En Myanmar, los términos «ansiedad» y «depresión» ya no bastan para describir lo que está viviendo la población. Desde el golpe militar de febrero de 2021, millones de personas han sufrido conflictos armados, el colapso económico, el desplazamiento y repetidos desastres naturales. Además, el colapso de los servicios sanitarios nacionales, de la preparación ante desastres y de una estrategia coherente de salud mental ha dejado a la población expuesta a estos acontecimientos sin ninguna red de seguridad. El resultado no es solo una emergencia de salud pública, sino también una crisis de derechos humanos. El creciente malestar psicológico de la población de Myanmar refleja la erosión sistemática de los derechos y protecciones básicos que normalmente permiten a las personas vivir con seguridad y dignidad.
Una serie de crisis
Las repercusiones políticas y económicas del golpe han sido profundas. Las Naciones Unidas estiman que, a partir de 2025, casi la mitad de la población vivirá por debajo del umbral de la pobreza. Los servicios públicos básicos se han deteriorado y la economía ha entrado en una espiral de grave declive. La producción agrícola ha caído un 16 % desde 2021, en gran parte debido al conflicto armado y a las crisis relacionadas con el clima, y la escasez de fertilizantes, el aumento de los precios del combustible y la interrupción del comercio han elevado aún más el coste del arroz —el alimento básico nacional— hasta en un 47 % en algunas regiones. En consecuencia, la inseguridad alimentaria es generalizada y crítica. Mientras tanto, el valor de la moneda de Myanmar, el kyat, se ha depreciado drásticamente, pasando de 1.330 por dólar estadounidense en 2021 a unos 4.520 kyat en 2025. Esta volatilidad económica convierte el simple acto de sobrevivir en una fuente de trauma diario.
Los desastres naturales han agravado repetidamente esta crisis humanitaria. Myanmar es muy vulnerable a los ciclones, las inundaciones y los deslizamientos de tierra. En mayo de 2023, el ciclón Mocha, una tormenta de categoría 5, afectó a alrededor de 1,2 millones de personas. Según datos recientes, Myanmar ha sufrido más de 40 terremotos desde marzo de 2025. El más fuerte de ellos fue un temblor de magnitud 7,7, seguido de una réplica de 6,7. Este evento sísmico afectó a más de 17 millones de personas, con nueve millones gravemente afectadas, en cinco regiones. Estas crisis ambientales han agravado los efectos del conflicto en curso, la escasez de energía y las restricciones comerciales, y han dejado a las comunidades tambaleándose de una crisis a otra.
Estas crisis acumuladas han obligado a millones de personas a huir de sus hogares. En 2023, se estimaba que 3,7 millones de ciudadanos de Myanmar habían emigrado a Tailandia, y otros millones han huido a otros lugares. El éxodo se intensificó drásticamente tras el anuncio por parte del ejército, en febrero de 2024, de una ley de reclutamiento forzoso, que obliga al servicio militar a los hombres de entre 18 y 35 años y a las mujeres de entre 18 y 27. Las personas desplazadas internamente suelen carecer de ayuda y protección adecuadas, lo que pone a prueba los límites de las comunidades de acogida. Con pocas opciones legales para emigrar, quienes permanecen en el país viven bajo la amenaza constante de la violencia y el reclutamiento militar forzoso, los trabajos forzados y otras formas de explotación.
Los intentos del ejército por fabricar legitimidad política no han hecho más que agravar el trauma colectivo de la nación. Las elecciones en tres fases, presentadas como un «retorno a la normalidad», se celebraron en medio de un recrudecimiento de la violencia patrocinada por el Estado. La ONU documentó 408 ataques aéreos militares que causaron la muerte de al menos 170 civiles solo durante el periodo de votación. Al mismo tiempo, las autoridades amenazaron directamente con arrestar a los ciudadanos que acudieran a votar. La transformación de un ejercicio político en una fuente de angustia psicológica generalizada, verificada por observadores internacionales, constituye una grave crisis de derechos humanos.
La víctima invisible: la salud mental de Myanmar
El impacto psicológico en la población civil ha sido profundo. El estrés crónico y el trauma aumentan el riesgo de ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático (TEPT) e ideas suicidas. Además de la vulnerabilidad y la resiliencia individuales, el número de acontecimientos traumáticos vividos guarda una fuerte correlación con los resultados de salud mental. Una cascada de crisis, desde el conflicto armado hasta las pandemias mundiales y los desastres relacionados con el clima, ha dejado a millones de personas emocionalmente frágiles.
Los datos ya indican la gravedad de esta crisis de salud mental. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cinco personas afectadas por conflictos en la última década sufre depresión, ansiedad, TEPT, trastorno bipolar o esquizofrenia. Una encuesta en línea a 7.720 adultos birmanos realizada en octubre de 2021 reveló que el 61 % presentaba síntomas depresivos y el 58 % síntomas de ansiedad. Otra encuesta realizada a 750 adolescentes de entornos desfavorecidos reveló altos niveles de síntomas depresivos, especialmente entre aquellas a quienes el conflicto ha separado de sus padres. La investigación cualitativa con personas desplazadas internamente también documenta el miedo diario a los ataques aéreos, los síntomas de trauma, el acceso restringido a la ayuda humanitaria y los limitados servicios de salud mental y apoyo psicosocial.
Estas crisis agravadas han sometido a la población de Myanmar a una tensión psicológica sin precedentes. Sin el reconocimiento del alcance total de este trauma colectivo, la salud mental sigue siendo una víctima invisible, ignorada tanto por las respuestas nacionales como internacionales. La crisis va más allá de los diagnósticos individuales: refleja el impacto psicológico acumulativo del conflicto, el desplazamiento, los desastres naturales y las violaciones sistémicas de los derechos. Abordar esta «víctima invisible» requerirá una acción coordinada de la comunidad internacional, las organizaciones humanitarias, las redes locales de salud y de la sociedad civil de Myanmar y las organizaciones de salud étnicas. Sin integrar la salud mental en la respuesta humanitaria y la recuperación a largo plazo, el país corre el riesgo de dejar a toda una generación agobiada por un trauma que marcará tanto las vidas individuales como la resiliencia futura de la nación.