Más allá de los diamantes de sangre: la violencia detrás de la ruta del oro

Los intercambios ilegales de oro entre el norte y el sur globales contribuyen a la violencia y a la explotación laboral, pero la mayoría de consumidores no lo notan.

Natalia Duarte
November 25, 2016

Mientras la violencia y la explotación asociada con el comercio ilegal de diamantes son hoy ampliamente conocidas, hay menos conciencia global sobre la violencia asociada a la extracción de oro. En 2014 un reporte periodístico identificó los intercambios ilegales de oro entre algunos países de Sur América y el norte global. De un lado están Colombia, Bolivia, Perú y Brasil y del otro están Canadá, Estados Unidos, Suiza, las Islas Malvinas, Panamá y varios países europeos. La investigación mencionada encontró que la minería ilegal de oro no solo afecta de forma negativa los ingresos fiscales de un país, sino que además está directamente relacionada con el tráfico de personas –particularmente de niños y niñas-  y con la perpetuación del conflicto al servir de fuente de financiación a grupos armados.

Si bien la minería legal e ilegal tienen varios problemas en común (como la contaminación de fuente hídricas o el desplazamiento de poblaciones locales), estos problemas aumentan cuando la extracción mineral es realizada por fuera de los marcos legales regulatorios. En este punto, es necesario diferenciar entre la minería ilegal y la minería informal, pues a menudo son confundidas. La primera no puede ser formalizada porque, por ejemplo, viola las leyes ambientales o tiene condiciones laborales inseguras para sus trabajadores y, además, en algunos casos, conlleva a la minería criminal. Por el contrario, la minería informal consiste en la falta de títulos mineros que eventualmente pueden ser formalizados. El problema con la minería informal es que la falta de títulos facilita el tráfico de oro ilegal.


Flickr/Knut-Erik Helle (Some rights reserved)

Problems associated with gold mining are magnified when extraction is done outside a legal regulatory framework.


En todo caso, ningún tipo de minería paga impuestos. Esta pérdida de beneficios fiscales afecta la capacidad de gobernanza estatal para proteger los derechos humanos –especialmente los derechos sociales y económicos- pero seguirle la pista a la ruta del oro es casi imposible porque la mayoría del oro informal e ilegal puede ser fácilmente fundido con el legal. En 2011 Bolivia determinó que en vez de recibir 30 millones de dólares por concepto de regalías de oro, el país solo recibió $500,000 (USD). En Brasil la producción oficial de oro en 2012 fue de 70 toneladas, pero algunas estimaciones concluyeron que la producción ilegal incrementó esta cifra en más de 91 toneladas –es decir, un aumento del 30% que se traduce en la correspondiente pérdida de rentas tributarias. Finalmente, se cree que en Perú la producción ilegal de oro alcanza las 30 toneladas anuales, lo cual generaría $257,618,358 (USD) de ingresos fiscales si tal producción fuese legal.

Ahora, la violación de derechos más directa a causa de la minería ilegal es el tráfico de personas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 2005 en Bolivia y Perú 13.500 y 50.000 niños, respectivamente, trabajaron en pequeñas minas informales. Además, 4.500 personas fueron explotadas sexualmente en Perú en 2012 en la región conocida como Madre de Dios (una región donde el 97% de las actividades mineras son ilegales y/o informales) y 78% de esas víctimas fueron menores de edad. De acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado de 2016, una importante cantidad de mujeres y menores de edad son engañados por falsas promesas de empleo o son reclutados por intermediarios que les ofrecen empleo en campamentos de minería ilegal como cocineras, vendedoras o meseras. Pero una vez allí, las mujeres son obligadas a prestar servicios sexuales en restaurantes, bares o campos mineros. El tráfico sexual y laboral de personas, por supuesto, se produce en condiciones de extrema inseguridad laboral, pues ni las mujeres, ni los menores, ni los mineros tienen protección laboral o son debidamente remunerados.

Es necesaria una legislación más clara que diferencie entre los tipos de minería y sus impactos.

Este panorama se agrava cuando los grupos armados trafican oro para financiar sus operaciones. Por ejemplo, se sabe que las guerrillas y los grupos neo-paramilitares en Colombia, y los narcotraficantes en Brasil, desplazan propietarios de tierras y lavan dinero en zonas de explotación de oro. Además, la minería criminal genera altas tasas de homicidios. Un estudio en Colombia encontró que el aumento de los precios internacionales del oro incrementa la rentabilidad de las actividades mineras ilegales, lo cual, a su vez, aumenta las tasas de homicidio y el número de víctimas de masacres perpetradas por grupos armados ilegales. Hay que señalar que muchos de estos grupos armados que explotan oro también son conocidos por reclutar y explotar niños y niñas.

Los conflictos por la tierra también son frecuentes. Por ejemplo, en Brasil los garimpeiros (o pequeños mineros informales) invaden territorios indígenas buscando oro. Los garimpeiros incluso han incursionado en países vecinos como Bolivia, Perú, Colombia y Guyana, en donde se han generado conflictos violentos y líderes indígenas han sido asesinados. Los garimpeiros también cooptan a los indígenas para trabajar en las minas, lo cual genera problemas internos entre las comunidades. Por su parte, en Bolivia los traficantes de tierras invaden, toman posesión y comercian tierras en lugares donde el Estado ya ha otorgado derechos de uso, tales como concesiones forestales o bosques primarios o de plantación.

Hay que asumir que cierto grado de minería es necesario para satisfacer algunas necesidades en tecnología y otras industrias importantes, pero también es imperativa una mayor presencia del Estado en el sector minero, en particular en las fronteras de los países donde la minería ilegal se concentra. También es necesaria una legislación más clara que diferencie entre los tipos de minería y sus impactos, así como regulaciones más fuertes que garanticen la minería ambiental y socialmente sostenible. Venezuela, por ejemplo, diferencia entre la minería ilegal y legal y también ha prohibido la extracción de oro en parques nacionales. Y Colombia fue unos de los primeros países en américa Latina en codificar la minería ilegal como un crimen.

La ejecución de estas regulaciones, sin embargo, es por sí solo otro problema –especialmente en áreas donde los grupos armados están involucrados. Colombia es un ejemplo de ello. Un proyecto periodístico documentó la cercana colaboración entre algunas fuerzas armadas colombianas y grupos armados colombianos (especialmente los conocidos como Bacrim o bandas criminales). Como resultado, aunque existen leyes en contra de la minería ilegal, que se supone deben ser exigibles por la fuerza pública combatiendo dicha minería, esta sigue siendo intocable a pesar de varios operativos militares: la policía, por ejemplo, acepta sobornos e incluso impone extorsiones para dejar que los mineros trabajen. Es en estos casos donde es necesario mayor financiamiento, un entrenamiento avanzado para la aplicabilidad de la ley y más recursos humanos para proteger los territorios.

Las autoridades locales, nacionales y transnacionales deberían fortalecer la colaboración entre países y crear sistemas –como se ha hecho con los diamantes- para rastrear el origen del oro. Cuando de forma conveniente las compañías internacionales que comercian el oro no comprueban la documentación necesaria sobre su origen, el consumidor final podría estar adquiriendo oro producido bajo circunstancias violentas e injustas. Los consumidores también deberían reclamar regulaciones más estrictas y una documentación adecuada y ser conscientes de aquello que compran. Quizás las personas puedan evadir los “diamantes de sangre”, pero si no ponen atención a la procedencia de su oro puede que sigan apoyando las mismas formas de violencia y explotación.

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Natalia Duarte

Natalia Duarte es docente en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Anteriormente, se desempeñó como investigadora en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

 
 

 

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