El año 2023 concluyó con el tipo de diálogo sobre derechos humanos que debería producirse más a menudo. Durante dos días en Ginebra, el relator especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OACDH) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) convocaron una consulta sobre la facilitación de las protestas pacíficas por parte de las fuerzas del orden.
El acto siguió a varios talleres regionales, organizados de conformidad con la resolución 50/21 del Consejo de Derechos Humanos, en la que se pedía al relator especial que elaborara "instrumentos técnicos y prácticos... para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a promover y proteger los derechos humanos en el contexto de las protestas pacíficas". No había nada inusual en este formato, ni en el título del acto. Pero a pesar de su atractivo (al menos para los frikis de los derechos humanos), corría el riesgo de convertirse en otro debate académico repleto de teorías pero que ofrecía pocas soluciones prácticas.
Resultó ser uno de los diálogos sobre derechos humanos más refrescantes, atractivos y orientados a la acción a los que hemos asistido.
Se trata del maquillaje
Lo que hizo inusual el acto fue su composición. Además de miembros de la sociedad civil (asistieron especialistas en asambleas públicas, aplicación de la ley, tortura y Estado de derecho), la consulta reunió a profesionales de todo el mundo. Por "profesionales" entendemos no sólo los organismos de control policial (órganos de supervisión y autoridades disciplinarias), sino también los agentes y mandos policiales, todos ellos en servicio activo.
Mientras que algunos activistas se echaban atrás con una mueca de dolor, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones que estuvieron presentes participaron con una mentalidad abierta, al igual que el personal de las fuerzas del orden. Los participantes no iban a hablar entre ellos ni a predicar sólo a los conversos. Iban a intentar conseguir un resultado factible. Al fin y al cabo, su objetivo era idear cómo las fuerzas del orden pueden facilitar las reuniones pacíficas y proteger los derechos en esos contextos.
La presión de los compañeros era mínima. Por parte de todos, no había nada que "demostrar": no había necesidad de adoptar una postura intransigente, ni de demostrar que se es inteligente, ni de engatusar a nadie; sólo había incentivos para compartir conocimientos y experiencia.
Claro que había precedentes. Talleres recientes reunieron a profesionales y esbozaron las mejores prácticas. Por ejemplo, la reunión del "Proceso de Estambul" sobre el fomento de la tolerancia religiosa celebrada en Singapur se centró en los profesionales. Desde entonces, sin embargo, el Proceso de Estambul se ha venido abajo al reavivar la Organización de Cooperación Islámica (OCI) la agenda de la "difamación de las religiones".
Sin ingenuidad, pero teniendo en cuenta la naturaleza "del mundo real" de los resultados de este proceso, confiamos en que el trabajo realizado bajo los auspicios de Clément Voule, el ACNUDH y la ONUDD mejore, en cierta medida, el cumplimiento de los derechos humanos en la práctica policial y beneficie tanto a los manifestantes pacíficos como a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cabe destacar que los documentos finales son menos técnicos que la mayoría de los documentos sobre derechos humanos.
También se trata del fondo
La consulta también fue innovadora por su enfoque práctico. Además del principal documento de trabajo, un "Protocolo modelo" para la facilitación de protestas pacíficas por parte de las fuerzas del orden, el proyecto dirigido por Clément Voule y su equipo, la OACDH y la ONUDD elaborará un "Manual" y una "Lista de comprobación" para los profesionales de las fuerzas del orden. Estos dos últimos serán documentos prácticos que orientarán la práctica policial.
La magnitud y la diversidad de las experiencias presentes en la sala hicieron que los debates estuvieran a años luz de eslóganes estériles o debates divisivos, como los que vemos en las redes sociales. Por parte de la sociedad civil, nadie abogó por "desfinanciar a la policía". Por parte de la policía, nadie abogó por la inmunidad cualificada. Todos los participantes crearon un terreno fértil para el diálogo sobre cómo garantizar una aplicación de la ley respetuosa, competente y conforme con los derechos humanos, capaz de facilitar, y no de obstaculizar, las reuniones públicas.
Los participantes de la sociedad civil reconocieron la necesidad de una policía bien financiada y formada. Tuvimos presentes (y nos recordaron) las realidades del trabajo: a qué se enfrenta cada día el agente de policía medio. Los retos incluyen la escasez de personal, la falta de formación adecuada y, sencillamente, el miedo (enfrentarse a una multitud, aunque sea pacífica, nunca será como sentarse en el sofá a tomar un Whiskey Sour). Los participantes de las fuerzas del orden, por su parte, reconocieron la necesidad de un comportamiento policial responsable y de hacer frente a la discriminación y los abusos de poder. Tuvieron presente (y se les recordó) que ser respetuoso es condición sine qua non para ser respetado.
También se revisaron las cuestiones "antes de la protesta", "durante la protesta" y "después de la protesta", además de la situación de grupos específicos y la rendición de cuentas por las infracciones. Una sección abordaba el bienestar de la policía, esencial para el cumplimiento de los derechos humanos, ya que los agentes de policía sometidos a tensión son mucho más propensos a incurrir en mala conducta. No tuvimos reparos en abordar temas delicados: brutalidad policial, rendición de cuentas o presupuestos.
No fue una cámara de eco, pero los participantes coincidieron en puntos clave. Entre otros: el papel de la policía frente al papel de la fiscalía; la necesidad de una comunicación eficaz entre manifestantes y policía, de desescalada y de formación adecuada para los agentes de policía; o el hecho de que siempre debe hacerse una distinción clara entre los elementos pacíficos y no pacíficos de una reunión.
La forma en que se desarrollan estas conversaciones en Internet dista mucho de la realidad y, una vez más, se aprecia la toxicidad de las redes sociales. En lugar de fomentar debates sanos (las diferencias no son tan grandes entre la mayoría de la gente), los algoritmos de las redes sociales promueven artificialmente puntos de vista simplistas, afianzan posiciones y elevan los temas más divisivos. Este proceso distrae a quienes buscan soluciones de la resolución de problemas. Nadie se beneficia de esta situación, ni mucho menos los titulares de derechos.
No hay que olvidar la voluntad política
Con toda seguridad, los resultados de esta consulta no serán tenidos en cuenta en muchos países, donde las protestas son poco frecuentes o la policía goza de total impunidad. En otros lugares, no ocurrirá gran cosa sin voluntad política.
Pero lo bueno de esta consulta es que la voluntad política de facilitar las asambleas no tendrá que venir del más alto nivel. Una vez que estén a disposición del público, los documentos resultantes -en particular el Manual y la Lista de control, con sus directrices sobre comunicación, desescalada y evaluación de riesgos en relación con las protestas- estarán a disposición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de los agentes de todos los niveles. Lo ideal, por supuesto, sería que los gobiernos se comprometieran públicamente a utilizar los documentos finales.
Los documentos finales surgirán de un diálogo que reunió a personas con experiencia práctica que intentaron tender puentes y maximizar sus posibilidades de tener un impacto sobre el terreno. Este modelo debería servir de base para futuros diálogos sobre derechos humanos.
El Protocolo, el Manual y la Lista de Control se presentarán en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 26 de febrero al 5 de abril de 2024. Clément Voule hará su última aparición como relator especial. Para su sucesor, y para todas las personas de buena voluntad que desean que las protestas pacíficas se desarrollen sin obstáculos, así como una aplicación de la ley respetuosa con los derechos, será necesario un trabajo conjunto para popularizar, hacer operativos y aplicar los documentos.