las reacciones de los miembros cuando el Tribunal de Casación condenó, en noviembre de 2016, la aplicación de perfiles raciales por parte de la policía:

Para nosotros, no es una cuestión técnica. Ganar este caso ante los tribunales es algo emocional... Después de tantos años de injusticia, le ganamos al gobierno francés. No es solo una cuestión jurídica para nosotros. Es eso, pero es más que eso. Ahora creemos que podemos ganar... No se trata de pagar dinero o enviar a alguien a prisión. Las personas que son detenidas y registradas no quieren dinero. Quieren dignidad... Quieren un reconocimiento oficial... de que lo que les hicieron estuvo mal. Con este fallo, el tribunal reconoció que somos seres humanos, que 'tú eres uno de nosotros'.

Esta serie de impactos positivos no borra los costos, elimina los riesgos ni minimiza la necesidad de reflexionar, consultar y elaborar estrategias con todas las partes afectadas antes de acudir a los tribunales. Sin embargo, puede explicar por qué durante las últimas tres décadas se ha producido una explosión de litigio en derechos humanos, no solo en lugares con una larga historia de dicha actividad, sino también en países de derecho civil que carecen de una tradición tan profundamente arraigada, desde el Líbano hasta Egipto, desde Rusia hasta Kirguistán, desde Colombia hasta Chile.

El proceso de formular reivindicaciones y lograr fallos, expresado en el lenguaje de los derechos legales y las obligaciones legales, invoca, reafirma y, a veces, altera las promesas más consideradas y explícitas que la sociedad se hace a sí misma. Lo que los jueces dicen sobre las leyes suele tener más peso que los pronunciamientos de una ONG poderosa, un secretario administrativo o incluso un funcionario gubernamental de alto nivel. Es a través del litigio que se analizan de forma crítica las implicaciones de las disposiciones jurídicas, según se manifiestan en los aspectos prácticos de la vida cotidiana. Sin duda, los derechos humanos tienen muchas dimensiones que van más allá de la ley, pero el litigio se basa en la premisa de que los derechos codificados en las leyes deben aplicarse en la práctica y que los tribunales deben hacerlos cumplir. En este sentido, el litigio estratégico es el momento en que la teoría de derechos humanos se pone a prueba en la práctica.

En consecuencia, el litigio puede ser un baluarte efectivo contra la reincidencia, particularmente en sistemas legales en los que los precedentes judiciales tienen una influencia importante. Para un gobierno resulta más difícil revocar un fallo judicial que impedir una manifestación pública o ignorar una petición. Los vientos políticos cambian, los gobiernos ascienden y caen, y la opinión pública puede ser voluble. Los fallos de los tribunales se distinguen porque son legalmente vinculantes: la fuerza de las leyes obliga a los Estados a responder.

Tal vez es por eso que los principales blancos del litigio estratégico han hecho un gran esfuerzo por bloquear, cerrar o ignorar las decisiones judiciales; desde el cierre del tribunal regional de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo después de un fallo controvertido en contra de Zimbabue, hasta los reiterados ataques contra el tribunal de Estrasburgo por parte de líderes políticos británicos. Desde las salvajes agresiones retóricas contra jueces estadounidenses hasta la remoción de magistrados independientes del Tribunal Supremo de Filipinas y el desmantelamiento del poder judicial polaco, los tribunales han sufrido ataques fulminantes precisamente porque el litigio tiene la capacidad de avergonzar a los gobiernos, restringir su toma de decisiones y obligarlos a cambiar sus políticas o prácticas.

Pero en un mundo cada vez más autoritario, los tribunales son uno de los pocos espacios en los que es posible desafiar al poder, expresar desacuerdo e implementar un escrutinio independiente.

Por supuesto, el litigio estratégico en derechos humanos no puede sustituir las campañas y la organización política. En el mejor de los casos, puede complementar otras estrategias de cambio. Pero a medida que los derechos fundamentales se ven cada vez más amenazados, el litigio debe formar parte de nuestra respuesta. 


James A. Goldston es director de la Open Society Justice Initiative (Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta).


 

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