Los archivos pueden llevar a los dictadores y a sus colaboradores a la cárcel y aportar la verdad a las familias de las víctimas y a las sociedades. Hubo un tiempo en que los archivos se consideraban simplemente pruebas documentales necesarias para fines administrativos, patrimonio cultural o fuentes para la historia. Las recientes experiencias de justicia transicional en todo el mundo cuentan otra historia. Los archivos pueden ser, y a menudo son, fundamentales en la lucha contra la impunidad.
El libro Archivos y Derechos Humanos reúne diecisiete estudios de caso de distintas partes del mundo escritos por expertos, todos ellos demostrativos de este punto. Estos casos incluyen, entre otros, Sudáfrica y Ruanda, Camboya y las relaciones sino-japonesas, España, Francia y la Guerra de Argelia, Rumanía, Alemania y el legado de la República Democrática Alemana, Colombia, Argentina y Guatemala.
El objetivo del libro es servir de herramienta e inspiración para futuros esfuerzos por utilizar los archivos en defensa de los derechos humanos. Los tres ejemplos siguientes de casos muestran claramente cómo los archivos pueden marcar una diferencia decisiva para la justicia transicional y la lucha contra la impunidad.
El estudio monográfico de Henri Thulliez sobre los archivos de la policía política de Hissène Habré en Chad demuestra que gracias a ellos se pudo juzgar al dictador y exigirle responsabilidades. El autor revela cómo, en 2001, un periodista y dos investigadores de Human Rights Watch descubrieron miles de documentos que yacían en el suelo de una antigua prisión cubiertos por una espesa capa de polvo. Años más tarde, se utilizaron durante el juicio contra el exdictador. Una nota manuscrita de Habré era especialmente importante como "prueba irrefutable" para demostrar que controlaba directamente el destino —y en muchos casos la muerte— de los presos.
En Camboya, los archivos que no fueron destruidos por los Jemeres Rojos tras la derrota del régimen en enero de 1979 fueron fundamentales para los juicios posteriores contra los autores del genocidio de 1975 a 1979. Los documentos encontrados en la prisión de Tuol Sleng y en otros lugares de Phnom Penh fueron esenciales para documentar la cadena de mando y el reparto de responsabilidades. El autor de este estudio, Vincent de Wilde d'Estmael, fue uno de los fiscales en los juicios. Sin estos documentos, el pueblo camboyano y la comunidad internacional no habrían podido responsabilizar legalmente de sus actos a los líderes de las atrocidades cometidas.
Kirsten Weld demuestra en su estudio sobre Guatemala que el acceso a los archivos y su gestión son fundamentalmente políticos. Los gobiernos estrechamente aliados con los militares han intentado sistemáticamente obstaculizar el acceso a documentos que podrían revelar las responsabilidades de destacados políticos y militares en la violencia genocida de las fuerzas de seguridad en la década de 1980. A finales de la década de 1990, el gobierno alegó que los archivos pertinentes habían sido robados o se habían perdido o destruido. Cuando, en 2005, se encontraron unos 75 millones de páginas de documentos policiales en un almacén de Ciudad de Guatemala, se abrió un nuevo capítulo, marcado por la transparencia y la voluntad de perseguir a los autores de violaciones de derechos humanos. Eso fue hasta que el gobierno volvió a cambiar y el acceso a los archivos se hizo cada vez más difícil.
El libro también ofrece una perspectiva más amplia y un trasfondo histórico de la relación entre los archivos y los derechos humanos. En la historia contemporánea, tras la Segunda Guerra Mundial, los primeros hitos en el desarrollo de la justicia internacional en materia de derechos humanos son los juicios de Núremberg y Tokio. Durante la Guerra Fría, la justicia internacional de derechos humanos no avanzó mucho, pero en la década de 1990 se aceleró la evolución. En 1993 se creó una corte internacional para la antigua Yugoslavia y en 1994 otro para Ruanda. En 1998, una conferencia de la ONU acordó el Tratado de Roma, lo cual abrió así el camino para la creación de la Corte Penal Internacional, que empezó a existir formalmente en 2002. Sin embargo, aunque 123 países han ratificado el tratado hasta la fecha, las grandes potencias, como Estados Unidos, China y Rusia, no lo han hecho.
En paralelo a esta evolución, en la década de 1990 tanto las Naciones Unidas como la comunidad archivística reconocieron y destacaron cada vez más la importancia y la relevancia de los archivos y los documentos de archivo para la lucha contra la impunidad. A petición de la UNESCO, el archivero español Antonio González Quintana redactó en 1995 un estudio sobre los archivos de los servicios de seguridad de antiguos regímenes represivos. El punto culminante para la profesión archivística fue la organización en Ciudad del Cabo, en 2003, de la primera conferencia internacional sobre el tema de los archivos y los derechos humanos, con Desmond Tutu como orador principal.
También en la década de 1990, la ONU encargó a un jurista francés, Louis Joinet, que elaborara un informe sobre la lucha contra la impunidad. En su informe de 1997, identificó 42 principios, agrupados en torno a tres pilares: el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Cinco de los principios se referían específicamente a la conservación de los archivos y al acceso a los mismos. Estos "principios Joinet" fueron adoptados por la ONU en 1998.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha destacado en varias ocasiones la importancia de los archivos para el derecho a conocer la verdad. Desde 2013, los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se refieren con regularidad al papel crucial de los archivos para la efectividad de este derecho, especialmente en países en transición tras regímenes represivos.
A pesar de estos usos de los archivos para la justicia, aún queda mucho camino por recorrer. Un ejemplo son los archivos empresariales. Las guerras del cobalto en el Congo y el uso de fuerzas militares y policiales privadas en algunos países son ejemplos de escenarios en los que los archivos empresariales podrían ayudar a documentar violaciones de los derechos humanos.
Como señala Michelle Bachelet, exalta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el prólogo del libro, los archivos de violaciones de derechos humanos no sólo tratan del pasado. Ayudan a construir el futuro de la sociedad.
Los recuerdos dolorosos nos persiguen como fantasmas. Nos llegan de cárceles y centros de tortura; vienen de todo el mundo, donde se persigue a personas por aquello en lo que creen o simplemente por ser quienes son. Utilizar los archivos para documentar las violaciones de los derechos humanos es una forma de enfrentarse a los fantasmas y empezar a construir un futuro más brillante y sereno.
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Nota: El libro Archivos y Derechos Humanos se publicó en una versión en español en marzo de 2023 y una versión en francés se publicará más adelante en 2023 por el Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie.