Latinoamérica pasa al tablero a las corporaciones

Colombia y Argentina están tomando medidas para hacer rendir cuentas a corporaciones por sus abusos en derechos humanos ¿Serán efectivas? 


By: Nelson Camilo Sanchez
February 15, 2016

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Una versión de este artículo fue inicialmente publicada aquí en el Blog Global de Dejusticia.

Desde la Chiquita Banana financiando paramilitares, hasta las compañías argentinas que apoyaron el régimen militar de este país, pueden contarse muchas historias respecto de actores corporativos que han apoyado o instigado violaciones a los derechos humanos. En las semanas recientes, sin embargo, dos interesantes desarrollos se han presentado en Latinoamérica dentro del movimiento que demanda la responsabilidad de estos actores económicos por su involucramiento en violaciones graves a derechos humanos.

El primer desarrollo es la decisión del Parlamento argentino de crear una  “comisión investigadora sobre la complicidad de grupos económicos con la última dictadura cívico militar” ocurrida en ese país. Esta comisión, apoyada por el partido del entonces gobierno de Cristina Kirchner, estará integrada por un presidente designado por el poder ejecutivo y se compondrá además por 4 diputados y 4 senadores, elegidos por dichos cuerpos. Su misión será redactar un informe que identifique los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esa dictadura, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza. El informe deberá también formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así́ como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas".

El segundo es el anuncio de una futura “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” en Colombia, a ser instalada una vez finalice el proceso de paz que sostienen el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc. Entre otras tareas, la Comisión tendrá dentro de su mandato promover el reconocimiento de: a)  responsabilidades no solo de quienes participaron de manera directa, sino también indirectamente del conflicto; b) factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto; y c) el fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse; su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación.


Press Association/Natacha Pisarenko (All rights reserved)

The struggle for accountability of those who have committed or helped commit serious crimes during times of repression or conflict has been long and difficult.


Estos anuncios son buenas noticias pues la lucha por la rendición de cuentas de quienes cometieron o han ayudado a cometer graves crímenes durante épocas de represión o conflicto ha sido larga y difícil. En unos pocos casos las sociedades que padecieron la violencia han logrado lanzar procesos serios para el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las víctimas y el juzgamiento de los responsables. En la gran mayoría de éstos, los procesos de rendición de cuentas han llegado hasta los perpetradores directos, pero muy poco se ha logrado frente a quienes planearon, dirigieron y, especialmente, a quienes financiaron o se beneficiaron económicamente de estos crímenes.

En la gran mayoría de éstos, los procesos de rendición de cuentas han llegado hasta los perpetradores directos, pero muy poco se ha logrado frente a quienes financiaron o se beneficiaron económicamente de estos crímenes.

Estas dos iniciativas, que, pese a que parten de contextos muy distintos, se terminan alineando en el tiempo, caen además muy bien en este momento. En primer lugar, la cuestión de la responsabilidad económica (y particularmente de empresas) sigue siendo un tema poco explorado en la discusión académica especializada.  En segundo lugar, si bien algunas experiencias de comisiones de la verdad pasadas han buscado enfrentar el tema (un reciente estudio de la Universidad de Oxford encontró que al menos 11 Comisiones lo han hecho), las lecciones son variadas y los resultados alcanzados en estas experiencias han sido criticados, por distintos estudios académicos, incluyendo el de la Universidad de Oxford dado el poco impacto que han tenido en hacer responsables a los actores identificados.

En tercer lugar, estas discusiones, y el mecanismo de las comisiones de la verdad, le dan un nuevo aire a las experiencias de litigio estratégico que se han dado en varios lugares del mundo, pero que también han tenido resultados muy mixtos, y cuyas oportunidades de avance se han venido achicando en los últimos tiempos, como ha sucedido con el litigio de responsabilidad civil en los Estados Unidos mediante el Alien Tort Statute (ATS), una ley que permite que extranjeros presenten demandas civiles ante los tribunales federales de EEUU por violaciones del derecho consuetudinario internacional.  En los últimos años, la Corte Suprema de ese país ha ido limitando el alcance del ATS, en particular con relación a las corporaciones.

Las mencionadas iniciativas tendrán tanto oportunidades como desafíos. En el caso de Argentina, la iniciativa viene acompañada de un largo proceso de judicialización de crímenes de lesa humanidad y de litigio contra algunas compañías que apoyaron la violencia. Recientemente, además, se publicó un exhaustivo estudio en donde se investigaron más casos de responsabilidad empresarial y crímenes de lesa humanidad. El informe partió de la investigación de 25 compañías que auxiliaron la represión, entre las que se encuentran FIAT, Ford Motor Company y Mercedez-Benz. Cerca de 900 víctimas fueron identificadas en el informe, 354 de las cuales fueron víctimas de desaparición forzada y 65 fueron asesinadas. Pero la comisión argentina enfrenta los retos derivados de la transición política actual (el gobierno que apoyó decididamente estas iniciativas ya no está en el poder) y el posible impacto que ésta podría tener en las iniciativas de justicia transicional. Además, como comisión parlamentaria, enfrenta el desafío de estructurarse de manera técnica, independiente y responder a un mandato que deberá realizar en un muy limitado marco temporal.  

El contexto colombiano es muy distinto. El proceso de negociación de un acuerdo de paz aún está por ser  finalizado y, por ende, la transición todavía está pendiente. El proceso de esclarecimiento incluye un marco temporal muy grande (más de cinco décadas de conflicto) y la agenda de la responsabilidad de actores económicos compite en importancia y tiempo frente a otras (como la responsabilidad de combatientes, el Estado, los políticos, entre otras).  A diferencia de Argentina, el mecanismo de comisión de la verdad es adicionalmente nuevo para la experiencia colombiana y deberá realizarse de manera paralela con otros procesos como el de justicia que adelantará un tribunal excepcional y especializado. 

Las dos iniciativas, pese a que serán paralelas en el tiempo, enfrentan dos momentos totalmente distintos en la experiencia transicional de cada uno de estos países. Mientras que en Argentina los esfuerzos por esclarecer los hechos de la dictadura llevan más de dos décadas de iniciados, en el caso colombiano la comisión de la verdad se anuncia bajo la esperanza de que en el futuro cercano se alcance un acuerdo de paz que permita iniciar un proceso integral de justicia transicional. Tanto por sus similitudes, como por sus diferencias, vale la pena seguir de cerca estos dos procesos de manera conjunta.

 


Nelson Camilo Sánchez es investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Profesor Asociado de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.


 

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