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En Ecuador, más de un millón de personas se reconocen a sí mismas como indígenas.
Los conflictos ambientales derivados de la extracción de recursos naturales de las comunidades locales —las cuales suelen cargar con los efectos negativos de tales actividades— están aumentando en todo el mundo. El problema es más grave en los países del Sur global, que son ricos no solo en materias primas sino también en culturas y biodiversidad. Ecuador es un excelente ejemplo, y la salud actual de su medio ambiente se debe principalmente a los esfuerzos asiduos de los pueblos indígenas de la región amazónica, los cuales son posibles gracias al trabajo de la sociedad civil en aras del empoderamiento jurídico.
En Ecuador, más de un millón de personas se reconocen a sí mismas como indígenas. Esta población indígena conforma un colectivo social de 14 nacionalidades distintas, 10 de ellas ubicadas en las provincias amazónicas, que es donde operan, o planean operar, la mayor parte de las empresas extractivas. El principal producto de exportación de Ecuador es el petróleo, que representa alrededor del 35 % del presupuesto general del Estado y cuyos precios robustos durante la última década aumentaron el PIB del país en un 4.3 %. Este estímulo económico generó una mayor expansión de la industria extractiva, no solo en términos de mudarse a territorios amazónicos sin explotar, sino también del desarrollo de nuevas industrias extractivas, como la minería a gran escala.
Por ejemplo, en 2011, el gobierno anunció el plan de permitir nuevas perforaciones petroleras en un área de tres millones de hectáreas de selva bien conservada, una maniobra que afectaba los territorios de siete nacionalidades indígenas. Además, la Asamblea Nacional aprobó una ley de minería en 2009, con la que por primera vez se abría el camino para la minería industrial; de nuevo la mayoría de estos recursos se encuentran en territorio indígena.
Por supuesto, estos planos tienen fuertes bases geopolíticas. China planea invertir al menos $250 mil millones en América Latina durante la próxima década, y Ecuador, después de haber agotado la confianza de otros acreedores, ha acumulado una deuda con China de más de 8 mil millones de dólares, mucho de lo cual debe pagarse con petróleo. Por lo tanto, recientemente se otorgaron varias concesiones a empresas chinas sin cumplir los requisitos de derechos fundamentales, como realizar las debidas consultas con las comunidades locales, conforme a las normas internacionales y constitucionales.
Para luchar contra estas expansiones, las organizaciones indígenas de la región amazónica, en coordinación con la CONAIE —la organización nacional de pueblos indígenas—, han intensificado su batalla por la dignidad y el respeto. Pero resistirse a las titánicas potencias detrás de muchas inversiones extranjeras es una tarea formidable, y como activistas, debemos elegir nuestras herramientas meticulosamente, sobre la base de un análisis cuidadoso de los fenómenos políticos y económicos nacionales. Por ejemplo, se ha desplazado forzosamente a familias indígenas de sus hogares tan solo porque viven dentro de concesiones mineras; se ha criminalizado a líderes indígenas prominentes por protestar contra algunos de estos proyectos; y se ha negado el reconocimiento jurídico de organizaciones indígenas por defender sus principios de integridad territorial. La misma Fundación Pachamama fue clausurada por el expresidente Rafael Correa —un líder populista conocido por su represión de la sociedad civil— durante uno de sus discursos a la nación transmitidos en directo por televisión. Ese episodio impulsó la creación de Terra Mater para continuar el trabajo de la fundación.
Debido a este clima político, Fundación Pachamama y Terra Mater siempre han recurrido al empoderamiento jurídico como una herramienta poderosa que permite a las comunidades locales comprender las leyes a profundidad y utilizarlas de forma estratégica para galvanizar el cambio positivo, particularmente cuando se emplean como complemento de la trayectoria histórica del movimiento indígena. Sin embargo, trabajar en el empoderamiento jurídico en Ecuador no está exento de desafíos, sobre todo cuando la imparcialidad y la independencia del sistema judicial ordinario son cuestionables en los casos políticamente delicados, incluidos los relacionados con los grandes proyectos extractivos. Por eso, nos dirigimos más allá de las fronteras para utilizar los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos para denunciar a China y Ecuador.
Trabajar en el empoderamiento jurídico en Ecuador no está exento de desafíos, sobre todo cuando la imparcialidad y la independencia del sistema judicial ordinario son cuestionables en los casos políticamente delicados."
En ese ámbito, visualizamos la oportunidad de que los líderes indígenas aprovecharan el poder del derecho internacional para proteger los derechos indígenas, a fin de lograr cambios jurídicos y de políticas a nivel local. En nuestra opinión, era hora de que las Naciones Unidas abrieran sus puertas a los líderes indígenas locales para que pudieran transmitir, con sus propias voces, el mensaje de las selvas.
Lo primero que acordamos fue documentar colectivamente las violaciones de derechos. En segundo lugar, financiamos asambleas locales para que los líderes pudieran reunir testimonios de los miembros de las comunidades, a fin de desarrollar argumentos sólidos y diversos. Después, identificamos los mecanismos pertinentes de la ONU y perfilamos una estrategia de incidencia en consecuencia. Por ejemplo, en 2016, decidimos que era esencial asistir a una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra con un objetivo doble: acercarnos al Relator Especial sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, que estaba a punto de presentar su informe temático, y debatir con las partes interesadas las mejores estrategias para participar eficazmente en el Examen Periódico Universal (EPU). Viajamos con Manari Ushigua, el expresidente de la Nación Sapara, para que pudiera compartir su historia personal de derechos humanos sobre un proyecto petrolero liderado por China que tenía el potencial de destruir su territorio.
A nuestra llegada, y tomando en cuenta el próximo EPU de Ecuador, coordinamos talleres junto con organizaciones de derechos humanos y líderes indígenas, sobre el proceso del EPU y sobre cómo persuadir a otros Estados para que formularan recomendaciones pertinentes en materia de derechos indígenas para Ecuador. Una vez más, preparamos informes de forma colectiva y capacitamos a líderes de distintas nacionalidades, como shuar, waorani y kichwa, sobre cómo comunicar los mensajes básicos a los diplomáticos, tanto en las embajadas en Ecuador como en Ginebra.
Por último, el presidente de la CONAIE, la presidenta de las Mujeres Waoranis, el encargado de comunicaciones de la CONAIE y el delegado del presidente del Pueblo Shuar Arutam llegaron a la sede de la ONU en Ginebra y participaron en todo el proceso del EPU, transmitiendo con sus propias voces todas las violaciones de derechos humanos que Ecuador y China estaban cometiendo. Al final, una cantidad importante de Estados hizo eco de sus reclamos mediante recomendaciones a Ecuador, incluida la necesidad de proteger a los líderes indígenas del acoso y la criminalización. Además, varios relatores especiales enviaron comunicaciones al gobierno ecuatoriano en las que señalaban sus preocupaciones sobre la situación.
Después de todo este trabajo de incidencia internacional enraizado en el empoderamiento jurídico, finalmente comenzamos a ver algunos cambios. Por ejemplo, el gobierno ecuatoriano revocó un decreto ejecutivo que restringía el trabajo de las ONG y las organizaciones indígenas, y el Estado otorgó reconocimiento legal a organizaciones indígenas locales y prometió proteger plenamente los derechos indígenas en concesiones futuras. Finalmente, el Estado reabrió la Fundación Pachamama el año pasado. Por supuesto, los cambios positivos mencionados no se pueden atribuir completamente a la estrategia internacional, pero esta fue parte esencial de una estrategia más estructurada y robusta que diseñó el movimiento indígena, la cual incluyó protestas, activismo en redes sociales, cabildeo ante el Congreso y litigio, entre otras cosas.
La lección que compartí humildemente en la conferencia Reimagining Justice (Reimaginar la Justicia) con practicantes e investigadores que utilizan el empoderamiento jurídico para promover los derechos humanos a nivel global es que las comunidades locales no se deben abordar como si existieran en un vacío. Como activistas, debemos comprender a fondo el contexto político, económico y cultural del país y su influencia en la comunidad. Debemos sumergirnos en la dinámica de la vida que aporta valor epistemológico al tejido colectivo. Solo entonces, tendremos la sabiduría para seleccionar las herramientas y estrategias correctas con la gente para lograr un cambio efectivo.