Las leyes contra la blasfemia y los derechos humanos no son compatibles

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Seguidores de la Alianza de las Minorías de Pakistán (APMA, siglas en inglés) participan en una manifestación para exigir la liberación de la cristiana paquistaní Asia Bibi, acusada el 8 de noviembre de 2010 de haber insultado a Mahoma en Lahore, Pakistán. EFE/Rahat Dar


La reedición de la caricatura de Charlie Hebdo y los ataques brutales en Francia reavivaron el debate sobre los límites de la libertad de expresión. “La difamación de los Mensajeros (la paz sea con ellos) no es aceptable bajo ningún pretexto [y] el menosprecio del Profeta Mahoma no es libertad de expresión”, afirma la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que ha abogado por una prohibición internacional de la blasfemia durante muchos años. Para la OCI, estas restricciones a la libertad de expresión son necesarias porque la difamación y el menosprecio pueden conducir al malestar social, el odio y la intolerancia.

En su argumento a favor de las leyes contra la blasfemia, la OCI se refiere a un caso examinado hace dos años por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre una mujer austriaca que fue multada por decir que el Profeta Mahoma era pedófilo. El Tribunal dictaminó que la multa no constituía una interferencia desproporcionada en el derecho a la libertad de expresión de la mujer, y concluyó que los “hechos en cuestión contenían elementos de incitación a la intolerancia religiosa”. Mientras que muchos expertos europeos de derechos humanos opinaron que el fallo era impreciso y problemático, para la OCI el mensaje fue muy claro: las leyes contra la blasfemia son totalmente compatibles con los derechos humanos.

Sin embargo, es evidente que ese no era el mensaje que quería transmitir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha reiterado que la libertad de expresión abarca el derecho a comunicar puntos de vista que podrían “ofender, impactar o perturbar”. Desde una perspectiva de derechos humanos, sigue siendo innegable que las leyes contra la blasfemia son profundamente problemáticas por las tres razones siguientes.

En primer lugar, criminalizar las expresiones “blasfemas” limita derechos humanos fundamentales. No se trata únicamente del derecho a la libertad de expresión, sino también del derecho a la libertad de religión o de creencias, el cual garantiza el derecho de todos los seres humanos a expresarse con libertad sobre la religión o las creencias, incluso cuando otras personas consideren que esas expresiones son ofensivas y perturbadoras. Desde una perspectiva de derechos humanos, es razonable e incluso necesario discutir sobre los límites de estos derechos. Por ejemplo, es legítimo prohibir expresiones que constituyen incitación al odio y la violencia religiosa.

La inmensa mayoría de las leyes contra la blasfemia del mundo son imprecisas y de formulación vaga, lo que permite una aplicación muy amplia.

Pero la protección de la religión nunca puede constituir una limitación legítima. Los derechos humanos protegen a las personas, no a las ideas abstractas ni a los sistemas de creencias. Ni los “sentimientos religiosos” individuales ni la preservación de la “armonía social” son motivos legítimos para limitar nuestros derechos fundamentales. Es posible que la prohibición de la blasfemia proteja las creencias de algunas personas, pero no cabe duda de que restringirá las creencias de otras. Esto incluye a los ateos y otros no creyentes, pero también a muchas personas más. En Malasia, por ejemplo, Sisters in Islam, una organización de derechos de las mujeres musulmanas, fue acusada de “apartarse del Islam” por sus interpretaciones religiosas “liberales y pluralistas”. En Pakistán, los ahmadíes pueden ser acusados de blasfemia tan solo por insistir en el derecho a llamarse musulmanes y a llamar mezquitas a sus lugares de culto.

En segundo lugar, las leyes contra la blasfemia suelen interpretarse de maneras que violan los principios jurídicos fundamentales. La inmensa mayoría de las leyes contra la blasfemia del mundo son imprecisas y de formulación vaga, lo que permite una aplicación muy amplia. En muchos países, estas leyes se usan para oprimir a los opositores políticos y las voces críticas. Basta con recordar a Raif Badawi, que fundó un sitio web dedicado a debatir asuntos políticos saudíes, y que ha pasado ocho años en prisión por “ofender al Islam”. En Mauritania, Mohamed Cheikh Mkhaitir fue encarcelado durante cinco años tras escribir un artículo crítico sobre cómo, según su opinión, se había abusado del Islam para justificar la discriminación de castas.

Las acusaciones de blasfemia también se usan con frecuencia como medio de venganza en los conflictos personales. El conocido caso de Asia Bibi es un ejemplo de ello. De forma similar, en Indonesia, una mujer budista llamada Meiliana fue condenada a pasar 18 meses en prisión por quejarse del ruido de una mezquita cercana con sus vecinos. Las minorías religiosas se ven afectadas de manera desproporcionada por las acusaciones de blasfemia. Según la Comisión Nacional de Justicia y Paz de Pakistán, los casos contra cristianos, hindúes y musulmanes ahmadíes constituyen casi la mitad de los casos de blasfemia del país, aunque esas minorías representan menos del 5 % de la población.

El derecho a la libertad de expresión no está exento de limitaciones, ni debe estarlo.
 

En tercer lugar, hay pocos indicios de que las leyes contra la blasfemia resulten eficaces para impedir la discriminación, el conflicto y la violencia; de hecho, es muy posible que ocurra lo contrario. Por ejemplo, el Pew Research Center encontró una correlación entre la existencia de leyes contra la blasfemia y la discriminación gubernamental contra las minorías. En el 55 % de los países que tienen leyes contra la blasfemia, el Estado discrimina a las minorías, mientras que esto solo sucede en el 22 % de los países que no tienen leyes contra la blasfemia. Asimismo, el informe revela una correlación entre las leyes contra la blasfemia y el acoso, la discriminación y la violencia no gubernamentales: se encontraron casos de violencia tumultuaria relacionada con la religión en el 45 % de los países con leyes contra la blasfemia, en comparación con el 19 % de los países sin leyes de esa índole. Los asesinatos de varios blogueros ateos en Bangladesh son ejemplos aterradores de esta clase de violencia.

El derecho a la libertad de expresión no está exento de limitaciones, ni debe estarlo. En todo el mundo, hay personas y grupos que son víctimas de expresiones de odio relacionadas con su religión o sus creencias. Tienen derecho a recibir protección. Pero prohibir la blasfemia no es la solución. Es posible que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no lo haya dejado claro, pero el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias lo han enfatizado en numerosas ocasiones y se han referido en cambio a las normas y directrices existentes en materia de derechos humanos para determinar las limitaciones legítimas de la libertad de expresión. El Plan de Acción de Rabat es un instrumento útil a este respecto, ya que en él se describe una prueba de umbral concreta que consta de seis parámetros para determinar si algo debe considerarse incitación al odio y la violencia. Los derechos humanos no pretenden garantizar una sociedad utópica y armoniosa en la que ninguna persona se sienta agredida u ofendida, pero pueden contribuir a crear una sociedad democrática y pluralista en la que podamos, con toda nuestra diversidad, vivir juntos en paz, aun cuando nuestras opiniones sean completamente opuestas.