Se necesitan mediciones nuevas e inclusivas sobre los ODS y su promesa de acceso a la justicia para todos

El ODS 16 promete acceso a la justicia para todos, pero los planes actuales para medir los avances al respecto son demasiado limitados. En 2019, tendremos oportunidades para cambiar esta situación.


By: Sukti Dhital & Meg Satterthwaite
February 5, 2019

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Photo: Happiraphael/Wikimedia


Miles de millones de personas en todo el mundo viven en los márgenes: expulsadas o excluidas, a menudo en silencio, sin suficiente acceso a la justicia. Al negárseles el acceso a la atención médica, la ciudadanía o un salario justo, las personas que no están protegidas por la ley tienen problemas reales e implacables, que afectan su capacidad de aprovechar los beneficios del desarrollo sostenible.

Estas violaciones persisten a pesar del reconocimiento de que el acceso a la justicia es un derecho humano básico esencial para combatir la pobreza y para prevenir y resolver conflictos. A pesar de su centralidad, la justicia no se incluyó explícitamente en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Esta omisión se corrigió en septiembre de 2015, cuando la Asamblea General de la ONU reforzó el vínculo crucial entre la justicia y el desarrollo sostenible con la adopción del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16. La meta 16.3 de ese objetivo compromete a la comunidad mundial a “promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” para 2030. Sin embargo, este año hay que tomar medidas para garantizar que el progreso se mida a través de una diversidad de indicadores de justicia, y no solo de aquellos relacionados con la justicia penal.

La inclusión del acceso a la justicia en el ODS 16 fue una victoria concreta para los derechos humanos, luego de años de trabajo político, estratégico y académico por parte de activistas, profesionales y académicos, quienes demostraron que era necesario y posible medir las mejoras en el acceso a la justicia. Sin embargo, el festejo se ha ido apagando, pues hasta ahora, el proceso de elaboración de indicadores se ha limitado a los que miden el acceso a la justicia en materia penal.

Los indicadores de los ODS fueron desarrollados por un Grupo Interinstitucional de Expertos (IAEG, por sus siglas en inglés) y revisados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2016. Durante este proceso, las discusiones se volvieron cada vez más técnicas y menos transparentes, y se rechazaron los indicadores abiertos y comparativamente novedosos que medían una idea holística de justicia que abarca tanto la justicia penal como la civil. Estas discusiones técnicas y opacas son un buen ejemplo de lo que Sally Engle Merry llama inercia de los datos y de la experiencia. La inercia de la experiencia ocurre cuando “la opinión de los iniciados que tienen habilidades y experiencia cuenta más que la de quienes no las tienen, un esquema que excluye a las personas inexpertas y sin poder”. La inercia de los datos surge porque “la forma en que se crean y miden las categorías suele depender de los datos disponibles”. Y, por supuesto, la disponibilidad implica una toma de decisiones sobre qué es lo que se cuenta. La omisión de un indicador de justicia civil señala una visión del mundo en la que el acceso a la justicia tiene que ver principalmente con la relación entre el Estado y el individuo en cuestiones penales. De esta manera, los indicadores de los ODS corren el riesgo de ignorar las necesidades urgentes y cotidianas de justicia civil que afectan de forma desproporcionada a los pobres y los marginados.

Este año, con la sociedad civil a la cabeza, podemos cambiar las cosas. Este es un momento crucial para impulsar la incorporación de la justicia civil y la adopción de un indicador de justicia civil; los datos sobre justicia civil deben ser parte del proceso de los ODS. En marzo de 2019, el IAEG elaborará una lista preliminar de indicadores nuevos y modificados para los ODS. A esto le seguirá un periodo de consulta abierta de mayo a julio de 2019 en el que se invita a todas las organizaciones y partes interesadas a enviar sus comentarios. Después, el IAEG preparará una propuesta final para noviembre de 2019 que se presentará ante la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, el organismo de la ONU encargado de desarrollar las herramientas para medir el progreso de los ODS.

Debemos aprovechar estas oportunidades de incidencia e instar al IAEG y a la Comisión de Estadística a que vayan más allá de una anticuada preferencia por utilizar únicamente los “datos oficiales” y exploren formas de recopilación de datos que podrían ofrecer información importante desde la perspectiva de los titulares de derechos. De hecho, durante décadas, las organizaciones nacionales e internacionales han desarrollado metodologías (a menudo sometidas a la revisión por pares) para monitorear cuestiones asociadas con la paz, la justicia civil y el desarrollo institucional.

Por ejemplo, durante los últimos 25 años, los gobiernos, las ONG, las fundaciones y los proveedores de servicios jurídicos en países de todo el mundo han realizado esfuerzos de investigación para comprender la capacidad de las personas para obtener justicia civil, mediante encuestas sobre necesidades jurídicas. Estas encuestas tienen como objetivo ayudar a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones multilaterales a tener una mejor idea de la naturaleza y el alcance de los problemas legales comunes, las estrategias que adoptan las personas para resolver esos problemas y las barreras que enfrentan en el ejercicio de sus derechos. En los últimos años, la Open Society Justice Initiative y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se han asociado para desarrollar herramientas de medición sólidas para la justicia civil.

Otra metodología para comprender las necesidades de justicia civil de las personas es el puntaje del índice de World Justice Project (WJP) y su módulo de preguntas sobre la solución de controversias. WJP recopila datos en más de 100 países utilizando módulos de recopilación de datos que se han perfeccionado a lo largo de los años y en diversas geografías. El índice pregunta sobre las experiencias individuales con el sistema de justicia civil, así como sobre cuestiones sistémicas como la corrupción y la accesibilidad. Con los ODS como motivación, WJP también incorporó metodologías de necesidades jurídicas en su encuesta anual. En 2018, WJP publicó Global Insights on Access to Justice (Perspectivas globales sobre el acceso a la justicia), el “primer conjunto de datos público y multinacional sobre el acceso a la justicia civil” en 45 países de todo el mundo, que abarcó más de 100 países para fines de 2018. WJP ha demostrado que es posible recopilar datos de esta naturaleza a escala mundial. El siguiente paso es trabajar a nivel nacional con un muestreo ampliado y representativo.

Cualquiera que sea el enfoque elegido, es esencial adoptar un indicador sobre el cual se puedan recopilar datos que permitan evaluar la capacidad de los ciudadanos de a pie para obtener soluciones a sus problemas de justicia. Para ello será necesario incorporar datos que vayan más allá de las fuentes tradicionales, a fin de captar cabalmente una visión holística del acceso a la justicia, una que incluya la experiencia de los más excluidos. De manera crucial, estos datos permitirán que las personas responsabilicen a sus propios gobiernos de la impartición de justicia, o de su fracaso en esa función. Solo después de que atendamos y midamos esos desafíos seremos capaces de construir sistemas de justicia más equitativos y dignos en todo el mundo.


Sukti Dhital es abogada de derechos humanos y directora adjunta del Instituto Robert L. Bernstein de Derechos Humanos.

Meg Satterthwaite es directora académica del Instituto Robert L. Bernstein de Derechos Humanos y directora académica del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global, en la Facultad de Derecho de NYU.


 

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