La profesora y activista del estado brasileño de Minas Gerais, Celia Xakriabá (l), la activista Kreta Kaingang (C) y la primera candidata indígena a la vicepresidencia del gobierno brasileño, Sonia Guajajara (r) durante una conferencia de prensa en España, tras una gira de 2019 por la Unión Europea, en la que calificaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de "directamente responsable" del aumento de la deforestación en la Amazonía y de los asesinatos de defensores del medio ambiente. EFE / Sofía Torres
Desde que asumió la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro viene impulsando una política de destrucción de la Amazonía y de ataques a los pueblos indígenas para promover proyectos de desarrollo en territorios protegidos. Ante ese escenario, un grupo de abogados y defensores de derechos humanos acusa al presidente brasileño de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI). ¿Será ese el caso paradigmático que definirá los nuevos rumbos de la protección internacional de los derechos humanos y del medio ambiente?
Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil en enero de 2019 y prometió paralizar la demarcación de tierras indígenas en el país, reducir la fiscalización ambiental, combatir el “activismo” de las organizaciones no gubernamentales y promover el desarrollo en la Amazonía mediante la exploración de tierras indígenas.
Desde el primer día de su administración, Bolsonaro ha implantado en el país una serie de medidas para desmantelar las políticas de protección socioambiental existentes, como el congelamiento del Fondo Amazonía y el Fondo Climático, la condonación de multas ambientales ya aplicadas, la destitución y persecución de funcionarios públicos que desobedecieron las “nuevas directrices” y una serie de omisiones que impulsaron incendios catastróficos en la selva amazónica, el en Pantanal y en otros biomas.
Tras dos años, se nota que su gobierno ha ido más allá y catalizó una grave crisis ambiental y de derechos humanos sin precedentes. Junto con el crecimiento de la minería ilegal y de la deforestación para la expansión de la agroindustria, los ataques de grupos armados están obligando a los pueblos indígenas, defensores de derechos socioambientales y poblaciones tradicionales a abandonar sus territorios o enfrentar la violencia alentada por los discursos de odio del presidente brasileño.
La situación podría ser aún peor si no fuese por una serie de demandas judiciales interpuestas por actores de la sociedad civil brasileña que impiden la implementación de las políticas de devastación impulsadas por el gobierno de Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Hay consenso de que el control de la acción política por medio de acciones jurídicas tiene sus limitaciones, pero el debate sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por Bolsonaro en la Amazonía viene creciendo con fuerza en Brasil y en la comunidad internacional.
Ocurre que, en la actualidad, el sistema de justicia brasileño es incapaz de promover la responsabilización penal por las acciones de Jair Bolsonaro, ya sea por el régimen de inmunidades dispuesto en la Constitución brasileña, pero, sobre todo, por el pleno control político que Bolsonaro tiene sobre el único puesto público que puede interponer investigaciones y procesos contra el presidente de la república en la Corte Suprema de Brasil.
En este contexto, en noviembre de 2019, un grupo de abogados brasileños reunidos en el Colectivo de Abogados Defensores en Derechos Humanos (CADHu) y en la Comisión Arns (una renombrada comisión de derechos humanos en Brasil), interpusieron una demanda ante la CPI para que Bolsonaro sea personalmente responsabilizado de los ataques sistemáticos y generalizados al ecosistema y a los pueblos indígenas y tradicionales de la Amazonía. Según la solicitud, el conjunto de medidas, discursos y omisiones del presidente constituyen crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma.
En el documento enviado a la fiscalía de la CPI, se enumeran treinta y tres hechos que demuestran que el gobierno de Bolsonaro, bajo el pretexto de generar el desarrollo de la región amazónica, convierte el ataque a la población indígena y a las tierras ocupadas por ella en una política gubernamental intencional de violación de los derechos de esta población. La intención criminal se puede identificar en los pronunciamientos presidenciales según los cuales los pueblos indígenas necesitan “integrarse a la sociedad brasileña” y en los proyectos de infraestructura, minería, extracción de madera y agroindustria en la región de la selva amazónica promovidos por el gobierno federal.
Los argumentos jurídicos de la solicitud se basan en la caracterización de que los hechos cometidos por Jair Bolsonaro como presidente de la república ponen a los pueblos indígenas y originarios de la Amazonía en riesgo de genocidio y desplazamiento forzado, ante una política estatal generalizada y sistemática de desinstitucionalización de la política indigenista brasileña, destrucción de las condiciones de vida y de las formas de existencia de estos pueblos por la contaminación de los ríos e invasión de sus tierras por mineros, madereros y acaparadores de tierras.
Por tratarse de crímenes de lesa humanidad cometidos mediante la destrucción del medio ambiente, el caso presentado ante la CPI por CADHu y la Comisión Arns, contribuirá al debate sobre la caracterización del ecocidio y su aplicación a nivel internacional.
El ecocidio puede ser definido como la conducta de alguien que intencionalmente promueve la destrucción o pérdida extensiva del ecosistema de un territorio y de su biodiversidad, impidiendo el uso del agua, suelo, subsuelo o incluso del aire de la región. El debate sobre el ecocidio se remonta a los años setenta y, desde entonces, ha ganado protagonismo en los foros de discusión de Naciones Unidas para que sea considerado un delito según los estándares internacionales.
Pese a que el ecocidio aún no es un delito autónomo según el derecho internacional, en 2016, la Fiscalía de la CPI, bajo el liderazgo de la sra. Fatou Bensouda, publicó un Policy Paper que recomienda priorizar e investigar casos que involucren daño ambiental, explotación ilegal de los recursos naturales y el acaparamiento de tierras cometidos en el contexto de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma.
Eso abrió una ventana de oportunidad para que los casos como el de Bolsonaro en la Amazonía fuesen llevados a la Corte, dado que en sólo dos años de su gobierno, la Amazonía ha sufrido su mayor devastación jamás registrada.
No obstante, más que el debate sobre la caracterización del ecocidio, la comunidad internacional podrá juzgar si los actos del presidente brasileño están provocando el genocidio de los pueblos indígenas y tradicionales de la Amazonía, sea por la destrucción de sus formas de vida que dependen de la selva y de los territorios protegidos, sea por el incentivo a su exterminio.
Se enviaron otras solicitudes de investigación de Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad a la CPI, incluso con respecto a sus acciones negacionistas relacionadas con la pandemia de la covid-19 y que ya han provocado la muerte de más de doscientas mil personas. Hasta ahora, solamente el caso propuesto por el CADHu y la Comisión Arns ha sido admitido por la fiscalía de la CPI para la fase de investigación preliminar.
Todavía no hay evidencias de que los avances en las investigaciones dentro de la CPI inhibirán las acciones de Bolsonaro, pero a medida que el tiempo pase, se llevarán más pruebas de actos criminales a la Corte, convirtiendo el caso en un potencial paradigma de protección internacional de los derechos humanos y del medio ambiente. Hasta entonces, Brasil tendrá que buscar otras alternativas para contener la devastación que se está llevando a cabo en la Amazonía.
Este es un caso más que revela que los mecanismos globales de protección del medio ambiente y de los derechos humanos vigentes no son lo suficientemente fuertes para contener las políticas de devastación ambiental y genocidio, como las promovidas actualmente por el gobierno Bolsonaro en Brasil. También sirve de alerta a otros países para que revisen sus instituciones de forma crítica y evalúen si de hecho lograrían contener medidas autoritarias y criminales de líderes electos democráticamente, como en el caso brasileño.