La nueva política sobre drogas de Amnistía Internacional pone a la organización en terreno peligroso

Los argumentos de derechos humanos a favor de la despenalización del consumo de drogas suelen ser deficientes y, en esencia, afirman un derecho al consumo de drogas que no se puede encontrar en las normas internacionales de derechos humanos.


By: Saul J. Takahashi
August 29, 2018

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In many jurisdictions, special courts for drug offenders play an important role in ensuring that persons with drug abuse problems access treatment and other services. 


Amnistía Internacional (AI) sigue siendo la organización internacional de derechos humanos más grande y, en muchos sentidos, más influyente. Con siete millones de miembros y simpatizantes a nivel mundial, las posturas políticas de AI tienen un peso considerable; por ello, su reciente posicionamiento sobre las políticas de control de drogas es importante. Durante una reunión en Varsovia a principios de julio, los delegados acordaron que la organización debería “abordar las devastadoras consecuencias que para los derechos humanos tienen los intentos equivocados de los países por… castigar a las personas por consumir drogas”. Afirmando que el control de drogas “requier[e] un enfoque mucho más compasivo por parte de los gobiernos para proteger los derechos de las personas que más riesgo corren”, la organización pidió “un alejamiento del actual enfoque de ‘tierra arrasada’, criminalización y mano dura, en favor de un enfoque cuyo núcleo sea la protección de la salud y los derechos de las personas”.

Esto es parte de una tendencia más amplia que ha estado presente durante los últimos años en el movimiento de derechos humanos, una que defiende lo que a menudo se conoce como un “enfoque basado en los derechos humanos sobre el control de drogas”. Las personas que proponen este enfoque han sido enérgicas al señalar las violaciones de derechos humanos que ocurren en el contexto de los esfuerzos de control de drogas de los Estados, y sostienen que esas violaciones ponen en duda el régimen de control de drogas en su totalidad. Pero su lógica es defectuosa y su solución, la despenalización, es demasiado simplista.

AI hace referencia a sus investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en la “guerra contra las drogas” en Filipinas y en las favelas de Brasil. Human Rights Watch ha documentado redadas por parte de la policía y la detención arbitraria de personas que abusan de las drogas, prostitutas y otros “indeseables” en algunos países del Sureste Asiático. Hay otras violaciones, como la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas en países como China, Irán y Arabia Saudita, así como la encarcelación masiva de minorías raciales por acusaciones relacionadas con las drogas en los Estados Unidos. Varios organismos derivados de tratados de derechos humanos y relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU también han abogado por una revisión fundamental del régimen internacional de control de drogas vigente (o incluso descartarlo por completo), afirmando que el objetivo de un “mundo sin drogas” no es realista “ni útil”.

Estas posiciones afirman que las violaciones de derechos humanos ocurren porque las leyes penalizan a las personas que consumen drogas y (por consiguiente) la sociedad en general las estigmatiza; si las drogas no estuvieran penalizadas, no ocurriría ninguna de estas violaciones. La solución es despenalizar las drogas y tratar el abuso de drogas como un tema de salud pública, en lugar de un problema de justicia penal.

Esta lógica tiene varias lagunas; la principal es que, si bien los gobiernos a veces intentan justificar las violaciones de derechos humanos con base en la necesidad de combatir las drogas, el abuso de drogas rara vez es el tema central. Si analizamos algunas de las investigaciones de AI, podemos ver que al presidente Duterte le resulta fácil usar como chivos expiatorios a las personas acusadas de cometer delitos relacionados con las drogas, pero la historia nos ha mostrado que siempre hay grupos vulnerables a los que pueden atacar los dirigentes autoritarios. Duterte se centra en las drogas porque requiere de la opresión y la violencia para mantenerse en el poder; esto tiene poco que ver con el control de drogas en sí, y la idea de que adoptar un “enfoque basado en los derechos humanos sobre las drogas” podría generar un cambio fundamental es ingenua, si no es que francamente engañosa. Podemos decir lo mismo en el caso de Brasil: la impunidad de los asesinatos cometidos por policías en las favelas es un problema de larga data, que ha existido durante décadas. El comercio ilícito de drogas sirve como catalizador, pero hay muchas más cuestiones que subyacen a la violencia policiaca. Despenalizar las drogas no resolvería ninguna de ellas. Sin duda, las violaciones de derechos humanos en Brasil y Filipinas son horrorosas, pero, como sucede con cualquier otra área de la justicia penal, estas violaciones no convierten el objetivo de aplicación de la ley en algo necesariamente ilegítimo. 

Las otras violaciones que señalan los partidarios del “enfoque basado en los derechos humanos” también suscitan preguntas similares. El encarcelamiento masivo de las minorías raciales en los Estados Unidos es indignante. Sin embargo, la aplicación abusiva de la ley en contra de las minorías raciales ha sido una característica definitoria de la sociedad estadounidense desde antes de la independencia del país; no se trata, por mucho, de un fenómeno nuevo, y el control de drogas es tan solo la excusa más reciente. La pena de muerte para las personas que cometieron delitos sin violencia relacionados con las drogas en China y en otros países también es una clara violación de las normas internacionales. Sin embargo, estos países ejecutan a una gran cantidad de personas por otros delitos, lo que también viola las leyes internacionales. No hay razón para que las personas que abusan de las drogas sean el único grupo destacado como “vulnerable” en estas situaciones.

Nada de lo anterior pretende justificar que se ponga tras las rejas a las personas que abusan de las drogas. Los enfoques sobre el abuso de drogas (pero no el tráfico de drogas) deben centrarse en proporcionar acceso a la atención médica y otros servicios. Sin embargo, esto no significa necesariamente que cualquier participación del sistema de justicia penal sea contraproducente. En muchas jurisdicciones, los tribunales especiales para delitos relacionados con las drogas desempeñan un papel importante para garantizar que las personas con problemas de abuso de drogas tengan acceso a los tratamientos y otros servicios. Existen problemas con el funcionamiento de algunos tribunales de drogas, en particular con respecto a la autoridad invasora de sus órdenes y la legitimidad de que los jueces tomen lo que en esencia son decisiones de atención médica. Sin embargo, varios países han reconocido que el enfoque fundamental es eficaz.

Dejando de lado la cuestión de la justicia penal, la pregunta central tiene que ver con la coerción: ¿en qué medida podemos aceptar que el Estado ejerza coerción para garantizar que las personas que tienen problemas de abuso de drogas reciban tratamiento? La mayoría de los partidarios del “enfoque basado en los derechos humanos” sugieren que (fuera de los casos extremos) la coerción nunca es legítima. Los Estados deben ofrecer tratamiento accesible y alentar a las personas a que aprovechen estos servicios, tal vez mediante campañas de información pública y otros medios, pero nunca deben ordenar que un individuo se someta a algún tratamiento para el abuso de drogas. En esencia, se argumenta que las personas deben tener la libertad de abusar de las drogas si así lo desean: que existe un derecho al abuso de drogas, y que los Estados no deben interferir con ese derecho.

A pesar de los esfuerzos de algunos expertos, no existe ningún derecho al abuso de drogas en el derecho internacional, ni fundamentos jurídicos para la legalización. Las normas de derechos humanos no prohíben la legalización, pero de ninguna manera la exigen. El argumento de que el respeto de los derechos humanos exige de alguna manera que se permita el abuso de las drogas es falso. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos que defienden el “enfoque basado en los derechos humanos” se encuentran en terreno peligroso, y AI no es la excepción. Fácilmente, podría terminar impulsando políticas sin fundamento en las normas internacionales de derechos humanos.

Es posible que haya argumentos significativos a favor de la legalización de las drogas, pero no se basan en los derechos humanos. Fingir lo contrario es utilizar los derechos humanos como mera herramienta de mercadotecnia para otros fines. A sabiendas o de forma involuntaria, AI corre el muy grave riesgo de caer en esta trampa.

 


Saul J. Takahashi es abogado y activista de derechos humanos con sede en Tokio. Ha escrito varias publicaciones en inglés y español, como Human Rights and Drug Control: the False Dichotomy (Hart Publishing, 2016), Human Rights, Human Security, and State Security: the Intersection (Praeger Security, 2015) y un libro en japonés sobre los derechos en Palestina.


 

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