Contra el nihilismo: una praxis transformadora de los derechos humanos para el futuro de la salud mundial

Si reconocemos que la salud mundial tiene orígenes coloniales, también debemos reconocer que sigue estando profundamente arraigada en y moldeada por los sistemas de poder interconectados.




La gran devastación causada por la pandemia de la covid-19 crea un imperativo para interrumpir “lo habitual”, especialmente para los defensores de la salud y los derechos humanos. La praxis transformadora de los derechos humanos se basa en forjar nuevas estrategias cuando las antiguas se quedan cortas, lo que a su vez requiere de una evaluación crítica de las ideologías que sustentan nuestras respuestas a los problemas sociales de nuestro tiempo.

En relación con el derecho a la salud, si reconocemos que la salud mundial tiene orígenes coloniales, también debemos reconocer que sigue estando profundamente arraigada en y moldeada por los sistemas de poder interconectados (patriarcado, racismo, colonialismo, neoliberalismo y comercio explotador, entre otros). Estos sistemas se reflejan en las leyes y las políticas, así como en la investigación, la programación y las prácticas clínicas, y generan un nihilismo generalizado sobre nuestra capacidad de lograr un cambio rápido y significativo. Incluso ahora, un año después de que la covid-19 fuera declarada pandemia mundial, los mayores obstáculos para la justicia sanitaria no provienen de un nuevo patógeno, sino de las fuerzas patógenas de la apatía, el cinismo, la marginación y la amnesia histórica que nos llevan a aceptar el sufrimiento de los pobres como desgracias inevitables que hay que soportar, en lugar de injusticias que hay que remediar.

“Decirle la verdad al poder” exige comprender la naturaleza evolutiva del poder y las formas desiguales en que sostiene los abusos de los derechos humanos. Las patologías del poder generan escandalosas desigualdades en materia de salud no sólo (o siquiera principalmente) a través de las violaciones de derechos observables cometidas por gobiernos tiranos, sino a través de medios más insidiosos y estructurales. Las estrategias que se basan en la denuncia de los abusos de poder manifiestos o en instar a los gobiernos a que adopten “enfoques basados en los derechos humanos” en materia de salud son, por tanto, poco adecuadas para cuestionar los mecanismos opacos a través de los cuales se establecen las agendas sanitarias mundiales y se coloniza nuestro imaginario colectivo. Para subvertir estos mecanismos, primero debemos cuestionar cómo se construyen la “verdad” y el “conocimiento” en la salud mundial, y a qué fines sirve su construcción. En segundo lugar, debemos resistirnos a las soluciones técnicas desde arriba y hacer un llamado a la acción colectiva que abarque disciplinas, movimientos, poblaciones y fronteras.

“Decirle la verdad al poder” exige comprender la naturaleza evolutiva del poder y las formas desiguales en que sostiene los abusos de los derechos humanos. 

Durante la pandemia de la covid-19, hemos visto niveles asombrosos de nihilismo de la salud pública en los Estados Unidos. Las herramientas probadas de la salud pública, desde el rastreo de contactos hasta el aislamiento y la cuarentena apoyados, se descartaron sumariamente como “demasiado tarde” y “demasiado difíciles” de implementar, a pesar de la evidencia de su utilidad en entornos de todo el mundo. Ni el gobierno federal ni la inmensa mayoría de los gobiernos estatales invirtieron pronto en reforzar los sistemas de salud pública, ya debilitados por décadas de falta de financiación. En su lugar, prevaleció la pasividad, lo que permitió que el virus invadiera las grietas y fisuras de la sociedad y dejó a los pobres y marginados a su suerte.

La llegada de vacunas seguras y eficaces para la prevención de la covid-19 ha inspirado esperanza en una época en la que esta es muy necesaria. Pero este optimismo se ve atenuado por las enormes disparidades en el acceso a estas herramientas y por la aparición de una narrativa nihilista que sostiene que los pobres de los países pobres deben ser pacientes y esperar su turno, que llegará cuando el resto del mundo esté vacunado.

El mecanismo COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud y sus socios para agrupar la adquisición y coordinar la distribución de las vacunas contra la covid-19, tiene como objetivo suministrar hasta el 20% de las necesidades en 92 países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, incluso este objetivo limitado puede estar ahora fuera de alcance gracias a las naciones ricas que han utilizado su poder económico y político para monopolizar el suministro mundial de vacunas. Algunos han recomendado, con razón, que los países ricos donen las vacunas sobrantes a los más pobres. Sin embargo, el “catastrófico fracaso moral” del nacionalismo de las vacunas refleja una injusticia mucho más profunda incrustada en nuestras estructuras de gobierno mundial. En el mundo rico perdura una mentalidad crudamente colonialista, institucionalizada en la economía política de la salud mundial, que hace hincapié en soluciones basadas únicamente en la caridad, mientras que oscurece las que están arraigadas en la justicia.

La forma más rápida de acelerar el acceso a las vacunas contra la covid-19 es aumentar drásticamente su suministro. Esto es eminentemente posible si se comparten los conocimientos técnicos y las estructuras de incentivos para su fabricación. El Fondo Común de Acceso a la Tecnología de la Organización Mundial de la Salud se diseñó para promover dicho intercambio, pero ha sido marginado por las empresas farmacéuticas y los gobiernos que han financiado gran parte de su investigación y desarrollo. Al momento de escribir este artículo, más de cien países han respaldado una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio renuncie temporalmente a las protecciones de propiedad intelectual sobre las vacunas, los diagnósticos y las terapias de covid-19, y la administración de Biden ha señalado su voluntad de entablar debates basados en textos sobre una renuncia a las patentes de las vacunas. El puñado de gobiernos que sigue bloqueando la exención en su totalidad está defendiendo un sistema de monopolios corporativos que no sirve a los intereses de la población de los países ricos y niega a los pobres del mundo el acceso a tecnologías clínicas que salvan vidas en medio de una pandemia mundial.

Al igual que nuestra respuesta inicial a la covid-19 se vio obstaculizada por las afirmaciones nihilistas de que era “demasiado tarde” para realizar pruebas rápidas y rastrear los contactos, ahora también estamos escuchando que es “demasiado difícil” aumentar la producción de vacunas para satisfacer la necesidad mundial. Esta supuesta imposibilidad carece de respaldo moral y empírico. El gobierno estadounidense es el único que tiene el poder de incentivar la transferencia de conocimientos técnicos y ampliar la capacidad de producción de vacunas de forma significativa a través de la Ley de Producción de Defensa, que ya ha utilizado a nivel nacional durante la pandemia.

En términos más generales, la pandemia ofrece una oportunidad para descentralizar la capacidad de fabricación en la salud mundial, para acercarnos a una redistribución del poder y los recursos, que debería ser el objetivo de los defensores de la salud y los derechos humanos. Como señala la profesora de derecho de Yale Amy Kapczynski, los enfoques transformadores de los derechos humanos requieren “prestar atención a los cambios estructurales necesarios para reformar nuestra economía política y proporcionar la infraestructura para una prestación justa, a nivel local y mundial, a la que la legalidad neoliberal se ha opuesto firmemente”.

Ya hemos pasado por esto. No hace mucho tiempo, los “expertos” defensores del statu quo sostenían que el suministro de terapia antirretroviral para el sida no era rentable ni viable en entornos de privación. Pero una amplia coalición de actores (activistas, médicos, científicos, sociedad civil y, sobre todo, personas que viven con el VIH) se negó a aceptar la prioridad de los beneficios sobre los pacientes y lideró un movimiento que consiguió las reformas políticas necesarias, cambió las instituciones sanitarias nacionales y mundiales (a la vez que catalizó la creación de otras nuevas) y puso los medicamentos contra el sida a disposición de millones de personas en el sur global. En el proceso, la coalición hizo una contribución monumental a la lucha más amplia por la equidad sanitaria mundial: elevó nuestra imaginación de lo que es posible cuando se rechaza el nihilismo en favor de una visión audaz de la justicia social.

Hoy, la covid-19 revela que debemos hacer algo más que crear programas verticales para mitigar el VIH o cualquier otra enfermedad. Debemos insistir en la existencia de sistemas sanitarios robustos (salud pública y asistencia) capaces de atender toda la carga de la enfermedad y de cumplir sus funciones como instituciones democráticas básicas, incluida la financiación pública progresiva de la salud y la protección social. Es mucho más probable que estos esfuerzos produzcan mejoras equitativas en la salud de la población que las iniciativas miopes de preparación para pandemias o la ayuda humanitaria esporádica durante las crisis.

Tomar en serio los derechos relacionados con la salud también exige que luchemos contra las dinámicas transnacionales en toda una serie de políticas que socavan sistemáticamente el bienestar de las poblaciones del sur global. No podemos limitar nuestra visión a los planes de transferencias interestatales de “ayuda”, que eluden las injusticias estructurales incrustadas en la dependencia centro-periferia, así como la historia de dominación colonial y neocolonial a través de la cual el norte ha prosperado a costa del sur. La amnesia histórica nubla nuestra capacidad para ver, y a su vez reparar, los legados perdurables de esta historia. El activismo de los derechos humanos debería centrarse en la reparación de nuestra economía política mundial, profundamente desigual, y en la reimaginación de la gobernanza internacional para permitir una Inversión Pública Mundial sostenida en ámbitos que van desde la salud mundial hasta la justicia climática.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: June 7, 2021

Alicia Ely Yamin es asesora sénior de derechos humanos de Partners in Health e investigadora sénior del Centro Petrie-Flom de Políticas Legislativas de Salud, Biotecnología y Bioética de la Facultad de Derecho de Harvard.

Paul Farmer es Profesor Universitario Kolokotrones de la Universidad de Harvard y cofundador y estratega jefe de Partners In Health.


 

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