La presión pública sobre el gobierno es un punto de apoyo que le ha permitido tener un impacto al movimiento mundial de derechos humanos. Una serie de estudios realizados por James Ron, Shannon Golden, David Crow y Archana Pandya han generado pruebas positivas de que existe apoyo público a favor de los derechos humanos en una variedad de países por todo el mundo. Dicho lo anterior, Ken Roth tiene dudas sobre el potencial de la opinión pública para frenar los abusos, Ben Valentino y Ethan Weinberg sostienen que los encuadres son cruciales para generar apoyo público para la Responsabilidad de Proteger (R2P) en los Estados Unidos y Nat Kendall-Taylor explica por qué, aun con encuadres excelentes, la opinión pública tiene perspectivas limitadas.
En lo que concierne a la democracia y la tortura, existen dos puntos de vista opuestos. Los optimistas democráticos sostienen que la democracia es una restricción efectiva, porque la repugnancia del público limitará los abusos. Los pesimistas democráticos sostienen que no es una restricción, ya que grandes segmentos del público sí apoyan la tortura, siempre y cuando solo se utilice contra personas que se consideran amenazas a la sociedad. Los pesimistas pueden señalar a varias figuras políticas de las democracias que han abogado por la tortura. Por ejemplo, cuando políticos como el congresista brasileño Jair Bolsonaro, el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney y el actual candidato presidencial Donald Trump pidieron públicamente que se interrogara de manera abusiva a los “terroristas” y otras personas, contaron con el apoyo de grandes segmentos del público. Courtenay Conrad, yo y otras personas hemos utilizado la investigación empírica para explorar esta cuestión.
Los optimistas se equivocan al no considerar las divisiones internas que forman parte integral de la democracia. Además, no piensan en lo eficaz que resulta apelar al miedo, especialmente para los políticos de derecha. Los votantes que apoyan a los partidos políticos de derecha tienden a ser firmes partidarios del castigo por los actos ilícitos y de las políticas de seguridad proactivas para eliminar una “amenaza” antes de que tenga oportunidad de atacar. Bolsonaro, Cheney, Trump y otros políticos piden que se violen los derechos de los detenidos a los que consideran amenazas para la seguridad, y sus partidarios los recompensan por esas declaraciones. Sin embargo, este no es un problema exclusivo de la derecha. Como sabemos, el racismo, la xenofobia y las imágenes del “otro amenazante” generan un sesgo implícito en todo el espectro político, y contribuyen a reducir aún más la humanidad de las personas representadas con esa clase de imágenes. Sostenemos, por lo tanto, que mientras el racismo, la xenofobia, etc. sigan existiendo en las sociedades, la elección de dirigentes en las urnas generará considerablemente menos restricciones a la tortura de lo que piensa la mayoría.
Wikimedia Commons/Shane T. McCoy (Some rights reserved)
How does xenophobia shape Americans' perceptions of torture?
Para explorar nuestras ideas, encuestamos a estadounidenses para saber si su apoyo a la tortura por parte del gobierno se veía afectado por la información sobre el detenido o sobre los funcionarios que realizan el interrogatorio (envíenos un correo electrónico si desea obtener una copia del estudio pendiente de publicación). Nuestro estudio fue parte de una gran encuesta de aproximadamente 1,200 estadounidenses que fueron reclutados para generar una muestra representativa a nivel nacional por un consorcio de más de una docena de universidades de Estados Unidos.
Les preguntamos a los estadounidenses sobre su aprobación del uso de “tácticas de interrogación que ocasionarían dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental” en contra de una persona detenida por una infracción de tránsito que se negara a proporcionarle su identificación a la policía. La computadora “decidió” de manera aleatoria si la persona detenida se llamaba William Shaw, Hector González o Ahmad Nazari. Dada la actual demonización de los árabes como “terroristas”, esperábamos un apoyo público considerablemente mayor de parte de las personas a las que se les preguntó sobre el Sr. Shaw, y dado que la discriminación contra el Sr. González no está vinculada con una amenaza de seguridad, esperábamos que su nombre no generara tanto aumento en el apoyo como el del Sr. Nazari. La figura uno muestra que las personas a las que se les preguntó sobre el Sr. Nazari estuvieron mucho más a favor de otorgarle al gobierno la autoridad de torturar.
Los estado-unidenses para la tortura es consider-ablemente más fuerte si el detenido pertenece a un grupo que buena parte del público percibe como “amenazante.”
Para nuestro segundo experimento, les presentamos a las personas dos listas de agencias gubernamentales y les preguntamos a cuántas de las agencias se les debería dar la autoridad de “azotar a los detenidos mientras los interrogan”. Una lista contenía “agencias de inteligencia” y la otra no. El treinta y cinco por ciento de los estadounidenses encuestados respaldaron el uso de látigos por parte de una o más agencias de gobierno cuando la lista incluía a los agentes de los servicios de inteligencia. Cuando se les presentó una lista sin agentes de los servicios de inteligencia, solo el 22 % lo hicieron.
Nuestra investigación muestra que el apoyo de los estadounidenses para la tortura es considerablemente más fuerte si el detenido pertenece a un grupo que buena parte del público percibe como “amenazante” y si los agentes de los servicios de “inteligencia” llevan a cabo el interrogatorio.
Otros investigadores han informado resultados compatibles con nuestro argumento. En sus propios experimentos de encuesta, Erin Kearns y Joe Young también midieron el apoyo público a la tortura por parte del gobierno. Les mostraron a algunas de las personas un fragmento de la serie de televisión estadounidense 24, en la que el personaje principal, Jack Bauer (un agente de inteligencia estadounidense que pertenece a la Unidad contra el Terrorismo) utiliza la tortura para obtener información y evitar un ataque. Las personas que vieron el fragmento de “tortura eficaz” apoyaron mucho más la tortura en una pregunta de seguimiento que quienes no lo vieron. Jim Piazza también documentó la medida en que la religión del detenido influye en el apoyo de los estadounidenses para la tortura (PDF abierto).
Dicho lo anterior, no todos los descubrimientos de nuestra investigación sobre la tortura son decepcionantes. Si bien la opinión pública no es la poderosa restricción que muchos imaginan, en otros estudios hemos demostrado que los tribunales constitucionales fuertes son un baluarte más eficaz contra los abusos.
Para terminar, me parece provechoso recordar a los lectores que los linchamientos y los pogromos son democráticos (ley de la mayoría) entre las personas reunidas para realizar los actos violentos. En los Estados Unidos, los linchamientos apenas dejaron de ser frecuentes alrededor de la década de los 1940, cuando los sheriffs de los condados y los tribunales establecieron su superioridad frente a la sociedad civil que exigía “justicia”. En la década de los 1960, el gobierno federal tuvo que intervenir cuando reaparecieron los linchamientos en respuesta al movimiento de derechos civiles, utilizando tanto al FBI como a los tribunales federales para garantizar el respeto del Estado de derecho sobre la ley de la mayoría de los sectores privilegiados, quienes intentaban conservar su dominio sobre los grupos subordinados. Estos experimentos de encuesta muestran que el apoyo de los estadounidenses para el maltrato de los detenidos sigue fluctuando según el “encuadre”; y los políticos saben que esto aumentará su apoyo dentro de la facción de votantes a los que necesitan convencer.