Photo: UN Women/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
El futuro de Guatemala pende de un hilo, oscilando entre la rendición de cuentas y la impunidad. Los congresistas promilitares han estado ejerciendo presión a favor de una ley de amnistía que pondría en libertad a los criminales de guerra. Las pruebas que figuran en un archivo de la policía nacional y que demuestran sus actos ilícitos están en peligro de ser selladas. El mes pasado, el actual presidente de Guatemala, que estaba bajo investigación por recibir fondos de campaña ilícitos, logró cerrar las puertas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una comisión respaldada por la ONU que ha estado trabajando durante más de una década para desmantelar la corrupción en los niveles más altos. El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, afirmó que su cierre se debe a “una estructura de poder paralela [que] capturó el sistema de justicia y otras instituciones en Guatemala”. Estos acontecimientos son parte de la batalla que se está librando por los derechos a la historia de Guatemala.
La reacción actual es, en parte, un esfuerzo por eliminar la confluencia de factores facilitadores de la justicia que han llevado al enjuiciamiento exitoso de crímenes graves, hecho impensable cuando se cometieron, hace unos treinta años. Tan recientemente como en 2003, cuando viajé por primera vez a Guatemala, Efraín Ríos Montt era un destacado congresista que acababa de iniciar una campaña presidencial. En ese momento, los grupos clandestinos, vestigios del conflicto armado interno de 36 años de duración, ejercían un poder enorme que protegía a los antiguos oficiales militares como Montt de ser enjuiciados. Sin embargo, casi diez años después, fue declarado culpable de genocidio por su papel en la masacre de aldeas ixiles en 1982. Este fue un momento histórico: fue la primera vez que se acusó y condenó a un ex jefe de Estado por genocidio en su propio país (aunque más tarde fue juzgado de nuevo por motivos procesales poco sólidos y murió antes de que concluyera el juicio).
La reacción actual es, en parte, un esfuerzo por eliminar la confluencia de factores facilitadores de la justicia que han llevado al enjuiciamiento exitoso de crímenes graves.
El caso de Ríos Montt fue solo uno de una notable secuencia de primicias históricas en el ámbito de la justicia transicional. En 2016, el país estaba experimentando un despertar judicial bastante drástico. Ese año, debido en gran parte al valor y la tenacidad de un grupo de mujeres mayas que fueron retenidas como esclavas sexuales en la base militar de Sepur Zarco durante el conflicto armado, el Tribunal de Mayor Riesgo A —un tribunal creado para casos políticos especialmente delicados— se convirtió en el primer tribunal nacional del mundo en enjuiciar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad. Ese mismo año, catorce oficiales militares serían acusados en el caso más grande de desaparición forzada en América Latina, después de que se desenterraran 558 restos humanos de fosas comunes en una antigua base militar.
¿Cómo fueron posibles estos enjuiciamientos tan innovadores en un país que tenía una tasa de impunidad del 95 % en casos de homicidio? Para responder esta pregunta, durante un periodo de seis meses en 2016, entrevisté a más de dos docenas de jueces, fiscales, abogados de derechos humanos y personal de las dos comisiones de verdad y reconciliación (CVR) guatemaltecas. También revisé el registro completo del caso entablado en España contra los generales guatemaltecos que fueron los presuntos artífices de numerosas atrocidades masivas contra la población maya en Guatemala. Y lo que es más importante, recopilé y analicé las sentencias de los casos que dieron lugar a condenas por crímenes graves cometidos durante el conflicto armado en los tribunales guatemaltecos; hasta donde yo sé, se trata del primer análisis de este tipo. En total, documenté treinta casos relacionados con crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado que resultaron en condenas.
Por medio de este estudio, identifiqué un conjunto de factores facilitadores de la justicia que hicieron posibles estos enjuiciamientos innovadores en un país con un historial de impunidad tan atroz. Un factor crítico fue la extensa labor de documentación que realizaron las dos CVR sobre las atrocidades cometidas durante los 36 años de conflicto armado en Guatemala. Inmediatamente después del conflicto, Guatemala optó por una CVR respaldada por las Naciones Unidas, junto con una ley de amnistía, que algunos creían estaba diseñada para garantizar una impunidad eterna. Escéptica del mandato restrictivo de esta CVR, la Iglesia Católica estableció su propia comisión independiente que, a diferencia de la comisión respaldada por la ONU, denunció a los responsables de crímenes internacionales graves.
Las comisiones de verdad y reconciliación (CVR) desempeñaron un papel sorprendentemente importante en los enjuiciamientos mencionados.
Aunque alguna vez se pensó que las CVR eran sustitutos inadecuados de la justicia y antitéticas a la responsabilidad penal, mi investigación reveló que estas comisiones desempeñaron un papel sorprendentemente importante en los enjuiciamientos mencionados. En primer lugar, los informes sirvieron de modelo para los casos de los fiscales y abogados de derechos humanos, a menudo ayudándoles a identificar a los testigos y perpetradores. En segundo lugar, constituyeron una fuente frecuente de pruebas críticas durante los juicios. Ayudaron a los tribunales a comprender la responsabilidad de mando al identificar a las personas más responsables en los niveles más altos. Las narraciones históricas en los informes, que impugnaban la versión oficial de los hechos sancionada por el Estado, tuvieron una influencia decisiva en la manera en que los tribunales determinaron qué delitos se cometieron, por qué ocurrieron y quién fue responsable. Las CVR también ayudaron a difundir las normas internacionales de derechos humanos a nivel local. Antes de su publicación, los tribunales guatemaltecos caracterizaban exclusivamente como delitos comunes incluso los crímenes internacionales más graves, como el homicidio, el asesinato y el secuestro. Después de la publicación de los informes, los fiscales comenzaron a tipificar estos crímenes como genocidio, crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas.
Estos nuevos casos también coincidieron con importantes reformas al sistema jurídico guatemalteco. Aunque a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se le prohibió expresamente trabajar en casos relacionados con el conflicto armado, apoyó numerosas iniciativas que fortalecieron la independencia e integridad judicial y procesal, lo que a su vez hizo posible el enjuiciamiento de criminales de guerra. En concreto, trabajando con el entonces presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, César Barrientos Pellecer, la CICIG creó un sistema de Tribunales de Mayor Riesgo. Estos tribunales cuentan con la seguridad y la pericia necesarias para juzgar casos complejos y políticamente sensibles, como los casos de crímenes internacionales. El apoyo de una serie de fiscales generales con mentalidad reformista, incluidos Amílcar Velásquez Zarate, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, que se negaron a ceder ante las presiones ejecutivas para detener los casos, también fue fundamental, al igual que la persistencia y la organización del movimiento guatemalteco de derechos humanos, compuesto principalmente por sobrevivientes de los crímenes más atroces del Estado.
También contribuyeron al éxito de estos casos varias fuerzas internacionales. En particular, los fiscales guatemaltecos señalaron que las sentencias contra Guatemala por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos les exigían proseguir con casos que se habían estancado en el pasado. En menor medida, el caso que se procesó en los tribunales españoles también impulsó a los tribunales guatemaltecos a seguir adelante con los casos pendientes, en parte para garantizar que España no usurpara su jurisdicción. Las personas a las que entrevisté también señalaron que el apoyo político y financiero del gobierno estadounidense fue esencial. De hecho, Estados Unidos ha gastado millones de dólares para preservar el archivo de la policía nacional, el cual ha proporcionado pruebas vitales en muchos de los casos sobre crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y que hoy en día se ve amenazado.
Mientras continúa la lucha para acabar con la impunidad, es crucial salvaguardar estas condiciones fundamentales para la rendición de cuentas. La ciudadanía guatemalteca debe unirse, como lo ha hecho antes, para resistirse a los esfuerzos concertados por parte de los poderes clandestinos de Guatemala para desmantelar estos factores facilitadores de la justicia. Sin embargo, no pueden hacerlo solos. Y si el pasado es prólogo, la comunidad internacional también debe permanecer alerta y apoyar los esfuerzos del pueblo guatemalteco en su lucha por la rendición de cuentas y el Estado de derecho.