Varios de los artículos en este debate han resaltado la evidente represión de ONGs nacionales, incluyendo las prácticas estatales que cierran oportunidades para movilizar y financiar movimientos de oposición. Este es, sin duda, un peligro claro y presente. Pero hay otro aspecto, menos visible, que merece atención: los mecanismos para que las ONGs crucen fronteras y contribuyan al buen gobierno. Un ejemplo es el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en ingles), donde los negociadores perdieron la oportunidad de incluir a la sociedad civil en la supervisión del cumplimiento laboral.
El TPP exige que los 12 Estados miembro respeten los estándares básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero hay un problema simple: nadie sabe qué hacer con el incumplimiento. Informes recientes de The Atlantic Monthly y el House Ways and Means Committee ponen en duda la capacidad de los Estados Unidos para asegurar el cumplimiento con los derechos laborales de algunos de los países socios del TPP.
Por ejemplo, Vietnam, Malasia y Brunei han acordado “planes de consistencia” con los Estados Unidos para garantizar el cumplimiento, pero hay deficiencias importantes en la capacidad de aplicación y voluntad política. El capítulo sobre derechos laborales del TPP exige que los Estados miembros crean “órganos consultivos” para la contribución del público, pero estos todavía dependen de la buena voluntad de los gobiernos que causaron o contribuyeron a los problemas desde un inicio.
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Flickr/ILO in Asia and the Pacific (Some rights reserved)
Workers at a garment factory in Ho Chi Minh City, Vietnam.
El elemento perdido es, claramente, la sociedad civil. Los miembros de la sociedad civil son los primeros en responder en caso de incumplimiento.
Mientras que los defensores y detractores del TPP discutían sobre qué principios laborales incluir y qué procedimientos de resolución de conflictos seguir, olvidaron un asunto crítico, ¿quién presenta la disputa y en qué foro? Al final de cuentas, disputas entre gobiernos están sujetos a influencias políticas. Los casos de derechos laborales rara vez son perseguidos por los EE.UU. si el socio comercial es un aliado o tiene dificultades políticas nacionales. Con recursos limitados, los EE.UU. debe escoger sus peleas con cuidado.
Aquí es apto una comparación con el TLCAN. Las disposiciones laborales del TLCAN han sido justamente condenadas por sus varias deficiencias, pero su impacto positivo a menudo es pasado por alto. El TLCAN fue innovador al permitir que los sindicatos mexicanos se quejaran directamente con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (o su homólogo canadiense) acerca de las injusticias laborales e incumplimiento en México.
Esto tuvo consecuencias importantes. Las ONGs de derechos laborales y los sindicatos de comercio construyeron redes trasnacionales. La capacidad de los sindicatos mexicanos independientes aumentó porque junto con los sindicatos estadounidenses con más experiencia y recursos, pudieron aprender cómo compilar casos legales, reunir y presentar pruebas y cómo convencer a investigadores de la necesidad de investigar mejor las prácticas mexicanas. Esta experiencia les consiguió un lugar en la mesa cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social empezó a diseñar una propuesta de reforma y formaron parte de un proceso de reformas que de otra manera hubieran sido excluidos por las autoridades mexicanas.
De hecho, en un estudio propio que compara el impacto de los dos acuerdos laterales del TLCAN, encontré que varios elementos del acuerdo ambiental fueron superiores a los del acuerdo de trabajo. En primer lugar, se estableció una comisión tripartita para la cooperación ambiental en Montreal con la autoridad para examinar quejas provenientes de los ciudadanos de los tres países. Para ciertos casos puede actuar libremente para emitir informes que destacan problemas ambientales. Esta independencia hizo que su determinación de hechos y presentación de informes fuera más allá de influencias políticas o nacionales.
El acuerdo de trabajo, por lo contrario, exigía oficinas nuevas dentro de los ministerios de trabajo de los Estados miembros. Cuando un sindicato quiere quejarse de una práctica laboral mexicana, presenta la queja en el ministerio de trabajo de Estados Unidos o Canadá.
Cuando el órgano de revisión es neutral, la aceptación por parte de los gobiernos aumenta.
¿Por qué es importante esta diferencia? La historia muestra que cuando el órgano de revisión es neutral, la aceptación por parte de los gobiernos aumenta. Las críticas tienen más peso y se perciben más legítimas que las críticas de una oficina dentro de un gobierno de un Estado miembro. México aceptó con mayor facilidad los resultados de un organismo neutral que los reportes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. No eran simplemente sensibilidades nacionalistas las que afectaron los resultados de los casos en el Departamento de Trabajo, los sesgos ideológicos-políticos, agendas políticas y aproximaciones electorales también importaron.
En segundo lugar, el acuerdo ambiental creó un órgano permanente en el cual la sociedad civil podía participar en el establecimiento de la agenda y adquirir roles de supervisión. Esto faltó para el acuerdo de trabajo, por lo que cuando concluyó el proceso de registro de quejas, los sindicatos de trabajadores regresaron a sus casas. No mantuvieron una relación con sus compañeros de los otros países ni tuvieron la oportunidad de establecer la agenda de derechos laborales. El acuerdo ambiental también proporcionó (aunque en pequeñas cantidades) los recursos para la creación de capacidades que beneficiaron a burócratas y ONGs en los países miembros.
Tomando en cuenta estas lecciones, lo que el TPP debió de haber hecho era crear un organismo intergubernamental neutral con mecanismos para recibir quejas sobre el incumplimiento directamente de los grupos de la sociedad civil afectados en los Estados miembros del TPP. Este órgano tendría entonces poderes (bajo reglas de decisión específicas) para llevar a cabo las investigaciones y emitir los reportes de determinación de hechos, a partir de los cuales los Estados miembros podrían tomar medidas. La sociedad civil también debería tener un papel permanente en el funcionamiento de este organismo intergubernamental, para ayudar en la formación de sus prioridades y planes de trabajo y participar en la supervisión del cumplimiento. Este haría dos cosas importantes: reforzaría la legitimada del TPP y aumentaría la eficiencia de la supervisión del cumplimiento.
No obstante, hay cambios que todavía se pueden hacer. Se le debe alentar a los Estados miembros a fomentar la creación de instituciones domésticas de supervisión más fuertes (como agencias de libertad de información, cortes y caminos de carrera burocrática despolitizados). Aunado a esto, recursos de todo el TPP destinados a la formación y movilidad podrían ayudar a reducir la brecha de capacidad. Podrían proporcionar oportunidades para la educación y formación de los funcionarios públicos y representantes de las ONGs, así como oportunidades para la adscripción y ubicación dentro de ONGs, ministerios nacionales y la institución intergubernamental. Tales medidas de relativamente bajo costo podrían ayudar a inculcar valores de buen gobierno, promover la comunicación y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.