La falta de financiación es un reto recurrente al que se enfrentan muchas movilizaciones de base. De hecho, una sección entera de este blog está dedicada a ello. En artículos anteriores, los colaboradores han destacado diferentes formas de afrontar el reto, desde la creación de modelos de ingresos sostenibles (Burnett y Smith) hasta el desarrollo de estrategias para obtener mejores donaciones (Linos, Jakli y Carlson) y el fomento de mecanismos de ayuda mutua (Gutiérrez, Mesel, Ilyes y Chiponda). Aquí destaco una estrategia jurídica innovadora que están adoptando los movimientos indígenas que buscan alcanzar la autonomía financiera en México, una estrategia que está volviendo a situar al Estado como fuente relevante de financiación y revelando el poder redistributivo de los derechos humanos.
El autogobierno sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar para muchos pueblos indígenas. Además de luchar por sus tierras y resistirse a la extracción de sus recursos, muchos grupos también luchan por conseguir los medios económicos necesarios para mantener el autogobierno. A la luz de las injusticias históricas que han persistido hasta nuestros días, la obtención de estos recursos es un reto constante.
En la actualidad, decenas de comunidades indígenas de México financian sus autogobiernos ejerciendo un derecho de reciente creación, conocido coloquialmente como presupuesto directo. El mismo surgió por primera vez en 2015 como una forma de vernacularizar el artículo 4 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a los "medios para financiar sus funciones autónomas." Este derecho al presupuesto directo avanza un argumento simple: si las comunidades indígenas tienen derecho a los medios para financiar sus instituciones de autogobierno, entonces el Estado tiene el deber de garantizar esos recursos proporcionando un acceso equitativo a los fondos públicos.
En México, el derecho al presupuesto directo ha tenido una historia corta pero turbulenta. La idea surgió en 2015 en Pichátaro, una comunidad purhépecha del actual Michoacán. Agravados por la injusta distribución de los fondos públicos, los habitantes de Pichátaro se movilizaron y exigieron que se permitiera a su consejo comunal gestionar una parte proporcional del presupuesto público. Su reclamación legal era bastante heterodoxa, ya que el sistema fiscal mexicano aún no ha reconocido el derecho de las organizaciones indígenas a participar en la distribución ordinaria de los fondos públicos. Sin embargo, con la ayuda del Colectivo Emancipaciones, un grupo local de activistas jurídicos, Pichátaro presentó una demanda que, sorprendentemente, ganaron.
En 2016, el tribunal electoral federal emitió una decisión paradigmática que reconocía el derecho al presupuesto directo. Los jueces consideraron que, si así lo deseaban, las comunidades indígenas debían poder gestionar una parte de los fondos públicos que los gobiernos federal y estatales asignan a los gobiernos locales. Este precedente desencadenó una oleada de movilizaciones legales. En todo el estado de Michoacán, las comunidades indígenas intentaron acceder a esos fondos para establecer instituciones de autogobierno. En tres años, Emancipaciones representó otros seis casos de presupuesto directo.
Como era de esperar, la reacción contra estas reivindicaciones fue intensa. Las élites políticas denunciaron la reasignación de fondos y presentaron numerosos recursos constitucionales contra el reconocimiento del autogobierno indígena. Finalmente, uno de estos recursos prosperó. En 2020, una nueva composición del tribunal anuló el reconocimiento del presupuesto directo. Sin embargo, el movimiento por el autogobierno indígena sobrevivió, y en ese momento ya había acumulado suficientes recursos para contraatacar.
Anticipándose a la reacción, un grupo de comunidades fundó una organización intercomunitaria llamada "Frente por la Autonomía de los Consejos Indígenas". Trabajando conjuntamente con Emancipaciones, esta organización promovió una reforma legal para codificar el derecho al presupuesto directo en las leyes locales de Michoacán. Esta nueva ley, que reconoce el presupuesto directo, fue aprobada en 2021 junto con un protocolo estatal con reglas para agilizar la reasignación de fondos.
Tras la aprobación de esta ley, decenas de comunidades indígenas reclamaron su derecho al presupuesto directo. En diciembre de 2022, había identificado 32 casos, la mayoría en Michoacán, pero las cifras siguen creciendo y se extienden a otras regiones de México. Recientemente, la comunidad maya de La Calendaria se convirtió en la primera comunidad de Chiapas en reclamar con éxito su derecho a la presupuestación directa. Para dar más visibilidad a estos movimientos, actualmente estoy preparando el relanzamiento de "Huellas del Autogobierno", un proyecto en línea que comenzó como parte de mi investigación doctoral y que rastreará y mostrará las reivindicaciones exitosas del presupuesto directo.
Es cierto que la experiencia con el presupuesto directo está en sus primeras etapasy su futuro sigue siendo incierto. Al escribir estas líneas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba debatiendo la validez de la ley que protege el derecho al presupuesto directo. En previsión de una posible revocación, Emancipaciones y el Frente por la Autonomía ya han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Independientemente de lo que ocurra en los tribunales, las luchas políticas en torno a la presupuestación directa son dinámicas y ofrecen un par de ideas valiosas para otras comunidades indígenas y profesionales de los derechos humanos.
Como modelo financiero, el derecho al presupuesto directo reposiciona al Estado como fuente potencial de fondos para los movimientos de base. Hoy en día, muchos activistas sociales se muestran escépticos a la hora de depender de fuentes externas de financiación. Con buenas razones, les preocupa la cooptación y las influencias indebidas que pueda tener tal dependencia. Por ejemplo, los zapatistas son conocidos por su firme oposición al Estado. Sin embargo, el presupuesto directo crea una fuente relativamente estable de fondos con pocas ataduras. Al margen de las normas básicas de contabilidad fiscal, las comunidades indígenas pueden gastar sus fondos de acuerdo con los mecanismos indígenas de toma de decisiones.
Como estrategia de derechos humanos, el derecho al presupuesto directoha abierto la puerta a un proceso redistributivo que llevaba mucho tiempo pendiente. Las comunidades indígenas de México han sido históricamente marginadas. En 2001, se modificó la Constitución para reconocer que las comunidades indígenas debían poder gestionar sus propios recursos. Sin embargo, la enmienda decía poco sobre la obligación del Estado de poner a su disposición recursos públicos. Irónicamente, incluso el presupuesto para el desarrollo indígena es administrado por organismos estatales. En este contexto, el derecho a la presupuestación directa está revirtiendo por fin una situación derivada de una mentalidad colonialista. En lugar de que el Estado extraiga recursos de las comunidades indígenas, éstas están recuperando un poco de lo que les pertenece por derecho.