EFE / Francis R. Malasig
Philippine President Rodrigo Duterte, promised in 2016 to end drug problems in his first six months of office using questionable selective assassination strategies.
Hoy en día, la opinión generalizada en el movimiento internacional de derechos humanos es que se ha reducido la importancia de uno de los fines a los que contribuyó la estrategia de “denuncia y descrédito” durante las últimas cuatro décadas. Es decir, convencer a los gobiernos occidentales de que ejerzan presión sobre los gobiernos de otras partes del mundo para frenar las violaciones de derechos resulta cada vez menos eficaz. Esto se ha vuelto especialmente evidente en lo que respecta a los Estados Unidos. Es más probable que el presidente Donald Trump elogie por sus violaciones de derechos a los dirigentes étnico-nacionalistas de las democracias no liberales, como Putin en Rusia, Orban en Hungría, Erdogan en Turquía y Duterte en Filipinas, en lugar de criticar sus prácticas. Incluso está dispuesto a alabar a los dictadores que cometen graves violaciones de derechos humanos como Sisi en Egipto y Kim Jong Un en Corea del Norte. En ocasiones, los líderes de algunos otros países occidentales alzan la voz sobre las violaciones de derechos humanos, pero en general, no parece tratarse de una prioridad para ellos y sus comentarios no parecen tener mucho peso.
Aunque los presidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama se refirieron con mayor frecuencia a los derechos humanos y, en general, evitaron identificarse con gobiernos sumamente abusivos, la influencia de los gobiernos occidentales en la promoción de los derechos en otras partes del mundo ya estaba en declive. Las prácticas de detención prolongada sin presentar cargos y tortura en contra de los sospechosos en la “guerra contra el terrorismo” de la administración Bush ya había debilitado la credibilidad de los Estados Unidos para pronunciarse en contra de una variedad de violaciones por parte de otros gobiernos. Si bien el gobierno de Obama renunció a la tortura y trató de cerrar Guantánamo, no logró superar por completo los daños causados por su predecesor; tampoco pareció asignar una prioridad alta a los esfuerzos para influir sobre las prácticas de derechos humanos de muchos otros países. Las voces europeas también fueron relativamente silenciosas en esa época.
La justificación de política exterior de la estrategia de denuncia y descrédito no ha desempeñado un papel muy importante en la promoción de los derechos humanos desde aproximadamente el principio del siglo actual. Sin embargo, el valor de recopilar y difundir información sumamente detallada y confiable sobre las violaciones de derechos humanos en todo el mundo no deja de ser importante. Sirve para otros propósitos.
En primer lugar, es de inmensa importancia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos que se conozca su sufrimiento, y las identidades de los responsables de dicho sufrimiento. La experiencia casi universal de las personas que realizan investigaciones sobre derechos humanos es que las víctimas quieren contar su historia, quieren que se registre y quieren que la información tenga la difusión más amplia posible. Cuando tienen la oportunidad de dar a conocer sus experiencias, incluso si es mucho tiempo después de que se cometieron las violaciones y parece que no hay posibilidad de responsabilizar a nadie, están dispuestas a proporcionar la mayor cantidad de información posible a los investigadores de derechos humanos.
En segundo lugar, a fin de emprender esfuerzos para lograr cambios en los países en los que han ocurrido violaciones, se requiere información detallada y confiable. La información recopilada por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos es muy valiosa. Como estas últimas no suelen ser susceptibles a la acusación de que favorecen intereses políticos nacionales, y dado que puede ser más fácil convencer a otros actores de que la forma en que recopilaron la información cumplió las normas internacionales, sus datos pueden ser muy útiles para complementar los esfuerzos de los grupos locales.
En tercer lugar, si bien puede ser que los gobiernos occidentales no utilicen la información detallada y confiable sobre derechos humanos para tratar de influir sobre las prácticas de los gobiernos que cometen violaciones, la mayoría de los gobiernos abusivos sienten que deben tomar en cuenta la opinión pública internacional. En Rusia, Vladimir Putin es el líder más poderoso del país desde que Stalin gobernó la Unión Soviética. En China, Xi Jinping es el líder más poderoso de ese país desde Mao. Sin embargo, un factor importante que hace improbable que Putin cometa violaciones comparables con las de Stalin, o que Xi cometa violaciones comparables con las de Mao, es que están constreñidos por la opinión pública internacional. En los tiempos de Stalin o Mao no existía un movimiento internacional de derechos humanos capaz de documentar las violaciones. Hoy en día, incluso si ocurren en un lugar remoto, como las violaciones de derechos que ha cometido China en contra de los uigures en Xinjiang, podemos tener la certeza de que, a pesar de las inmensas dificultades, las organizaciones internacionales de derechos humanos documentarán esas violaciones de una manera meticulosa y confiable. El hecho de que China está consciente de que esto sucederá, y del efecto que tendrá en la opinión pública internacional, probablemente es el factor más importante que limita el alcance y la gravedad de dichas violaciones.
En cuarto lugar, hasta ahora ha habido una buena cantidad de casos en diferentes partes del mundo en los que se ha responsabilizado a funcionarios de alto nivel por las violaciones graves de derechos humanos, entre ellos a jefes de Estado, jefes de gobierno y comandantes militares. Estos incluyen a muchos funcionarios de las dictaduras militares latinoamericanas de las décadas de los 1970 y 1980; muchos de los responsables de las violaciones más graves en la ex Yugoslavia y Ruanda en la década de los 1990; y algunos de los responsables de las atrocidades cometidas en países africanos como Sierra Leona, Chad, la República Democrática del Congo, Malí y otros. El hecho de que las personas declaradas culpables de cometer estas violaciones están cumpliendo largas condenas en prisión, o han muerto encarceladas, no ha pasado inadvertido entre los funcionarios en otros lugares en los que se podrían cometer delitos similares. Actualmente, la variedad de circunstancias en las que se ha logrado la atribución de responsabilidad penal ha sido tal que ha provocado cierto grado de disuasión. Recolectar, documentar y difundir información confiable y detallada sobre las violaciones —es decir, la estrategia de “denuncia y descrédito”—, es el método esencial para promover la rendición de cuentas.
En tiempos pasados, a partir del gobierno de Carter en el caso de los Estados Unidos, la estrategia de denuncia y descrédito fue útil para persuadir a Washington de que tratara de promover los derechos humanos a nivel internacional. Sin embargo, esa nunca fue la motivación más importante para reunir, documentar y difundir información confiable sobre las violaciones de derechos humanos. La estrategia de denuncia y descrédito sigue siendo lo que ha sido durante mucho tiempo: quizás el arma más eficaz de la que dispone el movimiento internacional de derechos humanos para impulsar su causa.