Las organizaciones de empoderamiento jurídico ayudan a las personas a utilizar las leyes por sí mismas para resolver sus problemas judiciales más apremiantes. Esta no es necesariamente la clase de problema que aparece en los titulares de noticias; se trata, por ejemplo, de obtener un documento de identidad o recibir asesoramiento sobre los derechos al terminar un matrimonio. En muchos países, los servicios para ayudar a los segmentos más pobres de la sociedad con esta clase de problemas jurídicos suelen ser proporcionados por las ONG, a menudo con financiamiento de donantes internacionales y con aportaciones pro bono esporádicas de abogados.
Pero en ciertos sentidos, la dependencia del financiamiento extranjero ha actuado como un obstáculo para la innovación. Puede tornar vulnerables a las organizaciones, dar lugar a malas decisiones de gasto (incluida la extralimitación) y hacer que las organizaciones no rindan cuentas ante los beneficiaros. Además, resulta imposible lograr que la asistencia alcance el mismo nivel que la necesidad real. Por ejemplo, de acuerdo con las encuestas de Open Society Foundations (OSF) de 2012, en Tayikistán, el 74 % de los encuestados había tenido un problema jurídico durante los tres años anteriores; en Macedonia, la cifra fue del 50 %. El financiamiento de los donantes simplemente no puede abarcar esta magnitud.
Los fondos gubernamentales pueden llenar los vacíos en algunos lugares —especialmente cuando se trata de casos intracomunitarios y no controvertidos—; de hecho, esta clase de financiamiento está aumentando en varios países de ingresos medianos, como Ucrania e Indonesia. Pero en los países de bajos ingresos, muchos gobiernos aún enfrentan dificultades. Las organizaciones locales tienen que ser más creativas y adaptables en la búsqueda de nuevos modelos de negocio.
Si bien el financiamiento de los donantes y los gobiernos es importante, las organizaciones necesitan adoptar modelos híbridos de financiación, de manera que equilibren los riesgos y aumenten la eficiencia mediante el uso de varios modelos a la vez. La mayoría de los proveedores de servicios jurídicos (sean los Estados, las ONG o actores privados) no están en condiciones de hacerlo, ya sea por las restricciones reglamentarias, la falta de experiencia empresarial o una sensación de renuencia: las pequeñas aportaciones pueden requerir una mayor inversión de tiempo que las solicitudes de subvenciones a gran escala. Sin embargo, introducir sistemas de financiación híbridos puede proteger contra las reducciones en una fuente de ingresos determinada y permitir que la atención se centre en las verdaderas necesidades de los clientes.
Si bien el financiamiento de los donantes y los gobiernos es importante, las organizaciones necesitan adoptar modelos híbridos de financiación.
Teniendo en mente esta idea de financiamiento híbrido, existen muchas opciones de fuentes de ingresos alternativas, entre ellas: 1) modelos de empresas sociales que obtienen aportaciones de sus usuarios (ya sea a través de servicios a bajo costo o cuotas de afiliación); 2) aportaciones de la comunidad local; 3) empresas secundarias; 4) desarrollo de inversiones para proporcionar un rendimiento continuo, y 5) contribuciones empresariales obligatorias.
Las empresas sociales son organizaciones que utilizan los ingresos comerciales para lograr fines sociales. Al parecer, existe un mercado para los servicios de bajo costo: es posible que dirigirse a este grupo intermedio sea un modelo de negocio más eficaz que concentrarse exclusivamente en los segmentos más pobres, ahorrando los recursos escasos para ese grupo. Estos servicios podrían conllevar una pequeña cuota de servicio, o una cuota de afiliación.
Por ejemplo, en Holanda y Sudáfrica, es común contratar un seguro jurídico de bajo costo; en Ruanda, Microjustice for All reduce los costos al reunir a pequeñas empresarias que necesitan documentos de identidad para comerciar y están dispuestas a pagar una pequeña cuota para contratar juntas un autobús e ir a registrarse. En Bangladesh, BRAC pide donaciones de los usuarios que pueden pagar la asistencia jurídica. En el Reino Unido, una cooperativa jurídica ofrece tarifas reducidas a sus afiliados, y en Sierra Leona , una asociación de mercados de mujeres paga una pequeña cuota periódica para cubrir la asistencia jurídica laboral para sus integrantes.
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A BRAC director in the field in Dhaka. In Bangladesh, BRAC requests donations from users who are able to pay for legal assistance.
Sin embargo, algunas comunidades jurídicas tienen una actitud proteccionista ante los servicios de bajo costo; de hecho, ciertas nuevas leyes que reconocen al personal parajurídico (como la que se está redactando en Sudáfrica) a veces especifican que las organizaciones de asistencia jurídica no pueden cobrar una cuota por los servicios de dicho personal, por lo general para tranquilizar al Colegio de Abogados local. Es necesario que los gobiernos ayuden a estas pequeñas empresas privadas al proporcionar igualdad de condiciones normativas y al derribar las barreras comerciales, como los procesos de registro demasiado complicados.
Es importante obtener aportaciones locales tanto de los usuarios como de fuentes filantrópicas para aumentar la conciencia a nivel local sobre los problemas jurídicos locales y garantizar una rendición de cuentas por los servicios en este mismo nivel. Por ejemplo, Better Life, en Egipto, recauda fondos a nivel local para llevar casos que son de particular interés para los residentes. Algunas comunidades contribuyen en especie, mediante el suministro de mobiliario (por ejemplo, Community Advice Offices en Sudáfrica) o terreno en dónde construir una oficina permanente (por ejemplo, Timap en Sierra Leona). El gobierno local, pagado por los impuestos locales, a menudo proporciona la infraestructura, como en Ucrania y Sudáfrica.
Pero en los casos en los que el financiamiento gubernamental no es suficiente, las empresas secundarias pueden complementar los ingresos de las organizaciones: en Sudáfrica, los despachos de asesoramiento jurídico organizan bailes, cultivan verduras y reciclan desechos; otras organizaciones, como la organización global Namati, subcontratan a su personal para que lleve a cabo consultorías o imparta capacitación a otras personas, con lo que subsidian los costos.
Otro enfoque es el desarrollo de inversiones para proporcionar un rendimiento continuo. Esto podría comenzar con un donante que proporciona los fondos para una dotación, o con un integrante de la comunidad que deja una casa en herencia a su fallecimiento, y después irse aumentando mediante pequeñas aportaciones de empresas secundarias. La idea central es contar con un capital que se pueda invertir (o arrendar) y del cual solo se utilicen los rendimientos —que suelen ser del 2 al 8 %. Esto puede ofrecer un fundamento de seguridad institucional a largo plazo y fomentar una gestión escrupulosa de los fondos. Algunos ejemplos son el Programa de Apoyo Rural Sarhad en Pakistán (una dotación básica de $5 millones del gobierno de Pakistán y $400,000 para servicios jurídicos de OSF) y el Fideicomiso de la Association of University Legal Aid Institutions en Sudáfrica ($500,000 de la Ford Foundation). Las normas sobre gastos de los donantes no siempre son propicias para la creación de dotaciones, pero deberían serlo para las organizaciones de confianza.
Los gobiernos también pueden hacer un mayor esfuerzo para poner en marcha el mercado de servicios jurídicos, al exigir contribuciones empresariales. Los gobiernos de la India y Nigeria, por ejemplo, designaron otros sectores como áreas prioritarias para la inversión, a las que se debe dirigir cierto porcentaje de la inversión o las ganancias. Como alternativa, los gobiernos podrían exigir contribuciones empresariales para los servicios jurídicos como un requisito para hacer negocios: en Sierra Leona, un proyecto de ley obligaría a las empresas con inversiones en tierras a gran escala a contribuir a un fondo colectivo para proporcionar servicios jurídicos a las comunidades afectadas. Esto podría funcionar mejor para los problemas jurídicos específicos de cada sector, en lugar de para los problemas dentro de las comunidades.
En efecto, hay diferentes tipos de problemas que son particularmente aptos para el financiamiento de fuentes de ingresos específicas. Los problemas de empleo, por ejemplo, podrían ajustarse particularmente bien a los modelos de empresa social o de afiliación, pero es poco probable que atraigan aportaciones filantrópicas. Es posible que los problemas de acceso a los servicios atraigan aportaciones de la comunidad, mientras que las contribuciones empresariales tal vez no sean pertinentes. Adoptar un enfoque híbrido es reconocer que algunos problemas en particular son adecuados para tipos específicos de financiamiento. Pensar de esta manera podría ser un punto de partida para explorar modelos de negocio para abordar tipos específicos de problemas jurídicos.
Por último, además de las diferentes fuentes de financiamiento, también es necesario un mayor enfoque en la reducción de costos mediante la desagregación (separar las partes que los reclamantes pueden resolver por sí mismos y recurrir a especialistas para elementos específicos cuando sea fundamental) y el uso de tecnología para proporcionar asistencia jurídica de manera más eficiente. Se pueden encontrar más enfoques de financiamiento, con ejemplos de otros sectores, en un informe reciente de Law and Development Partnership.
Los donantes existentes deben fomentar activamente la financiación híbrida, en ocasiones estableciéndola como requisito para la provisión de fondos, y ayudar a las organizaciones a crear la infraestructura interna necesaria para permitir esta diversificación. La mayoría de las organizaciones, naturalmente, están muy interesadas en encontrar maneras de hacer que su trabajo sea más sostenible desde el punto de vista financiero, y los profesionales del empoderamiento jurídico siempre están a la búsqueda de sugerencias. Y, sin embargo, hasta la fecha las innovaciones han ocurrido de forma aislada y a pequeña escala. Es el momento de hacer algo más grande.