Los derechos como respuesta al apocalipsis ecológico

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La humanidad camina con los ojos cerrados hacia un apocalipsis ecológico. Las poblaciones mundiales de vida silvestre han disminuido un asombroso sesenta por ciento tan solo en los últimos cincuenta años, lo que representa una aceleración del ya vertiginoso declive en la diversidad y abundancia de las formas de vida con las que compartimos este planeta hermoso pero atribulado. El cambio climático ya está causando una cascada de daños a los humanos y otras especies, desde olas de calor y sequías hasta tormentas e inundaciones más intensas y frecuentes. Estamos avanzando precipitadamente hacia puntos críticos que podrían convertir a la Tierra en un lugar inhabitable para los seres humanos y muchas otras especies. Mientras tanto, cada año, la contaminación mata en silencio a más personas que todas las guerras en curso, los asesinatos, los accidentes de tráfico, la tuberculosis, el VIH/SIDA y la malaria, combinados.

Como concluyó el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en su informe especial en otoño del año pasado, el mundo necesita “cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad” para evitar las catástrofes ecológicas que causarían violaciones de derechos y sufrimientos inmensos para los seres humanos, en particular para los más pobres y vulnerables.

Dada la magnitud y la urgencia de los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad, debemos aprovechar las herramientas y los enfoques más poderosos a nuestra disposición para conservar lo que queda de la biodiversidad de este planeta y, finalmente, devolverle su antiguo esplendor. Una de las vías más prometedoras, a partir de una serie de precedentes históricos notables, es emplear el poder de los enfoques basados en los derechos humanos.

La historia está llena de ejemplos inspiradores del poder transformador de los derechos humanos, que ha permitido que los movimientos de base superen potentes oposiciones y transformen el statu quo. Los abolicionistas utilizaron los derechos para poner fin a la esclavitud en una batalla tipo David y Goliat contra los terratenientes adinerados y las grandes empresas que se beneficiaban de la explotación de las personas sin derechos. Las sufragistas aprovecharon con éxito los derechos para impulsar a las mujeres hacia la igualdad. El movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos defendió sin descanso los derechos constitucionales de los afroestadounidenses en las legislaturas, los tribunales y las calles, lo que revolucionó a la sociedad estadounidense. Activistas contra el apartheid, pueblos indígenas, defensores de la comunidad LGBTQ: la lista de movimientos de derechos que han logrado avances extraordinarios es larga e impresionante.

Hay dos enfoques prometedores basados en los derechos que podrían mejorar drásticamente la salud y el bienestar de los seres humanos y los ecosistemas. El primero es el reconocimiento mundial del derecho humano a un medio ambiente saludable y sostenible. El segundo implica una extensión más radical de los derechos más allá de los humanos a otras especies, ecosistemas y la naturaleza misma.

El derecho a un medio ambiente saludable y sostenible ya goza de una sorprendente aceptación en todo el mundo, pero se necesita hacer más para que este derecho se reconozca y aplique a nivel global. Más de 120 Estados en África, América Latina, Europa, partes de Asia, Medio Oriente y el Caribe han ratificado tratados regionales que incorporan el derecho a un medio ambiente saludable. Este derecho goza de protección constitucional en más de 100 Estados, desde Argentina hasta Zambia, y también está incluido en las leyes ambientales de más de 100 Estados. En total, 155 Estados reconocen y están legalmente obligados a respetar, proteger y cumplir el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible. Es tiempo de que las Naciones Unidas reconozcan este derecho como un derecho humano fundamental que les pertenece a todos, en todas partes.

Las pruebas empíricas obtenidas por numerosos académicos demuestran que la protección constitucional del derecho a un medio ambiente saludable conduce a resultados ambientales superiores, desde un mayor acceso al agua potable segura hasta reducciones más rápidas de la contaminación del aire. En docenas de países, los ciudadanos y los activistas han empleado los derechos ambientales en demandas que han producido sentencias judiciales notables, las cuales en algunos casos han generado beneficios prácticos considerables para las personas y los ecosistemas. Por ejemplo, la sentencia que emitió la Corte Suprema de Argentina en el caso Mendoza en 2008 provocó una limpieza masiva de la cuenca del río Riachuelo, así como una inversión de miles de millones de dólares en nueva infraestructura de agua potable y tratamiento de aguas residuales que presta servicio principalmente a comunidades pobres.

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza podría transformar tanto las leyes como las culturas. La constitución de Ecuador reconoció los derechos de la Pacha Mama (“madre Tierra”) en 2009, lo que impulsó cambios a más de 75 leyes y políticas e hizo posible la interposición de demandas para proteger a la naturaleza, desde las Galápagos hasta el río Vilcabamba. También se han promulgado leyes en Bolivia, México, Nueva Zelanda y, a nivel local, en docenas de municipios de los Estados Unidos. En Nueva Zelanda, nuevas leyes extraordinarias reflejan la sabiduría y cultura indígena del pueblo maorí, al otorgar derechos al río Whanganui y a un ecosistema conocido anteriormente como el Parque Nacional Te Urewera. Estas leyes innovadoras son poéticas y poderosas, y transfieren la titularidad a personas jurídicas establecidas para representar a la naturaleza. En otras palabras, los bosques, las montañas, los lagos y las riberas ahora son sus propios dueños, y existen cuerpos de gestión liderados por los maoríes para defender sus derechos. Se han tomado decisiones judiciales innovadoras con respecto a los derechos de la naturaleza desde Colombia hasta la India, aunque en algunos contextos la implementación aún no ha estado a la altura de las aspiraciones.

Para maximizar la probabilidad de que se reconozcan, implementen y ejerzan los derechos de las personas y de la naturaleza, los ambientalistas y los defensores de derechos humanos deben trabajar de la mano, más estrechamente que nunca. Aunque durante mucho tiempo se les consideró como conceptos separados e incluso opuestos, la realidad del siglo XXI es que los derechos ambientales y los derechos humanos están irrevocablemente entrelazados.

En una Tierra invernadero del futuro, donde la milagrosa diversidad de la vida habría sido devastada por la sexta extinción masiva en miles de millones de años, los derechos humanos no serían más que un recuerdo lejano, mientras los humanos restantes se concentrarían exclusivamente en la supervivencia. Hoy, debemos hacer todos los esfuerzos imaginables para impedir que una larga era de oscuridad y desastre atormente a la humanidad en el transcurso del próximo milenio. Una de nuestras mejores defensas contra ese panorama apocalíptico es luchar de forma creativa, implacable y apasionada por el derecho humano a vivir en un medio ambiente saludable y sostenible, a la vez que promovemos los derechos de la naturaleza para salvaguardar el resto de la comunidad de vida en la que tenemos la gran fortuna de vivir.

A pesar de los mejores esfuerzos de los científicos en el uso de las tecnologías del siglo XXI, aún no hemos identificado otro planeta donde las maravillas de la vida hayan brotado y evolucionado. No cabe duda de que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para transformar a la humanidad de ser un agente de destrucción a convertirse en una fuerza edificante que apoye la salud y el bienestar de la Tierra, este lugar único al que tenemos la inmensa fortuna de llamar hogar. Los derechos pueden contribuir a impulsarnos hacia un futuro sostenible para todas las formas de vida.