Cómo contribuyen los datos a mejorar la justicia para la violencia de género en Fiyi

Para fomentar la equidad para las niñas y aumentar la fe en el sistema de justicia, es crucial combatir los sesgos que privilegian los intereses de los perpetradores de violencia de género sobre los de las sobrevivientes.



UN Women Asia and the Pacific/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)


En Fiyi, de todos los casos de violencia sexual revisados de 2015 a 2018, el 73.6 % de los sobrevivientes fueron niños y niñas. Cuando la violencia contra los niños y niñas se entrecruza con la violencia de género, un modelo intergeneracional de violencia destaca que los patrones de comportamiento se aprenden de los padres y contribuyen a que los niños y niñas de hogares abusivos tengan relaciones abusivas en la adultez, lo que crea un ciclo continuo de maltrato. Por ejemplo, un estudio de la OMS en varios países concluyó que los hombres que sufrieron maltrato en la infancia tienen el doble de probabilidades de cometer violencia intrafamiliar.

Dado que persiste la violencia contra las niñas (y niños), los investigadores y activistas trabajan para mejorar el acceso a la justicia y afrontar la discriminación de género mediante la recopilación y el análisis de datos fiables.

Por ejemplo, una investigación recién publicada por el International Center for Advocates Against Discrimination (ICAAD) examina la violencia de género en el Pacífico utilizando los casos judiciales como una fuente clave de información. Los casos de Fiyi durante los últimos diez años reflejan los desafíos únicos que enfrentan las niñas en los tribunales, así como los cambios positivos dentro del poder judicial de Fiyi, junto con el trabajo diligente de organizaciones de la sociedad civil como el Fiji Women’s Rights Movement (FWRM).

La directora del Fiji Women’s Crisis Centre describió la violencia contra los niños y niñas como una crisis. A pesar de que los estudios de prevalencia como los realizados en Fiyi solo entrevistan a niñas mayores de 15 años, el Fiji Women’s Crisis Centre informó en un estudio de este tipo que el 16 % de las mujeres adultas entrevistadas revelaron que sufrieron violencia sexual antes de los 15 años. Según los datos de UNICEF, en Fiyi, casi 1 de cada 10 niñas adolescentes de 15 a 19 años de edad ha sufrido violencia sexual. Otros datos ayudan a triangular este problema que no deja de aumentar: el Departamento de Bienestar Social y Servicios Infantiles informó un aumento del 22 por ciento en los casos de maltrato infantil en Fiyi entre 2018 y 2019.

La investigación del ICAAD ilustra algunos de los retos y oportunidades que enfrentan, a nivel social, los casos que llegan al sistema de justicia penal, mediante un análisis de la jurisprudencia de casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Utilizando una metodología que ha sido adaptada y adoptada por la sociedad civil local, incluido el FWRM, el proyecto TrackGBV ha recopilado miles de casos en Fiyi y el Pacífico para poner de relieve el sesgo judicial en la determinación de las condenas. Un informe próximo —que encargó Sisters for Change como parte de su labor en el marco del Programa de la Alianza de Igualdad y Justicia— explora las complejidades del sesgo judicial y la consiguiente discriminación de género en siete países de las Islas del Pacífico de la Commonwealth, entre ellos, Fiyi.

El 16 % de las mujeres adultas entrevistadas revelaron que sufrieron violencia sexual antes de los 15 años.

Este análisis afronta las diversas clases de sesgos que enfrentan las sobrevivientes, a menudo niñas, en los tribunales. Los sesgos se categorizaron como prácticas consuetudinarias, estereotipos de género y otros factores problemáticos. Algunas prácticas consuetudinarias como las ceremonias de perdón y la reconciliación tradicional pueden privilegiar injustamente los intereses del perpetrador sobre los intereses de la víctima. Los estereotipos de género incluyen la práctica de culpar a las víctimas y los mitos sobre la violación que dictan cómo actúan las víctimas de violación “ideales”. Los estereotipos de género también toman en cuenta el argumento del sostén único de la familia, el cual sugiere que se debe reducir la condena del perpetrador porque su familia depende económicamente de él como principal proveedor de ingresos. Otros factores problemáticos incluyen los argumentos que privilegian injustamente los intereses del perpetrador, como su empleo o estado civil.

El análisis regional del ICAAD de 2016 encontró que estos factores problemáticos no solo se mencionaron durante la determinación de condenas en casos de víctimas infantiles, sino que dieron lugar a la reducción de las condenas, lo que constituye una forma de discriminación de género. Por ejemplo, la reconciliación tradicional se ha utilizado al determinar condenas en casos con sobrevivientes infantiles, sin tener en cuenta el desequilibrio de poder asociado con un proceso que pretende lograr la armonía entre las dos familias y donde la compensación/disculpa se dirige a los jefes de las familias, que suelen ser hombres. En los casos con víctimas infantiles en todo el Pacífico, la reconciliación consuetudinaria dio lugar a una reducción de la pena en el 23 % de los casos de maltrato infantil. Para fomentar la equidad para las niñas y aumentar la fe en el sistema de justicia, es crucial combatir los sesgos que privilegian los intereses de los perpetradores sobre los de las sobrevivientes al determinar las condenas.

Un análisis de la jurisprudencia a lo largo del tiempo también puede demostrar los beneficios de modificar las leyes y su aplicación. En Fiyi, los datos recientes del ICAAD, en los que se comparan casos de 2010 a 2014 con casos de 2015 a 2018, muestran que han mejorado los resultados para las mujeres y niñas. Las comparaciones se dividieron en estos dos periodos porque 2010 fue el año siguiente a la adopción de leyes importantes sobre la violencia de género en 2009 (Ley de Violencia Intrafamiliar, Ley de Delitos y Ley de Procedimientos Penales), mientras que 2014 fue el año en que el ICAAD comenzó a relacionarse directamente con las partes interesadas en Fiyi. Entre estos dos periodos, disminuyeron todos los factores problemáticos, incluidas las prácticas de reconciliación tradicional y los estereotipos de género. En lo que respecta a los estereotipos de género en particular, como el uso del argumento sobre el sostén único de la familia para obtener una condena ligera, los funcionarios judiciales los plantearon en el 25.6 % de los casos de 2010 a 2014 y solo en el 13.7 % de 2015 a 2018. Se redujo en un 10.1 % la cantidad de casos en los que los perpetradores recibieron condenas condicionales.

A nivel local, el poder judicial de Fiyi y el FWRM están tomando la iniciativa al reconocer el alcance del problema y trabajar con diligencia para reducir los sesgos.

Aunque los datos muestran una tendencia positiva, aún hay deficiencias. Por ejemplo, el uso de informes médicos en los casos de violencia sexual ha aumentado un poco. No obstante, desde 2015, los informes médicos solo se mencionaron en el 35.4 % de las condenas. Por otra parte, no está claro si los informes médicos se toman en cuenta en otras etapas del caso. Los funcionarios judiciales siguen utilizando factores problemáticos, como la asistencia del perpetrador a la iglesia o los argumentos de provocación, para reducir las condenas en 1 de cada 4 casos. Cuando se plantean estos tipos de factores problemáticos, sus efectos son mayores en los casos de víctimas infantiles. En los casos de víctimas infantiles donde se plantearon factores problemáticos, la reducción promedio de la condena fue de 2.45 años cuando la sobreviviente tenía menos de 18 años, en comparación con una reducción promedio de 0.99 años cuando tenía 18 años o más.

Si bien aún queda trabajo por hacer, a nivel local, el poder judicial de Fiyi y el FWRM están tomando la iniciativa al reconocer el alcance del problema y trabajar con diligencia para reducir los sesgos. En 2017, el FWRM publicó un informe sobre el acceso a la justicia que utilizó la metodología TrackGBV del ICAAD, entre otros métodos. En 2018, en respuesta al volumen de casos y datos que reflejaban la impunidad, el Tribunal Supremo de Fiyi aumentó la pena mínima para la violación infantil a entre 11 y 20 años.

También en 2018, el poder judicial de Fiyi colaboró con el ICAAD para emitir una directiva en la que se advierte contra el uso indebido de la condición de delincuente sin antecedentes. De todos los casos de violencia de género (GBV, por sus siglas en inglés) en Fiyi de 2000 a 2009, los jueces aplicaron mal la condición de delincuente sin antecedentes en el 9.8 % de los casos en que los testimonios creíbles, pruebas médicas o denuncias policiales indicaban que había pruebas anteriores de violencia, incluso si no hubo condenas previas. Esta aplicación incorrecta disminuyó al 4 % en los casos de 2015 a 2018.

A nivel social, es crucial promover la rendición de cuentas y la equidad en el proceso de justicia penal en el tratamiento de la violencia contra los niños y niñas. Si bien todos tenemos sesgos implícitos, los datos ayudan a esclarecer cómo se conforman y, en los casos de GBV, cómo los sesgos de género pueden dar lugar a una discriminación de género al afectar los resultados de las condenas. La metodología TrackGBV del ICAAD y los datos recientes de Fiyi muestran cómo los investigadores y activistas pueden utilizar el análisis de la jurisprudencia y agregar datos para afrontar la discriminación de género, al esclarecer los sesgos que sustentan la determinación injusta de las condenas.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: April 7, 2020

Erin Thomas es la coordinadora de Políticas e Investigación del International Center for Advocates Against Discrimination (ICAAD). Trabaja en Auckland, Nueva Zelanda, en cuestiones de derechos humanos en las Islas del Pacífico, con especial atención a la violencia de género, la justicia climática y nuclear, y el derecho internacional de derechos humanos.


 

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