Granjearse la confianza de los partidarios de los derechos humanos

Crear apoyo público para la reforma de derechos humanos es esencial. Sin una base de apoyo público amplia y profunda, los legisladores no aprobarán las leyes necesarias, los supervisores no harán cumplir las nuevas normas y los ciudadanos no exigirán rendición de cuentas y cambios reales.

Durante mucho tiempo ya, hemos sabido que las organizaciones no gubernamentales de derechos desempeñan un papel clave en estos esfuerzos de reforma. Ejercen presión sobre los legisladores y el gobiernodenuncian los abusos y movilizan la atención pública, y estos esfuerzos a veces resultan exitosos. Con demasiada frecuencia, sin embargo, las agrupaciones de derechos humanos realizan estas labores sin reunir mucha evidencia sistemática. En consecuencia, no tienen una idea precisa de quiénes son sus partidarios más firmes, y qué subconjuntos de la población necesitan más atención y persuasión.

Las agrupaciones de derechos humanos pueden hacer mejor las cosas al trabajar con más inteligencia. 

Las agrupaciones de derechos humanos pueden hacer mejor las cosas al trabajar con más inteligencia, en lugar de simplemente con más empeño. Esto, a su vez, debería compensar a los cientos de donantes de derechos humanos que canalizan miles de millones de dólares para esfuerzos mundiales de promoción de derechos humanos cada año.

Consideremos el siguiente ejemplo, con base en las Encuestas de percepción de derechos humanos que hemos realizado mis colegas y yo desde 2012, con apoyo económico de la Universidad de Minnesota, el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y la Open Society Foundation. Comenzamos nuestra encuesta con el supuesto de que las personas con mayores probabilidades de apoyar la reforma de derechos humanos serían aquellas que ya creen que su país tiene problemas graves de derechos humanos. La “demanda” de reformas debería provenir de aquellos que ya están convencidos de que hay algo que se necesita arreglar. De lo contrario, ¿por qué preocuparse?

Para calcular cuántas personas perciben problemas graves de derechos humanos en sus países, preguntamos: “En su opinión, ¿qué tanto se respetan los derechos humanos en su país?” Las posibles respuestas incluían: 1) no se respetan nada; 2) se respetan poco; 3) se respetan algo; y 4) se respetan mucho.

En 2014, le hicimos esta pregunta a 2,400 encuestados elegidos de manera aleatoria en todo México y a 1,000 en Lagos, Nigeria. En 2012, hicimos lo mismo con 1,100 personas en Rabat y Casablanca, Marruecos, y con 1,680 en Mumbai, India. En Nigeria, Marruecos y la India, hicimos un sobremuestreo de las poblaciones rurales que viven en los alrededores de estos grandes centros urbanos, con el fin de reflejar mejor las opiniones de los residentes rurales.

Encontramos que el 56 % de los encuestados (según una media transversal de la muestra, en la que cada encuesta recibió igual ponderación) pensaba que los derechos humanos “no se respetan nada” o “se respetan poco” en su país. En otras palabras, más de la mitad de las poblaciones estudiadas creían que su país realmente tenía problemas graves de derechos humanos de algún tipo.

Después, asumimos que para que esas personas dieran el siguiente paso y apoyaran los esfuerzos de reforma por los que abogan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tendrían que confiar en estas organizaciones. Después de todo, no tiene mucho sentido apoyar las políticas de reforma de agrupaciones de las que uno desconfía.

Para averiguar si la gente común confiaban en las agrupaciones de derechos humanos, preguntamos: ¿cuánto confía en las organizaciones de derechos humanos?; preguntamos por separado sobre las organizaciones de derechos humanos que operan “en su país” y “a nivel internacional”. Las posibles respuestas incluían 1) no confía nada; 2) confía un poco; 3) confía algo, y; 4) confía completamente. Una vez más, aproximadamente la mitad de los encuestados confiaban en las agrupaciones de derechos ya sea “completamente” o “algo” (el 51 % para las internacionales y el 52 % para las locales).

A primera vista, esto parece un resultado excelente; alrededor de la mitad de las personas piensan que su país tiene un problema grave, y una cantidad similar confía en las organizaciones no gubernamentales que abogan por una reforma.

En realidad, sin embargo, los datos muestran que sólo la mitad de las personas que perciben los problemas de derechos humanos también confían en las organizaciones de derechos humanos. Los demás encuestados que confían en las agrupaciones de derechos humanos piensan que los derechos humanos se respetan “algo” o “mucho” en su país. En otras palabras, alrededor de la mitad de las personas que confían en las organizaciones de derechos realmente no creen que se requiera con urgencia una reforma de derechos humanos. Si bien estas personas confían en las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, es poco probable que sean ardientes defensoras de sus planes de reforma.

Más importante aún, las agrupaciones de derechos humanos han perdido —o nunca obtuvieron— la confianza de aproximadamente la mitad de sus más firmes partidarios (potenciales): los “perceptores de problemas de derechos humanos”.


Flickr/UNAMID (Some rights reserved)

Rural regional court judges participate in a UN human rights workshop in Al Fashir, South Sudan. To develop popular support, human rights defenders must target rural populations and ruling party supporters.


Ésta es una gran pérdida, dada la arraigada renuencia de la gente común a emprender acciones sociales costosas de cualquier clase. A menudo resulta complicado convencer a las personas ocupadas de que participen en protestas, firmen peticiones o donen el dinero que tanto les costó ganar a organizaciones de derechos humanos. Ante esto, las agrupaciones de derechos no pueden permitirse perder a la mitad de su posible base de apoyo debido a la desconfianza.

¿Qué podemos hacer?

El análisis estadístico muestra que hay varios factores que hacen que “perceptores de problemas de derechos humanos” sean menos propensos a confiar en las agrupaciones de derechos: residir en zonas rurales, apoyar al partido político gobernante, no votar en las elecciones nacionales, contar con menos años de educación formal, estar menos expuestos a las palabras “derechos humanos” y tener menos contacto, compromiso y familiaridad con las organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo, es posible remediar muchos de estos factores inhibidores mediante esfuerzos dirigidos. Las organizaciones de derechos humanos pueden realizar más y mejores esfuerzos de vinculación, por ejemplo, al concentrarse en las áreas rurales, en los simpatizantes del partido en el gobierno y en las personas que no votan de forma rutinaria. También pueden fortalecer sus estructuras de apoyo de largo plazo al promover políticas gubernamentales que impulsen la educación pública y la participación de los votantes.

Si un donante de derechos humanos quiere ayudar a que avance la reforma, un importante primer paso sería encargar una encuesta de referencia, en la que se plantee la clase de preguntas mencionadas más arriba. Después, debe invertir en actividades de vinculación adecuadas y, varios años más tarde, dar seguimiento con otra encuesta similar a la misma población. Si los esfuerzos de vinculación están funcionando, se deben poder observar cambios positivos a primera vista; el porcentaje de personas que perciben problemas de derechos humanos y también confían en las organizaciones de derechos humanos debería haber aumentado. Si no es así, los donantes y las organizaciones de derechos humanos deben tratar de averiguar qué salió mal, y volver a la mesa de trabajo.

La lección para llevar a casa es la siguiente: la reforma de derechos humanos es de vital importancia, pero es endiabladamente difícil de lograr. ¿Por qué no utilizar la investigación sistemática para que el dinero, el tiempo y el esfuerzo se utilicen de manera que generen el mayor impacto?

Las organizaciones de derechos humanos comercian con buenas intenciones y principios, pero éstos no bastan por sí solos. Una reforma real requiere políticas basadas en hechos, fundamentadas en investigaciones rigurosas, y acompañadas de una verdadera voluntad de saber si los programas que tanto apreciamos realmente están funcionando.