Para preservar los derechos humanos, los modelos organizativos tienen que cambiar

La victoria de Trump representa la extensión más reciente de las tendencias políticas globales que están poniendo en desventaja a los esfuerzos de derechos humanos en todo el mundo.

Tanto el marco jurídico internacional de derechos humanos de la posguerra como la ideología neoliberal que impulsó la globalización económica durante el último cuarto de siglo se basan en la limitación de la soberanía nacional. Pero la soberanía se defiende; contra ambos. 

Actualmente, las consecuencias para los Estados Unidos son el objeto de muchas expresiones de ansiedad, pero en otros lugares ya han ocurrido daños significativos. En muchos países, los objetivos clave han sido las ONG que están en la primera línea de rendición de cuentas a los principios de derechos humanos.

Como se discutió en el debate de openGlobalRights sobre la reducción de espacios, decenas de gobiernos nacionales, independientemente de su sistema político, se han aprovechado del hecho de que las ONG locales en casi todos los países, excepto los más desarrollados, tienen una base de financiamiento extranjero para demonizarlas en términos populistas como agentes de los valores e intereses extranjeros. Para dar fuerza a la estigmatización, los gobiernos han desplegado nuevas iniciativas de política pública que cortan el suministro vital de fondos de beneficencia extranjeros.

Una respuesta ha sido buscar fuentes locales de apoyo financiero. Pero no es realista buscar fuentes locales de financiamiento de una magnitud considerable sin abordar las cuestiones estructurales más amplias de cómo pueden las organizaciones prepararse mejor para restaurar su legitimidad, enfrentar las causas políticas fundamentales del ataque global contra la sociedad civil y responder a las oportunidades que ofrecen la tecnología y las tendencias sociales más generales.

El desarrollo de un “modelo de negocio para las ONG” de derechos humanos

En gran medida, los derechos humanos se han fortalecido durante el último medio siglo gracias al auge de las ONG y sus actividades de promoción con base en la sociedad civil. A la par de las ONG de alcance global con sede en las capitales del Norte, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, surgieron ONG a nivel nacional —como CELS en Argentina y Legal Resources Center en Sudáfrica— como sus contrapartes, las cuales aprovecharon tanto el marco internacional de derechos humanos como los marcos jurídicos nacionales para apoyar el cambio social.

Las tendencias globales anteriores, incluidos un cambio cada vez más generalizado hacia formas políticas democráticas y el surgimiento de las economías de mercado interconectadas a nivel mundial, dieron lugar a un universo nuevo y creciente de ONG con raíces locales. La sociedad civil en expansión en todo el mundo ofreció el potencial para hacer realidad la clase de cambio social que protegería a los derechos humanos de manera sostenible a largo plazo, mediante la creación de enfoques pluralistas y participativos para la gestión pública a nivel nacional. Como resultado, los donantes de derechos humanos realizaron grandes inversiones en las nuevas agrupaciones, las ONG internacionales desarrollaron nuevos recursos para capacitarlas y conectarlas, y en conjunto, construyeron amplias redes transnacionales para facilitar la distribución de recursos financieros, informativos y de otros tipos.


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Current human rights business models are complicated transnational networks built to facilitate a variety of functions--each level of these networks may be in need of critical examination.


En ese contexto, se desarrolló un “modelo de negocio” convencional y fácil de reproducir para las agrupaciones locales de derechos humanos, el cual se ha vuelto omnipresente. Los activistas políticos y sociales emprendedores identifican un daño social que desearían enfrentar con métodos de derechos humanos. A través de las redes de información cada vez más porosas, encuentran ejemplos o conocimientos prácticos sobre cómo convertir su teoría del cambio en proyectos financiables. Después, recurren a las mismas redes internacionales para obtener fondos para sus proyectos de donantes extranjeros, principalmente de grandes fundaciones institucionalizadas o programas gubernamentales de asistencia para el desarrollo bilaterales o multilaterales, para financiar las operaciones necesarias a fin de llevar a la práctica su teoría del cambio en materia de derechos humanos.

Es cierto, el mundo está cambiando, pero no de las maneras que previó el movimiento de derechos humanos. En la mayoría de los países, existe una brecha de legitimidad cada vez más visible a nivel nacional respecto a la manera en que se han organizado las agrupaciones y las redes de derechos humanos, la cual puede ser fácilmente explotada por los gobiernos para los que la participación ciudadana es una molestia.

Dada la importancia de las amenazas actuales, vale la pena reconsiderar el “modelo de negocio” dominante en materia de derechos humanos.Es posible que a muchas organizaciones de derechos humanos les resulte provechoso regresar a las prácticas básicas de organización local. Al mismo tiempo, las tendencias de la tecnología, la filantropía, los negocios y la sociedad ofrecen oportunidades novedosas para mejorar los esfuerzos de derechos humanos y aumentar su impacto, sostenibilidad y resiliencia.

Dada la importancia de las amenazas actuales, vale la pena reconsiderar el “modelo de negocio” dominante en materia de derechos humanos.

¿Qué es un modelo de negocio?

Wikipedia ofrece la siguiente definición, muy poco útil, del modelo de negocio: “la lógica de cómo una organización crea, genera y capta valor en contextos económicos, sociales, culturales o de otro tipo”. La Harvard Business Review, citando a Michael Lewis cuando escribía sobre la burbuja de las punto-com a finales de la década de los 1990, utiliza términos más sencillos: “Lo que significaba realmente era cómo planeabas ganar dinero”. De manera más general en la literatura empresarial, el término ha adquirido un significado cada vez más elaborado, aunque varía según el contexto. En esencia, se refiere a varias características básicas de una empresa en particular, incluida la “propuesta de valor” (lo que produce y vende la empresa), las actividades y los recursos que necesita, la estructura de costos y las fuentes de ingresos, y los medios para identificar a los clientes y establecer un vínculo con ellos.

El “modelo de negocio” de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos en los países de ingresos medios y bajos incluye constituirse como una entidad sin fines de lucro que realiza actividades de promoción pública sobre una o más cuestiones de derechos humanos o en nombre de uno o más grupos vulnerables, financiada principalmente a través de donaciones benéficas que provienen del exterior del país.

Por lo general, las entidades sin fines de lucro son elegibles para obtener el estatus de organización benéfica en sus propios países. Esto genera incentivos fiscales y otros beneficios, a los que suele considerarse como elementos esenciales de un entorno jurídico propicio para la sociedad civil, ya que pueden darles acceso a recursos financieros críticos para solventar sus operaciones. Pero el estatus de organización benéfica o sin fines de lucro también representa una limitación, ya que ofrece un argumento que le permite al gobierno interferir de manera potencialmente invasiva con la justificación de que proporcionar dicho estatus en efecto asigna recursos públicos a la organización, en forma de subsidios, y que el Estado tiene el deber de salvaguardar esos recursos.

Pero existen otras opciones. Algunas alternativas tradicionales son las organizaciones informales con base en la comunidad, los sindicatos y los movimientos sociales. Los planteamientos más nuevos incluyen aprovechar los cambios tecnológicos a través de redes sociales, sitios web o aplicaciones y colaborar en nuevas formas con las empresas.

A continuación se presentan algunas de las estrategias que podrían tener en cuenta tanto las iniciativas incipientes como las organizaciones ya establecidas que están dispuestas a reconsiderar sus estructuras existentes:

 

  1. Volver a las formas tradicionales de organización que dependen menos de las operaciones costosas y profesionalizadas, aprovechando en algunos casos las tendencias del voluntariado profesional “pro bono”.
  2. Incorporar las tecnologías de trabajo entre pares y externalización masiva, mediante plataformas de financiamiento colectivo, campañas con hashtags y aplicaciones que hacen posible el monitoreo de los derechos humanos mediante la recolección, el análisis y la organización en torno a la inteligencia de datos.
  3. Desarrollar modelos de recaudación local de fondos con base ​​en la afiliación, como han comenzado a hacerlo Amnistía Internacional-India y otras ONG en el Sur Global.
  4. Crear nuevas fuentes de ingresos a través de enfoques empresariales para generar ingresos de pago por servicios.
  5. Romper con las prácticas comerciales abusivas de una industria en particular, como el empleo de trabajadores domésticos migrantes, mediante la creación de empresas alternativas socialmente responsables.
  6. Apoyar las estrategias que aprovechan la influencia de los inversionistas, los consumidores, las grandes empresas y las marcas globales, como lo han hecho Oxfam y otras ONG respecto a varios temas.

 

Ya hay ejemplos en cada una de estas categorías que comienzan a indicar algunas nuevas formas de avanzar. Pero para que el movimiento de derechos humanos pueda conservar o aumentar su fuerza a nivel nacional en todo el mundo, serán necesarios muchos ejemplos más.