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Reimaginar la justicia: los derechos humanos a través del empoderamiento jurídico

El empoderamiento jurídico ofrece métodos nuevos y prometedores para mejorar el acceso a la justicia y crear sistemas jurídicos que funcionen para todos.


By: Sukti Dhital
April 23, 2018

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EFE/Saúl Martínez

Una mujer indígena testifica el lunes 1 de abril de 2013, durante el juicio que se sigue contra el general golpista José Efraín Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez, por el asesinato de 1.771 indígenas ixiles entre 1982 y 1983, en la Corte Suprema de Guatemala.


Según las Naciones Unidas, más de cuatro mil millones de personas viven al margen de la protección de las leyes. A esta situación injusta y constante se suman enormes niveles de desigualdad de ingresos y un autoritarismo cada vez mayor, lo que profundiza la marginación de comunidades en todo el mundo. El resultado de lo anterior es una necesidad urgente de reimaginar la justicia, de crear sistemas jurídicos que funcionen para todos, impulsados por las voces de quienes a lo largo de la historia no han tenido poder.

El escritor estadounidense James Baldwin dijo alguna vez que para “saber cómo se administra la justicia en un país” es necesario acercarse a los “desprotegidos” y escuchar sus historias, para averiguar “no si el país es justo, sino si siente alguna clase de amor por la justicia, o tiene algún concepto de la misma”.

El empoderamiento jurídico es un campo cada vez mayor de la educación, la academia y la práctica de derechos humanos que busca lograr precisamente eso: escuchar las historias de las comunidades afectadas por la injusticia y revertir la situación fortaleciendo la capacidad de las personas marginadas para utilizar la ley y encontrar soluciones a sus problemas de justicia.

De hecho, en septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mediante los cuales la comunidad mundial se comprometió a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y garantizar el acceso a la justicia para todos para 2030 (Objetivo 16). La Agenda 2030 reconoce que el Estado de derecho es importante para el desarrollo sostenible en muchos sentidos: mediante la reducción de la delincuencia y la violencia, la promoción de la igualdad y la erradicación de la discriminación, el fortalecimiento de las leyes e instituciones a nivel nacional e internacional y el empoderamiento de las personas. Si bien la Agenda no se refiere expresamente al papel del empoderamiento jurídico, es imprescindible que actúe como catalizador para alcanzar los ODS propuestos.

A pesar de la fuerte retórica sobre el acceso a la justicia para todos, no se han realizado muchas acciones para respaldar los ODS. Cuando se anunciaron los objetivos, muchos de ellos tuvieron el apoyo de importantes promesas de contribución financiera. Por ejemplo, se comprometieron $25 mil millones de fondos públicos y privados para mejorar la atención médica para mujeres y niños. No se comprometió ni un solo dólar para el acceso a la justicia.

Sin embargo, la situación es mucho más prometedora a nivel comunitario: hoy en día, hay más de 1,400 organizaciones alrededor del mundo dedicadas al empoderamiento jurídico. Un ejemplo de ello es Namati, una organización comprometida a construir un movimiento con base empírica de defensores jurídicos comunitarios. Namati convoca a la Red Global de Empoderamiento Jurídico, una red de profesionales y académicos que aprenden mutuamente mediante la difusión de recursos en línea, los intercambios de aprendizaje en profundidad y un curso anual de Liderazgo de Empoderamiento Jurídico. La Red también ha creado una biblioteca de recursos de empoderamiento jurídico cada vez más amplia para promover la justicia a nivel comunitario en todo el mundo.

El empoderamiento jurídico sigue manifestándose de muchas maneras: desde los programas comunitarios de asistentes jurídicos, y las iniciativas de mediación y resolución de disputas, hasta los esfuerzos jurídicos y de organización que combinan el litigio con amplias campañas de movilización. El cambio en las relaciones de poder es un principio central del trabajo: las comunidades colaboran estrechamente con los abogados y activistas para ampliar el acceso a la justicia, lo que permite que la comunidad asuma el liderazgo al definir la justicia que se busca.

A diferencia de las intervenciones jurídicas tradicionales, el empoderamiento jurídico es amplio y flexible, ya que combina varias disciplinas del derecho, el desarrollo, la ciencia política y la pedagogía para abordar las dinámicas de poder que son esenciales para combatir la pobreza y la marginación. El concepto de empoderamiento jurídico está anclado en el derecho internacional de los derechos humanos y se basa en la teoría de Sen que afirma que la pobreza es una privación de capacidades y oportunidades, con restricciones externas que inhiben la capacidad de una persona para conformar y ejercer sus derechos básicos. Esto “proporciona a los ciudadanos una participación en el Estado” y se inspira en los movimientos sindicales y feministas, los cuales reconocieron el poder emancipador de la educación popular y “una conciencia de los derechos humanos acompañada de autorreflexión y acción colectiva”. El empoderamiento jurídico surgió en parte como respuesta a las críticas a los enfoques de “arriba hacia abajo” en el campo del desarrollo y al fracaso de las metodologías de desarrollo en sus intentos de tener un efecto significativo en la vida de las comunidades pobres y marginadas.

Pero las violaciones o la privación de los derechos humanos suelen constituir obstáculos al empoderamiento jurídico. Las violaciones del derecho a la salud, la educación, la seguridad y la asociación pueden evitar o inhibir la participación individual o comunitaria en los sistemas jurídicos internos. Los programas de empoderamiento jurídico deben adoptar estrategias específicas para afrontar estos obstáculos e impulsar una participación plena y efectiva de las comunidades marginadas. Con este fin, los abogados de derechos humanos están ampliando su trabajo más allá de la representación jurídica tradicional para incluir intervenciones de empoderamiento jurídico que creen espacios sociales y políticos seguros para que las comunidades exijan y recuperen sus derechos. 

En abril de este año, el Instituto Robert L. Bernstein de Derechos Humanos —un instituto comprometido con la promoción del empoderamiento jurídico— celebrará una conferencia revolucionaria en la que se analizarán los conceptos fundamentales que sustentan el campo del empoderamiento jurídico, para arrojar luz sobre la manera en que el empoderamiento puede transformar el acceso a la justicia y convertir los derechos humanos en realidad. Hay diversos problemas e intervenciones en juego en torno a los cuales los expertos pueden ofrecer ideas dinámicas sobre la investigación del empoderamiento jurídico, con especial atención a las metodologías, las pruebas empíricas y las lagunas de conocimiento. Las estrategias innovadoras impulsadas por la comunidad son de vital importancia para hacer que los actores estatales y empresariales rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos en diversos contextos regionales y políticos.

Durante las próximas semanas, se publicarán artículos basados en este debate en OGR. Algo fundamental es que esta reunión no solo será un foro para escuchar las historias de las personas desprotegidas, como recomendó acertadamente Baldwin; también será una oportunidad de comprender cómo el empoderamiento jurídico apoya a las comunidades de todo el mundo para que se conviertan en autoras de su propia justicia y, a través de su liberación, en una inspiración para lograr más.

 


Sukti Dhital es abogada de derechos humanos y directora adjunta del Instituto Robert L. Bernstein de Derechos Humanos.


 

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