Imaginemos que Estados Unidos tuviera hoy una institución nacional de derechos humanos (INDH). En Pittsburgh, las coaliciones comunitarias que trabajan por una vivienda asequible tendrían un poderoso aliado a nivel federal. En Los Ángeles, los funcionarios locales que se ocupan de las personas sin hogar podrían acceder a un centro de intercambio de información global sobre las mejores prácticas en materia de derechos humanos. En las comunidades indígenas, rurales y agrícolas que se enfrentan a la contaminación del agua, los residentes tendrían un organismo reconocido a nivel nacional para supervisar las soluciones locales y promover el acceso al agua como derecho humano básico. En la ciudad de Nueva York, los legisladores que trabajan para salvaguardar los derechos de los residentes LGBTQIA+ contarían con investigaciones a nivel nacional para respaldar sus iniciativas políticas locales. En ciudades santuario como Boston, los alcaldes que se oponen a las políticas migratorias abusivas del gobierno federal contarían con apoyo independiente para la legalidad de sus acciones, que priorizan la seguridad y el bienestar de todos los residentes. Y las ciudades de todo el país contarían con asistencia para elaborar presupuestos que tengan en cuenta los derechos humanos y contrarrestar así cualquier recorte drástico de fondos por parte del gobierno federal.
Esta visión no es descabellada. A nivel mundial, más de 120 países han establecido INDH independientes que cumplen con los Principios de París. Sus mandatos y funciones varían, pero muchos supervisan el cumplimiento de los derechos humanos, ofrecen recomendaciones a los gobiernos, investigan denuncias y/o colaboran con los mecanismos de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, Estados Unidos brilla por su ausencia en esta lista, a pesar de las repetidas recomendaciones de los organismos de la ONU y la defensa de la sociedad civil nacional.
Las ciudades como laboratorios de derechos humanos
Las ciudades se han convertido recientemente en lugares fundamentales para la innovación y la aplicación de los derechos humanos, a medida que la «globalización de los derechos humanos» impulsa el activismo local. La Alianza de Ciudades por los Derechos Humanos (HRCA), una red norteamericana de defensores y académicos-profesionales, ha promovido el modelo de ciudad de derechos humanos como vehículo para el cambio local. Esta iniciativa forma parte de un movimiento mundial que integra las normas de derechos humanos directamente en la gobernanza y las políticas locales, haciendo hincapié en la participación pública, la transparencia y la rendición de cuentas.
Los enfoques locales cobraron especial urgencia durante la primera administración Trump, cuando la desvinculación federal de los organismos internacionales llevó a los líderes locales a dar un paso al frente. Ciudades por la CEDAW (la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), por ejemplo, vio un aumento en el número de municipios que implementaban políticas de derechos humanos como la presupuestación con perspectiva de género, incluso sin la ratificación federal del tratado sobre los derechos de la mujer. El patrón se está repitiendo durante la segunda administración Trump. Por ejemplo, los Alcaldes por el Clima han renovado sus esfuerzos tras la nueva retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima.
Estas iniciativas «centradas en las personas» están lideradas por quienes se ven más directamente afectados por las violaciones de derechos y dan prioridad a la interseccionalidad y la gobernanza participativa. Este enfoque hace que las ciudades sean más receptivas a retos persistentes como la inseguridad en materia de vivienda, la justicia medioambiental y la discriminación racial.
Mejorar el Examen Periódico Universal
Una INDH estadounidense estaría hoy profundamente comprometida en los preparativos para el próximo Examen Periódico Universal (EPU) del país, que tendrá lugar en noviembre de 2025. Llevaría a cabo consultas a nivel nacional en diversas comunidades, garantizando que se escuchen las voces de las poblaciones minoritarias, y elaboraría una evaluación exhaustiva e independiente del historial de derechos humanos del país.
Quizás lo más importante es que una INDH independiente promovería la continuidad de los compromisos en materia de derechos humanos entre las distintas administraciones. En la actualidad, las recomendaciones del EPU pueden ser aceptadas por una administración e ignoradas por la siguiente. Por ejemplo, durante el último examen del EPU de los Estados Unidos, en noviembre de 2020, la administración Trump declaró que no existía ningún problema de violencia policial en los Estados Unidos. Sin embargo, durante el mandato de la administración Biden, se reconoció plenamente la crisis de violencia policial y se apoyaron las recomendaciones sobre esta cuestión. Una INDH eficaz mantendría la memoria institucional y la rendición de cuentas, publicaría informes periódicos sobre los progresos realizados, coordinaría la aplicación y la coherencia en todos los niveles del Gobierno y prestaría asistencia técnica.
Fomentar la independencia y la sostenibilidad
Para ser eficaz, una INDH debe ser independiente y estar protegida de los vaivenes políticos. Por lo tanto, una INDH estadounidense debe establecerse mediante una ley y no mediante un decreto ejecutivo. Esta ley establecería su mandato y garantizaría su financiación, protegiéndola de las disputas presupuestarias anuales.
La independencia funcional podría reforzarse mediante un proceso pluralista de selección de los expertos en derechos humanos que integran las comisiones, escalonando los mandatos más allá de los ciclos electorales y distribuyendo los nombramientos entre las diferentes ramas del Gobierno y la sociedad civil. Todas estas medidas contribuirían a garantizar la representación de perspectivas diversas.
Para hacerla más resistente, una INDH podría integrarse en las redes existentes de mecanismos estatales y locales, estableciendo su pertinencia para las preocupaciones locales.
Una INDH paralela: las ciudades lideran el camino
Lamentablemente, una INDH en Estados Unidos solo existe en nuestra imaginación. Dada la urgente necesidad de una acción coordinada y el potencial sin explotar del liderazgo municipal, proponemos una INDH «en la sombra» liderada por la sociedad civil que se base en el movimiento de ciudades de derechos humanos. Reclutará a expertos en derechos humanos de base y municipales para cumplir las funciones básicas de una INDH: ofrecer recomendaciones sobre cuestiones de derechos humanos que afectan a las comunidades locales, promover la aplicación local mediante el intercambio de conocimientos y hacer participar a los líderes municipales en la preparación de informes para los órganos de las Naciones Unidas. Esta INDH «en la sombra» podría atraer apoyo filantrópico y recurrir a las comisiones locales de igualdad y derechos humanos, las universidades y otras entidades con experiencia en la recopilación y el análisis de datos.
Inspirado en los movimientos Ciudades de Derechos Humanos y Ciudades por la CEDAW, este enfoque reconoce que la sociedad civil no tiene por qué esperar a que los líderes nacionales tomen la iniciativa. Al construir prácticas de derechos humanos desde la base, estas iniciativas generan mejoras inmediatas en la vida de las personas. Por ejemplo, la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles ya se está preparando para los Juegos Olímpicos de 2028 en la ciudad, y está considerando la posibilidad de colocar monumentos y placas conmemorativas en los recintos olímpicos para contar historias de derechos humanos. Las ciudades estadounidenses han presentado cada vez más sus propios informes de derechos humanos a los organismos de las Naciones Unidas y han aplicado marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando ha faltado el liderazgo federal. El compromiso «internacional» ya no se limita a las naciones: las ciudades están desempeñando un papel innovador crucial.
Si bien una institución paralela no puede sustituir a una INDH reconocida internacionalmente y respaldada por el Gobierno, un movimiento de base puede tener un impacto real en el presente y sentar las bases para una institución más oficial y completa, y las ciudades pueden ser socios poderosos para hacer realidad esta visión. Las redes trans-locales lideradas por ciudades, a las que se suman organismos regionales en sus evaluaciones de derechos humanos, pueden amplificar los llamamientos a favor de una INDH estadounidense. Las ciudades hermanadas internacionales pueden inspirar y apoyar a las ciudades de derechos humanos en ciernes en Estados Unidos. Por último, los activistas de las ciudades de derechos humanos podrían unirse en torno a la campaña en favor de una INDH paralela y sacar fuerza de ella. Gracias a sus enfoques innovadores para abordar retos persistentes, su compromiso directo con las comunidades afectadas y su voluntad de incorporar las normas internacionales en la gobernanza local, este movimiento puede sentar unas bases prácticas para la reforma nacional y generar impulso político.
Estados Unidos necesita urgentemente una INDH. La cuestión es cómo lograr una que traduzca eficazmente los compromisos internacionales en protecciones tangibles para todas las comunidades. Las ciudades de derechos humanos señalan el camino a seguir.
Este artículo forma parte de una serie en colaboración con la Alianza de Ciudades por los Derechos Humanos. Vea otros artículos de esta serie aquí.