Abordando la impunidad en México: una estrategia innovadora de defensa internacional

Una intervención innovadora de expertos internacionales en México vigorizó la labor de organizaciones de derechos humanos para luchar contra la impunidad sistémica en el país.


By: Gabriela Kletzel & Angel Gabriel Cabrera Silva
September 5, 2018

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Francisca Meza/EFE

El GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asisten hoy, lunes 3 de septiembre de 2018, a la escuela para maestros de Ayotzinapa. 


Durante décadas, el derecho internacional de los derechos humanos desarrolló una compleja estructura de órganos de promoción y protección cuya labor es muchas veces analizada en abstracto y a distancia. La investigación académica no ha puesto aún suficiente énfasis en la diversidad de impactos en los distintos casos, escenarios, luchas y contextos sociales. Estos órganos sólo son una herramienta, entre muchas otras disponibles, para atacar injusticias estructurales, por lo que deben articularse con otras estrategias jurídicas y políticas para tener un impacto real en la vida de personas y colectivos.

Desde esta perspectiva, examinamos una intervención novedosa en México: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El GIEI fue constituido en el marco de medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en respuesta al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La experiencia del GIEI y sus impactos

El GIEI fue un experimento legal sin precedentes – que hemos analizado con más detalle anteriormente – impulsado por organizaciones de derechos humanos mexicanas enfrascadas en la lucha contra la impunidad sistémica. Cuando el GIEI inició su labor, la Procuraduría General de la República (PGR) ya había hecho pública una “verdad histórica” de los hechos, según la cual miembros del cartel Guerreros Unidos habían incinerado a los estudiantes en un basurero y arrojado sus cenizas al río. La PGR había expresado retóricamente su compromiso para perseguir y sancionar a estos supuestos perpetradores. Sin la intervención de organizaciones de derechos humanos, hasta ahí llegaría el caso.

Frente a este escenario, una coalición de organizaciones impulsó una estrategia innovadora. Propusieron formar un equipo de expertos que ofreciera asistencia técnica en tiempo real a las investigaciones y que tuviera el reconocimiento institucional tanto de la CIDH como del Gobierno Federal. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos tuvieron un papel decisivo para articular esta idea y conformar el GIEI. Aprovechando el ímpetu político del caso consiguieron que el gobierno y la CIDH accedieran a firmar un acuerdo. Un objetivo clave era que la institucionalizacion de un Grupo de Expertos mantuviera la presión social sobre el Gobierno, para evitar que el caso Ayotzinapa desapareciera en los enredos de la burocracia mexicana.  

Los resultados más inmediatos del GIEI fueron dos informes que exhibieron las serias deficiencias en los métodos de investigación criminal y recomendaron acciones para mejorar el desempeño de las instituciones. Estas recomendaciones atendieron el caso concreto, pero también hicieron referencia a problemas estructurales en la respuesta institucional ante la desaparición forzada de personas. Una vez que el GIEI se extinguió por decisión del gobierno mexicano fue reemplazado por un sistema de seguimiento directo entre la CIDH y las autoridades mexicanas.

A primera vista, el GIEI podría parecer una estrategia de alcance limitado. A 4 años de su desaparición, los 43 estudiantes no han sido encontrados. Además, la impunidad sigue siendo un problema gravísimo en México y la PGR continúa siendo fuertemente criticada por organizaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, una evaluación más compleja de este proceso nos exige poner más atención a la relación entre el GIEI, los activistas, el Estado y la sociedad en general.

A pesar de ser un órgano técnico, el GIEI tuvo un fuerte vínculo con movimientos sociales. Esta relación no fue accidental ni natural, sino que fue construida a través de la intermediación de las organizaciones de derechos humanos, quienes facilitaron reuniones, organizaron protestas y vincularon la labor del GIEI con los reclamos más estructurales contra la impunidad. La investigación se convirtió en una referencia sobre la búsqueda de la verdad en casos de desapariciones y en una fuente de capital político para quienes encabezan la movilización social en torno a Ayotzinapa.

Tras un año y medio de trabajo, el Grupo demostró la falsedad de la versión oficial.  Mediante una nueva pericia independiente desacreditó la teoría del incendio en el basurero y la disposición de cenizas en el río. Al mismo tiempo, evidenció la intervención de la policía estatal y federal, así como la presencia del ejército en el escenario de las desapariciones. Además, documentó cómo un alto funcionario del gobierno federal participó activamente para encubrir los hechos. También descubrió la existencia de un ómnibus que no había sido incluido en la pesquisa oficial, junto con indicios que sugieren que estaba cargado con dorgas y se dirigía a Chicago cuando los estudiantes lo abordaron. El GIEI formuló esta hipótesis como una posible explicación a la reacción desenfrenada de los agentes de seguridad quienes dispararon contra los estudiantes antes de su desaparición.

Además de sus impactos concretos en torno al caso Ayotzinapa, el GIEI actuó como un nodo para aprovechar la energía social proveniente de reclamos de justicia más amplios. Su papel en la investigación estructuró argumentos que, luego, se transformaron en consignas sociales y constituyeron precedentes para fortalecer nuevas estrategias. Adicionalmente, durante sus investigaciones, el GIEI encontró más de sesenta fosas comunes en el Estado de Guerrero que no estaban relacionadas al caso Ayotzinapa. En conjunto con las conclusiones del caso, estos descubrimientos colocaron el problema de impunidad estructural en México bajo intenso escrutinio público y contribuyeron a organizar y movilizar un amplio grupo de actores sociales.

El trabajo del GIEI envolvió al gobierno federal en una incómoda discusión con actores internacionales que llevó a abrir instancias de rendición de cuentas habitualmente inexistentes. Adicionalmente, proveyó herramientas para fortalecer instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La CIDH también hizo su parte. En otras circunstancias, podría haber asumido una posición legalista y haberse rehusado a apoyar esta innovación. Sin embargo,  consciente de la necesidad de aprovechar el escenario, activó otra de sus herramientas legales y organizó una visita in loco. Este tipo de visita – que permite a los Comisionados viajar a un país para entrevistar a funcionarios, ONGs y víctimas a fin de evaluar la situación general de derechos humanos – no ocurría desde 1998. Al insertarse en el contexto sociopolítico creado por el caso Ayotzinapa, la presencia de la CIDH vigorizó la discusión estructural sobre la crisis de derechos humanos en México, para trascender el caso específico y referirse a la gravedad y escala de la situación general.

En este marco, los hallazgos del GIEI recobraron peso hace solo unos días. Después de que el Presidente Peña Nieto respaldara la verdad histórica de la PGR durante un discurso en agosto de 2018, la coalición de organizaciones se afianzó en aquella experiencia para reforzar su crítica contra la impunidad estructural.

Reflexiones finales

A través del GIEI, organizaciones de derechos humanos concibieron un experimento legal para mantener la vitalidad de un movimiento social, crear una plataforma para evidenciar la magnitud de la crisis y posicionar propuestas de reforma estructural.

Esta experiencia demuestra que, en el marco de estrategias más complejas, los mecanismos internacionales pueden ser foros capaces de generar sinergias innovadoras para fortalecer proyectos de transformación institucional impulsados desde abajo, en este caso, desde la montaña de Guerrero. 


Gabriela Kletzel es abogada (Universidad de Buenos Aires) con especialización en derecho internacional de los derechos humanos y cuenta con un máster en derecho (LL.M.) de New York University (NYU). Es directora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Angel Gabriel Cabrera Silva, es candidato a Doctor en Ciencia Jurídica (SJD) por Harvard Law School. También se desempeña como Coordinador Académico de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara.


 

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