La Amazonia brasileña está en una situación crítica en la lucha por su propia supervivencia. Una serie de actividades perjudiciales que ocurren en la región ponen en riesgo su futuro y el de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas, que dependen de ella para su subsistencia y su sustento. La tala ilegal, la minería y la recolección de madera, así como la caza furtiva, la exploración depredadora de la biodiversidad local, los proyectos de infraestructura, la urbanización descontrolada y la deforestación son solo algunos ejemplos.
La deforestación parece ser uno de los problemas más complejos y dañinos que ha enfrentado la Amazonia en los últimos tiempos. Entre 2018 y 2019, la deforestación aumentó un 34 % en la Amazonia Legal (un área que abarca nueve estados brasileños). En cifras absolutas, esto se traduce en más de 10,000 kilómetros cuadrados de vegetación despejada. Desde que comenzó la medición oficial de la deforestación en la Amazonia, en 1988, no se habían registrado cifras de esta magnitud después de 2008. Para 2020, algunas estimaciones prevén aproximadamente 15,000 kilómetros cuadrados de deforestación, una cifra que se alcanzó por última vez hace 15 años, en 2005.
El aumento de las tasas de deforestación en los últimos años ha atraído una amplia atención internacional y ha provocado que incluso actores “inusuales” expresen su preocupación, como los fondos de inversión internacionales. A pesar de que la presión es cada vez mayor, las respuestas del gobierno, incluido el despliegue del ejército en la región, aún no han generado resultados concretos.
La deforestación parece ser uno de los problemas más complejos y dañinos que ha enfrentado la Amazonia en los últimos tiempos.
En las últimas décadas, el sistema de justicia brasileño ha probado diferentes estrategias y medidas para afrontar los desafíos más acuciantes que afectan a la Amazonia. Algunas de estas iniciativas se caracterizan por la innovación en términos de diseño y estrategia jurídicos. En 2009, después de que algunas investigaciones revelaron que ganaderos ubicados en la Amazonia no respetaban la normativa ambiental, el Ministerio Público Federal (MPF) firmó un acuerdo con grandes empresas cárnicas, las cuales se comprometieron a dejar de comprar ganado de granjas vinculadas con la deforestación ilegal.
Más recientemente, en 2017, el MPF inició un ambicioso proyecto, el Proyecto Amazonia Protege, que ya ha originado más de tres mil casos contra personas y empresas asociadas a la deforestación ilegal en la Amazonia. El proyecto es innovador, ya que utiliza imágenes satelitales como pruebas de la deforestación ilegal identificada en cada área específica. El objetivo final es evitar que las tierras que se deforestaron ilegalmente sean objeto de programas de regularización de tierras.
Estas iniciativas son importantes, pero no bastan para hacer frente a los desafíos que plantea el aumento de la deforestación, que está asociado en muchos sentidos con el debilitamiento de los mecanismos de aplicación. Debido a las políticas promulgadas en el último año y medio, los marcos administrativos e institucionales contra el cambio climático y para la protección del medio ambiente en Brasil están a punto de colapsar. La aplicación de multas ambientales está paralizada, se han disuelto órganos decisorios clave y se han recortado drásticamente los recursos presupuestarios.
Ante este panorama, ¿qué papel puede desempeñar el litigio sobre el cambio climático como herramienta para exigir cuentas a las autoridades públicas y a las empresas e impulsar la aplicación efectiva de políticas para salvaguardar la integridad de la selva amazónica brasileña?
Aunque en algunos casos se ha tratado sobre la prohibición de la quema como método de recolección de caña de azúcar o la protección de los manglares, hasta hace muy poco el cambio climático —como una cuestión de hecho o de derecho— tenía muy poca relevancia para las demandas relacionadas con la protección forestal y el uso de la tierra en Brasil.
Sin embargo, una nueva generación de casos climáticos que se están presentando ante los tribunales brasileños enfrenta el cambio climático de manera mucho más directa, ya sea explorando la ciencia que subyace al argumento de que la protección del bioma amazónico es fundamental para lograr los objetivos climáticos globales o explicitando las obligaciones jurídicas que se derivan de las políticas nacionales e internacionales sobre el cambio climático en lo que respecta al uso de la tierra y la conservación forestal.
Los demandantes en estos casos incluyen a una variedad de actores, que a menudo trabajan juntos para decidir cuáles son las estrategias jurídicas más adecuadas para cada litigio.
Los fiscales del Ministerio Público Federal brasileño han desempeñado un papel central en varios casos. En uno de ellos, intentaron restablecer una política promulgada en 2009, que la administración actual revirtió el año pasado, sobre la zonificación agroecológica (ZAE) para el cultivo de caña de azúcar. La ZAE es una herramienta de política que establece “zonas de exclusión” en materia de financiamiento público y licencias ambientales; tiene por objeto impedir el fomento de materias primas determinadas, como los biocombustibles, a expensas de zonas y biomas protegidos, como la Amazonia. En un primer fallo, el tribunal se refirió a los principios de precaución y “no regresión en los asuntos ambientales”, así como a la falta de estudios técnicos de respaldo, para restablecer la política de 2009 que prohíbe el cultivo de caña de azúcar en la Amazonia.
En otro ejemplo de un caso iniciado por los fiscales públicos, en mayo de 2020, un tribunal de apelación revirtió la sentencia pronunciada por un tribunal inferior en abril de 2020, la cual ordenó a los organismos ambientales federales brasileños que crearan unidades de inspección en diez de las áreas más críticas de deforestación en la Amazonia Legal (“hot spots”). Los fiscales del MPF apelaron la decisión del tribunal de segunda instancia.
Las ONG también han participado activamente en el uso del poder judicial para salvaguardar la Amazonia y las comunidades tradicionales que viven en ella. Una demanda interpuesta por el Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y una asociación de fiscales ambientales se propuso revertir una medida adoptada por el organismo federal brasileño de protección ambiental (IBAMA) que relajaría los requisitos para la exportación de madera. El tribunal inferior negó la solicitud de un requerimiento judicial de emergencia, pero aún está pendiente el fallo definitivo.
En junio de 2020, cuatro partidos políticos presentaron dos demandas directamente ante el Tribunal Supremo de Brasil, ambas relacionadas con la suspensión de las actividades y la desactivación de los órganos de gobierno de dos instrumentos financieros de política climática, el Fondo Clima y el Fondo Amazonia. En ambos casos, el Tribunal Supremo invitó a expertos, como científicos, académicos, activistas, economistas del clima, empresarios, así como políticos, a presentar sus opiniones de forma oral en audiencias públicas que se celebrarán en septiembre y octubre, respectivamente.
La Amazonia brasileña se encuentra en una coyuntura crítica que definirá su futuro, con repercusiones climáticas y sociales que se sentirán en todos los niveles: local, regional y mundial. En una época en la que los observadores internacionales piden que se alerte a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles crímenes de lesa humanidad contra los pueblos indígenas en Brasil, la movilización del litigio sobre el cambio climático, en su dimensión más directa por parte de los actores locales, demuestra su pertinencia como una nueva estrategia y herramienta jurídica para salvaguardar la integridad del bioma amazónico.