Los camiones del ejército italiano están cargados con ataúdes para ser transportados al crematorio durante la emergencia del coronavirus en Ferrara, Italia, el 25 de marzo de 2020. EFE / EPA / SERGIO PESCI
En febrero de 2020, los ataúdes que salían de Lombardía, Italia, tenían que irse en camiones militares porque la región fue incapaz de lidiar con el alto número de personas que fallecieron por la covid-19. El personal médico describió que en medio de la pandemia, la región más rica de Italia parecía un escenario de “guerra mundial”, ya que los pacientes acudían en masa a los hospitales públicos, los trabajadores de primera línea de atención médica estaban desprotegidos en salas improvisadas de triage, las cuales era muy similares a las utilizadas en tiempos de guerra, y los funerales eran atípicos por su falta de dolientes. Un año después, la tasa de letalidad de la región de Lombardía era la más alta de Italia (5,7%), la cual representaba más del doble de la tasa de letalidad nacional (2,4%) y era más alta que la de la vecina región de Véneto (3,0%).
¿Cómo llegó Lombardía, una de las regiones más ricas de Italia y del mundo, a estar tan mal preparada para responder a la pandemia, en comparación con otras regiones del mismo país y con otros países a nivel mundial? Ciertamente existen múltiples razones, pero varios factores estructurales han comenzado a aparecer con claridad.
En primer lugar, la región de Lombardía se centró demasiado en el tratamiento de pacientes en hospitales grandes, y dejó de lado la realización de las pruebas y su respectivo seguimiento, elementos que han demostrado ser unas de las respuestas más importantes a la pandemia. En este sentido, en julio de 2020, en Lombardía sólo se realizaron 5,5 pruebas por cada caso positivo, en comparación con, por ejemplo, las 21,6 pruebas realizadas en Véneto. Así mismo, solo el 43,5% de los pacientes fueron tratados en casa, en comparación con el 74,9% en Véneto.
En segundo lugar, Lombardía pasó mucho tiempo renegociando contratos con sus proveedores privados, los cuales representan el 40% de todos los servicios de atención médica, lo cual hizo que perdiera semanas cuando incluso cada hora contaba.
En tercer lugar, Lombardía instaló solo catorce camas de cuidados intensivos por cada 100 000 habitantes, en comparación con del promedio italiano de 15 camas (la región de Véneto instaló veinte camas por cada 100 000 habitantes). Si consideramos que Lombardía se encuentra entre las áreas más ricas de Europa, una posible explicación a las circunstancias mencionadas es el alto nivel de presencia del sector privado en el sistema de salud: dado que las camas de cuidados intensivos tienden a corresponder a tratamientos menos remunerativos, los establecimientos privados pueden tener menos incentivos en prestarlos.
Estos tres fracasos no son sólo mala suerte. Las dificultades de Lombardía son el resultado de décadas de elecciones políticas que conllevaron a la privatización progresiva de los servicios de atención médica en la región. Además, proporcionan un ejemplo concreto de la incapacidad de los sistemas de atención médica comercializados para salvar vidas. En un informe publicado recientemente, la organización Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, analizó cómo a partir de la “ley regional de Formigoni” de 1997, las políticas de privatización de las últimas décadas han jugado un papel clave en la mala respuesta del sistema de salud de la región de Lombardía. Estas políticas han llevado al sistema al deterioro de la atención primaria y de la prevención, pues Lombardía una de las regiones italianas con menos médicos de familia (uno por cada 1413 habitantes frente a una media nacional de 1232) y de servicios de prevención (uno por cada 1,2 millones de habitantes, contra uno por cada 500 000 en Véneto).
Italia reconoce el derecho a la salud no sólo como un objetivo político, sino también como una obligación jurídicamente vinculante en el artículo 32 de la Constitución. Más aún, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Italia es parte, exigen que el país y sus regiones garanticen el derecho a la salud hasta el máximo de los recursos disponibles. Claramente, Lombardía no ha utilizado todos sus recursos disponibles para la prestación de los servicios de salud.
Los líderes mundiales en salud deben aprender de la experiencia de la región de Lombardía y de otras partes del mundo, y revertir el creciente enfoque del mercado que está socavando el derecho a la salud en todo el mundo.
Como lo muestra esta experiencia, tales obligaciones no se pueden cumplir sin garantizar que exista un sistema de salud público fuerte y de calidad, donde los establecimientos de salud estén controlados de forma democrática y se centren en el cumplimiento del derecho a la salud, más que en las utilidades o en cualquier otro objetivo comercial.
Lo que sucedió en Lombardía es sólo un ejemplo que ilustra un fenómeno más amplio. En países que van desde India hasta Kenia, donde la privatización de los sistemas de salud también ha sido desenfrenada en los últimos años, se han reportado muchos casos de proveedores comerciales privados que utilizan la pandemia como una oportunidad para maximizar sus utilidades, en detrimento de la salud pública. Por ejemplo, hace poco en India, un hospital privado fue acusado de retener el cuerpo de un paciente fallecido por covid-19, ya que la familia no podía pagar la factura. A nivel mundial, los incentivos comerciales y la búsqueda de ganancias están también en el centro de la resistencia de las empresas farmacéuticas para que estas hagan que sus vacunas estén más disponibles, lo cual genera desigualdades e ineficiencias.
Sin embargo, a pesar de la evidencia sólida de que los sistemas de salud comercializados fallan en brindar atención cuando más se necesita, los líderes mundiales reunidos en Roma para la Cumbre de Salud Global del G20, el pasado 21 de mayo, enfatizaron sobre la necesidad de fortalecer las sinergias público-privadas para recuperarse de la pandemia. El fortalecimiento de la atención de salud pública ni siquiera estaba en la agenda. La cumbre terminó con la Declaración de Roma, que hace un llamado para reforzar la cooperación multilateral a lo largo de los sectores público y privado, sin hacer referencia a la necesidad urgente de reforzar los sistemas de salud públicos de alta calidad para prepararse para futuras pandemias. De manera similar, un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diciembre de 2020 podría ser usado equivocadamente de modo a alentar el desarrollo de actores privados en la prestación de atención médica, lo cual fue una posición que ocho organizaciones de la sociedad civil criticaron en una carta abierta. Esta carta insta a la OMS a alinear dicho informe con el derecho a la salud, el derecho internacional de los derechos humanos y al compromiso de la OMS para promover sistemas sanitarios públicos de calidad, y así asegurar que no se fomente la comercialización de los sistemas sanitarios de manera directa o indirecta. El énfasis de la participación del sector privado en la atención de la salud, cada vez mayor en los espacios de políticas de salud globales, corre el riesgo de acelerar aún más las tendencias ascendentes actuales en la privatización de la atención de la salud, generando así consecuencias desastrosas para el derecho a la salud de todos.
No hay más tiempo que perder. No podemos esperar a la próxima pandemia, o la próxima catástrofe; los líderes mundiales en salud deben aprender de la experiencia de la región de Lombardía y de otras partes del mundo, y revertir el creciente enfoque del mercado que está socavando el derecho a la salud en todo el mundo. En medio de la tragedia, podemos construir un mundo mejor, centrándonos en sistemas de salud pública de calidad que sean capaces de hacer realidad los derechos humanos.
Nota: Este texto fue traducido al español por Juliana Rivera, investigadora asociada a GI-ESCR
Se publicó una versión más corta de este artículo en italiano en el periódico Il Manifesto, disponible aquí.