La participación comunitaria frente al control del acceso: lecciones desde Kenia

Los cárteles en Kenia controlan los recursos públicos y el acceso a la información, pero la movilización de la comunidad comienza a cambiar esa dinámica de poder.


By: Collins Liko
March 1, 2018

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UK Department for International Development- Flickr -  Some Rights Reserved (CC BY 2.0)

Actualmente, los sectores de agua, saneamiento y salud en los asentamientos informales son operados por cárteles.


Con demasiada frecuencia, el avance efectivo de los derechos humanos puede verse perjudicado por la práctica de controlar el acceso (gatekeeping): un proceso mediante el cual unos pocos individuos deciden la cantidad de información, los participantes y los lugares a los que puede acceder un investigador o un actor de la sociedad civil. A cambio, estos guardianes del acceso obtienen ganancias financieras y se convierten en los primeros contactos para cualquier recién llegado. Lamentablemente, las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores dependen en gran medida de estos guardianes en su trabajo con las comunidades, y con frecuencia no logran generar movilización y participación comunitarias adecuadas. En consecuencia, el control del acceso se convierte en un impedimento para las voces de los más marginados, y las ONG deben crear métodos innovadores para superarlo.

En Kenia, este sistema de control es particularmente problemático en los asentamientos pobres e informales (barrios marginales) de las principales ciudades. Con frecuencia, los residentes de esta clase de asentamientos en todo el mundo carecen de acceso a los servicios básicos. Debido a la acción limitada del gobierno, distintos actores no gubernamentales kenianos han ocupado las funciones reguladoras vacantes. Actualmente, los sectores de agua, saneamiento y salud en los asentamientos informales son operados por cárteles que han asumido el papel de guardianes para controlar completamente los precios, la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios básicos. Estos grupos ilegales también determinan la cantidad de información que llega a los residentes, y la información se tamiza a medida que pasa de un guardián a otro. Los cárteles deciden qué información pasa al siguiente nivel, y hay información crucial necesaria para las comunidades, como dónde y cómo acceder a los recursos, o cómo buscar remedios para las fallas en el sistema, que se retiene y desaparece. A pesar de que hay instituciones gubernamentales encargadas de prestar servicios y leyes estrictas que guían a estos sectores, el problema del control de los cárteles se ha generalizado.

 

"Lamentablemente, las organizaciones de la sociedad civil y los investigadores dependen en gran medida de estos guardianes en su trabajo con las comunidades".
 

Para complicar las cuestiones de autoridad legítima, las organizaciones de la sociedad civil que buscan trabajar en los asentamientos informales dependen en gran medida de esos grupos guardianes para sus estrategias de entrada a la comunidad. Los investigadores también recurren a los guardianes, lo que puede llevar a una recolección de datos inexacta y a conclusiones erróneas cuando se oculta la información y cuando los investigadores solo pueden llegar a ciertos segmentos de la población. Algunos actores de la sociedad civil terminan fortaleciendo y manteniendo a estos cárteles de forma involuntaria, al financiar sus reuniones, proporcionarles plataformas de participación y convertirlos en líderes. La función central que desempeñan los cárteles en la diseminación de información crítica ha tenido el efecto de excluir a las comunidades de participar en los procesos de toma de decisiones sobre sus propias prioridades de desarrollo.

Por lo tanto, fortalecer la capacidad de los movimientos sociales en términos de la promoción de los derechos humanos y la creación de presupuestos para la comunidad es esencial para garantizar que los grupos comunitarios tengan una participación significativa en la asignación de recursos y la toma de decisiones. La movilización de la comunidad, sin embargo, no implica identificar tan solo unos cuantos representantes individuales. Se requiere el uso de estructuras comunitarias organizadas, incluidas las autoridades locales, los movimientos sociales, los grupos de mujeres y los grupos de jóvenes. Es fundamental diversificar las estrategias de entrada a las comunidades para garantizar un ejercicio integral de los derechos humanos mediante una mayor implicación de las personas, con mecanismos de participación y retroalimentación estructurados, y fomentando las contribuciones significativas al proceso de toma de decisiones. 

Lecciones de la estrategia de interacción con la comunidad de Hakijamii

Mejorar las capacidades de las comunidades y vincularlas con las instituciones gubernamentales adecuadas les permite exigir de manera coherente y adecuada sus propios derechos en ausencia de los intermediarios y los guardianes.

Desde su creación, el Economic & Social Rights Centre (Centro de Derechos Económicos y Sociales) en Nairobi, conocido como Hakijamii, ha encontrado un nicho en la organización comunitaria para este tipo de acción efectiva contra el control de los cárteles. Nuestro enfoque principal es tener suficiente interacción con la comunidad para comprender su dinámica en términos de cultura, orientación social y patrones económicos. Este proceso, conocido como “inserción”, analiza más a fondo la dinámica de poder y proporciona información sobre dónde se toman las decisiones. Es un proceso fundamental para enfrentar las sospechas dentro de la comunidad sobre los actores legítimos e ilegítimos y el control de los recursos, pero también brinda la oportunidad de conocer las estructuras comunitarias, los mecanismos de flujo de información y el papel del género en el contexto de una comunidad específica.

Además, Hakijamii organiza a la comunidad en grupos de trabajo con estructuras de liderazgo y certificación adecuadas, lo que garantiza que sean reconocidos por el gobierno a través del ministerio correspondiente. Estos grupos trabajan en torno a áreas temáticas como los derechos de vivienda, derechos de agua y derechos a la salud, y con el aumento de los casos de terrorismo y extremismo, tener un certificado de registro les da la confianza, la libertad y el permiso necesarios para llevar a cabo sus intervenciones. Los grupos más pequeños a menudo se consolidan para formar movimientos sociales más grandes que abogan por sus propios derechos de una manera más amplia.

Vincular estos movimientos con las instituciones gubernamentales pertinentes aumenta su capacidad para negociar con el gobierno y hacer que sus necesidades y prioridades se incorporen a la agenda de desarrollo del condado. Esta estrategia asegura que las comunidades puedan acceder a la información correcta, sin intermediarios. La capacitación en responsabilidad social ha evocado la necesidad de monitorear de cerca el dinero de los contribuyentes a través de auditorías basadas en la comunidad, foros de responsabilidad social dirigidos por la comunidad y evaluación de proyectos comunitaria. Estas capacitaciones se dirigen a los líderes de movimientos sociales de diferentes áreas de bajos ingresos y se adaptan a las necesidades de capacidad de las agrupaciones, en cuestión de, por ejemplo, responsabilidad social, enfoques basados ​​en los derechos humanos (HRBA, por sus siglas en inglés) sobre la participación, derechos de agua y saneamiento, y vivienda, entre otros. Estas capacitaciones son cruciales y equipan a las comunidades con las habilidades necesarias para cuestionar los presupuestos, los programas y la implementación de proyectos por parte del gobierno. Las comunidades tienen la capacidad de impulsar su propia agenda y, a menudo, han auditado proyectos del gobierno del condado y desenmascarado irregularidades masivas, incluida la inexistencia de proyectos cuyos presupuestos se han agotado.

La comunicación e interacción con estos grupos se realiza a través de las estructuras de liderazgo, y a los grupos se les prohíbe practicar la discriminación, el nepotismo y el favoritismo. Para garantizar que todos tengan la oportunidad de participar, ningún miembro de ningún grupo puede asistir a dos reuniones consecutivas. Además, ningún miembro de ningún movimiento social comparte información en nombre del mismo, a menos que siga los procedimientos de consulta adecuados. Esto ayuda a reducir los conflictos y a controlar el flujo de información.

Para combatir el control ilegal por parte de los cárteles de los recursos hídricos en el área de Mukura en Nairobi, Hakijamii trabaja con Grupos de Acción sobre el Agua y formó Equipos de Monitoreo del Agua. La comunidad dirige estas dos entidades para apoyar la lucha contra las conexiones ilegales, el dominio de los cárteles y las violaciones de los derechos de agua y saneamiento. Debido a su legalidad, la mayoría de las ONG y otros aliados ahora prefieren utilizar estas dos entidades como sus puntos de entrada para realizar estudios y obtener acceso a la información.

A través de esta estrategia, Hakijamii está erradicando gradualmente el control que tienen los cárteles sobre los recursos hídricos y el acceso a la información sin cohesión o uso de la fuerza. Sin embargo, estas interacciones suponen un riesgo vital, ya que los cárteles están dispuestos a defender sus medios de subsistencia de cualquier forma posible. Con frecuencia, este trabajo representa una amenaza para la seguridad de los equipos de monitoreo de agua y los funcionarios de la empresa encargada del abastecimiento de agua. Encontrar estrategias de seguridad eficaces sigue siendo un desafío.


Collins Liko es oficial de programas en el Economic & Social Rights Centre – Hakijamii.


 

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