Es posible que Ucrania tenga que buscar justicia fuera de la CPI

Aunque muchos ucranianos depositan sus esperanzas en la CPI para acabar con la impunidad, mejorar el poder judicial local puede ser una medida más eficaz.


By: Quincy Cloet
July 24, 2019

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Foto: Ivan Bandura/Flickr (CC BY 2.0)


Para muchos ucranianos, la Corte Penal Internacional (CPI) es el remedio para acabar con la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones antigubernamentales de Maidán y el conflicto armado en curso en el este de Ucrania. Sin embargo, las consideraciones prácticas y políticas pueden llevar al país a buscar justicia en otros lugares. De hecho, dada la creciente renuencia de los magistrados internacionales a oponerse a los intereses de los poderosos, junto con el hecho de que Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma, es poco probable que se produzca un ejemplo rápido y eficaz de justicia internacional.

La CPI ha tenido un año difícil debido a una serie de decisiones muy disputadas que tomaron sus magistrados. Hubo dos casos de absoluciones de alto perfil después de largos juicios (el antiguo caudillo de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, y el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo), además de la Sala de Cuestiones Preliminares que invocó el “interés de la justicia” para rechazar una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el conflicto en Afganistán. Concretamente, la decisión en el caso de Afganistán de permitir que las consideraciones políticas y prácticas influyeran en el mandato de la CPI ha provocado reacciones en otros países que buscan justicia internacional por los crímenes cometidos en sus territorios.

Ucrania acudió a la CPI para que examine los crímenes más graves perpetrados durante y después de la crisis política que explotó a fines de 2013. Las manifestaciones antigubernamentales en la plaza de la Independencia (Maidan Nezalezhnosti) en Kiev fueron reprimidas con brutalidad por policías antimotines, quienes dispararon municiones reales contra las multitudes que se habían congregado. Los diversos enfrentamientos entre policías y manifestantes causaron más de 130 muertes confirmadas, la mayoría de los fallecidos fueron participantes en las manifestaciones. Después de un cambio de gobierno en febrero de 2014, cuando el presidente Víktor Yanukóvich huyó del país, el gabinete recién instaurado firmó una declaración para otorgar a la CPI la jurisdicción sobre los delitos que se cometieron durante los eventos acaecidos en Maidán entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.

En una segunda declaración comunicada a la CPI, que otorgó al tribunal jurisdicción abierta en Ucrania, se señaló el recrudecimiento de la violencia en otras partes del país, en particular a través de la anexión rusa de Crimea y de la insurgencia separatista armada respaldada por Rusia en el este de Ucrania, que sigue existiendo hasta el día de hoy. Hasta ahora, los acuerdos de Minsk no han logrado una paz duradera, y una misión especial de monitoreo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) registra violaciones de derechos humanos e intercambios de fuego diarios en la zona de conflicto en el este de Ucrania.

Las dos declaraciones comunicadas a la CPI crean una situación comparable a la ratificación del Estatuto de Roma. Como cualquier Estado parte en el Estatuto, Ucrania debe cumplir su deber de cooperación activa “sin demora ni excepción”. Sin embargo, las dos declaraciones solo confieren derechos limitados a Ucrania. Por ejemplo, Ucrania no puede remitir directamente una situación a la Fiscalía de la CPI para su investigación. Más bien, depende del examen preliminar de la Fiscalía sobre la situación y de una revisión posterior en la Sala de Cuestiones Preliminares por un grupo de magistrados de la CPI.

La decisión sobre Afganistán es importante para la situación en Ucrania, ya que “el interés de la justicia” podría volver a utilizarse para rechazar una investigación por razones políticas y prácticas. Como en Afganistán, hay poca esperanza de cooperación por parte de los grupos armados no estatales, que se ubican en este caso en los territorios secesionistas del este de Ucrania (conocidos como la “República Popular de Donetsk” y la “República Popular de Luhansk”). Además, la injerencia directa de la Federación de Rusia en los asuntos ucranianos, ejemplificada por la anexión de Crimea y el apoyo militar a las insurgencias separatistas, puede considerarse como un obstáculo político importante. Recientemente, Estados Unidos disuadió a la CPI de investigar las acciones de sus ciudadanos en Afganistán. ¿No sería posible convencer a los magistrados de no actuar contra un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho de veto?

La Fiscalía está realizando un examen preliminar de la situación en Ucrania para determinar su “competencia por razón de la materia”. Hasta ahora, la fiscal ha tratado de distinguir entre los posibles crímenes cometidos durante las manifestaciones de Maidán y el conflicto armado en curso en el este de Ucrania. En un informe de 2016, la Fiscalía puso en duda las pruebas sobre un ataque generalizado o sistemático contra la población civil en Maidán. En general, la Fiscalía ha dado pocos indicios sobre la idoneidad de una investigación oficial, incluso sobre lo sucedido en Crimea y el este de Ucrania, aunque ha mencionado casos de desaparición forzada, tortura, incautación de bienes y ejecuciones sumarias, entre otros.

Los ciudadanos ucranianos y las organizaciones de la sociedad civil siguen teniendo grandes esperanzas de que la CPI pondrá fin a la impunidad por la violencia perpetrada desde 2013. Sin embargo, es poco probable que la justicia internacional satisfaga las diversas expectativas de la población. En primer lugar, es posible que un examen preliminar no se traduzca en una investigación o siquiera en el procesamiento generalizado de los criminales de guerra. En segundo lugar, la CPI siempre ha destacado la naturaleza complementaria de su trabajo. Ucrania tiene la importante responsabilidad de abordar los casos que la CPI no pueda o no esté dispuesta a resolver.

En los próximos meses, los políticos ucranianos discutirán una vez más la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma. Con esto, Ucrania tendría el derecho de remitir directamente el conflicto armado para una investigación oficial, en lugar de esperar a que se realice una investigación preliminar y una revisión en la Sala de Cuestiones Preliminares. Sin embargo, entre los responsables de la toma de decisiones, sigue habiendo renuencia a permitir que una futura investigación abarque también los delitos cometidos por el ejército ucraniano. Desde el punto de vista de la justicia internacional, esto reduce cualquier posibilidad de solución a través de la CPI.

En cambio, un paso más importante para acabar con la impunidad es desarrollar más la capacidad del poder judicial interno de Ucrania. Los fiscales locales están cooperando con la CPI y presentando juicios penales, tanto de oficiales militares ucranianos como de separatistas prorrusos. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre el progreso y la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento por crímenes de guerra. Las organizaciones de derechos humanos han observado problemas sistémicos debido a la falta de personal, recursos, registros confiables y un sistema unificado para la valoración de los delitos. Existe la posibilidad de que los responsables puedan escapar a la justicia en el futuro, dado que Ucrania no es capaz de controlar una parte de su territorio. Además, Ucrania deberá enfrentar varios asuntos controvertidos en el futuro, en relación con la amnistía para los separatistas y la posible reintegración de los territorios anexados y secesionistas.

La CPI no ofrece ninguna panacea para los crímenes cometidos después de Maidán y en el conflicto armado en curso en el este de Ucrania. Pero el trabajo complementario de la Corte podría fomentar un enjuiciamiento interno eficaz de los responsables de delitos graves. La clave del éxito no se encontrará en La Haya; más bien, está en manos de Ucrania.

 


El Dr. Quincy Cloet es investigador de la Helsinki Foundation for Human Rights en Varsovia.


 

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