Las empresas globales y los activistas de derechos humanos a nivel de base pueden parecer una pareja muy extraña. Sin embargo, conforme se intensifican los ataques contra las libertades democráticas más básicas y el Estado de derecho alrededor del mundo, quizás tengan más valores e intereses en común de los que habríamos imaginado.
Sabemos que las empresas se guían por los resultados financieros. Si no quisieran aumentar sus ganancias, simplemente no existirían. Pero también sabemos (y muchos dirigentes empresariales se están convenciendo de ello) que el éxito a largo plazo depende de más que la simple generación de ganancias y está relacionado con una variedad de factores externos, como la transparencia, la certeza y la estabilidad. Y una licencia social para operar.
La incapacidad de comprender esta licencia social, y en particular de evitar los impactos de su trabajo en los derechos humanos y responder a ellos, ha causado que muchas empresas globales se encuentren, sin desearlo, en el centro de la atención. No era necesario llegar a esa situación.
Dado que los defensores de derechos humanos utilizan la promoción pública como una herramienta clave para el cambio, las empresas suelen cometer el error de verlos como factores adicionales que generan costos.
El daño a la reputación y los riesgos operativos son costosos para las empresas. Dado que los defensores de derechos humanos (como los abogados, los sindicalistas, los líderes comunitarios o los trabajadores de las ONG) utilizan la promoción pública como una herramienta clave para el cambio, las empresas suelen cometer el error de verlos como factores adicionales que generan costos.
Sin embargo, las empresas deben considerar a los defensores de derechos humanos como aliados inestimables. Ellos son los canarios en las minas de carbón, que indican cuando los fallos de gobierno se convierten en verdaderos riesgos financieros, legales y de reputación para las empresas. También son los testigos de los abusos que cometen las empresas contra las comunidades y el medio ambiente.
Debido a esto, el trabajo de los defensores a menudo hace sentir incómodos a los actores en el poder, tanto estatales como no estatales. Se les ataca con leyes y políticas para reprimir sus actividades y enfrentan intimidación y amenazas a su trabajo y a su vida.
Sin embargo, sin el trabajo de los defensores, las sociedades y las economías enteras salen perdiendo. Y eso significa que las empresas pierden también.
Consideremos el ejemplo del colapso de la fábrica de Rana Plaza el 24 de abril de 2013 en Bangladesh. Al fin de la jornada, el mayor accidente industrial en la época contemporánea provocó la muerte de 1,129 trabajadores. Las marcas multinacionales con proveedores en Bangladesh sabían desde hace mucho tiempo que el gobierno tenía poca capacidad, y menos voluntad, para hacer cambios importantes: contratar y capacitar inspectores laborales, actualizar los códigos contra incendios y remodelar los edificios para que los cumplieran, etc. También sabían que las autoridades y los socios comerciales locales habían emprendido una supresión activa de los sindicatos laborales y de los trabajadores que intentaban hacer oír su voz. Según las opiniones de muchos, de haberse escuchado estas voces, la trágica cifra de muertos no habría sido tan alta.
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The aftermath of the 2013 Rana Plaza factory collapse in Bangladesh.
Para los defensores que intentan responder a estos problemas en la práctica, se trata, en un sentido muy real, de un asunto de vida o muerte. Basta con preguntarle a Laura Cáceres, quien habló en el Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU de este año en honor a su madre. Berta Cáceres fue asesinada a balazos en marzo del año pasado en Honduras por su trabajo en defensa de las comunidades campesinas contra las violaciones vinculadas con la presa de Agua Zarca.
La respuesta mundial al caso de Rana Plaza puso en marcha un esfuerzo prolongado por parte de los principales socios comerciales (y sus países de origen), los EE. UU. y la UE, así como la OIT, a fin de aumentar la coordinación y adoptar un enfoque estructural para mejorar los derechos laborales en Bangladesh. El Acuerdo de Bangladesh es un acuerdo multilateral en el cual los trabajadores y los sindicatos tienen el mismo peso en la mesa de negociaciones que el gobierno y las empresas con el objetivo de mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y la capacidad de expresión de los trabajadores. La muerte de Berta Cáceres provocó que el Estado finlandés y el fondo holandés de pensiones FMO se retiraran del proyecto. También volvió a centrar la atención de los Estados, las organizaciones de desarrollo y la ONU en el continuo acoso que experimentan los defensores en Honduras.
Estos casos muestran que el sector empresarial puede marcar una diferencia. Tiene una capacidad única para crear, mantener y defender espacios para la sociedad civil a través de tres herramientas: la influencia, el liderazgo y las alianzas.
¿Cómo funcionan estas herramientas? Pongamos como ejemplo a un gobierno que está elaborando una ley que pretende reducir el espacio de operación de las ONG. Además de que iría en contra del derecho internacional, esta ley también cerraría canales que permiten a las empresas beneficiarse del trabajo de las ONG, ya sea mediante la implementación de proyectos comunitarios o la ayuda para capacitar trabajadores. Así que, ¿cómo podrían responder las empresas?
Pueden utilizar la influencia que les otorga su acceso, sus relaciones personales y su participación en el mercado para contrarrestar los impulsos autoritarios. Por poner solo un ejemplo, cuando 30 marcas y sindicatos globales se unieron para hablar en contra de la dispersión violenta de las manifestaciones y la detención de activistas en Camboya en 2014, además de lograr que se liberara a los activistas, el problema subyacente del salario mínimo ocupó un papel protagónico en las negociaciones entre las marcas y el gobierno.
Las empresas, y en particular las empresas progresistas, también tienen que ejercer liderazgo. En 2015, Adidas publicó una declaración de política con respecto a los defensores de derechos humanos que sin duda sentó precedentes, con lo que estableció un compromiso en toda la empresa de alzar la voz en defensa de las libertades fundamentales en sus países proveedores. Cuesta mucho trabajo que una empresa asuma este papel de liderazgo, especialmente cuando sabe que las ONG estarán muy atentas para ver que estas políticas se lleven a la práctica. Pero colocar el listón en alto resulta atractivo para los consumidores y puede desencadenar una carrera para llegar a la cima.
Por último, las empresas tienen recursos. Aliarse directamente con las ONG puede ser polémico, y las empresas necesitan escuchar y atender las inquietudes sobre la cooptación y el encubrimiento. Sin embargo, el entorno mundial para los mecanismos tradicionales de financiamiento cada vez es más tóxico. De acuerdo con los expertos de la ONU y los principales financiadores, casi una centena de gobiernos han impuesto límites a las operaciones de las ONG, incluida su capacidad de aceptar financiamiento extranjero (particularmente de otras ONG). Para la supervivencia económica de la sociedad civil, buscar el apoyo de las empresas puede ser una alternativa viable; siempre y cuando sea en igualdad de condiciones y existan límites claros para mantener la independencia.
La sociedad civil necesita espacio y protección para realizar su trabajo. Ayudar a garantizar este espacio y esta protección no solo es un imperativo moral, también es una oportunidad de inversión para las empresas. El liderazgo, la influencia y la solidaridad que manifiesten las empresas que consideran el apoyo a las libertades cívicas y a los defensores de derechos humanos como parte de sus actividades empresariales básicas rendirán dividendos a largo plazo.