Aunque tardó 18 meses más de lo previsto, la conclusión de las elecciones en Somalia en mayo de 2022 con un mandato para un nuevo gobierno supone un alivio. Este resultado llega en medio de desafíos muy importantes: puñetazos entre candidatos, disparos en el Parlamento y algunos enfrentamientos entre clanes. Sin embargo, a pesar de los persistentes temores de que el país vuelva a caer en la violencia a gran escala entre clanes, se mantuvo una paz relativa y frágil durante el tiempo suficiente para que se completaran las elecciones.
Para cualquiera que intente participar en el proceso de establecimiento del Estado de Derecho y de instituciones que funcionen en Somalia, esta conclusión señala la esperanza de que los responsables de la toma de decisiones vuelvan ahora a sus puestos y emprendan el gobierno que el país necesita de manera tan desesperada. Esta esperanza es importante sobre todo más allá de Mogadiscio, la capital del país. Las elecciones han resultado perjudiciales para las administraciones provinciales, ya que los funcionarios locales se han visto arrastrados sin poder evitarlo por los grupos de presión y la política, lo que los llevó a viajar a menudo a Mogadiscio durante largos períodos para participar en reuniones y dejar un vacío en la toma de decisiones local.
La última buena noticia es que, al final, el presidente en funciones no se mantuvo en el poder, a pesar de haber hecho varios movimientos que sugerían que lo intentaría. Esto indica que Somalia ha logrado, una vez más, un traspaso de poder más o menos pacífico de un presidente, lo que augura un buen futuro.
Sin embargo, el camino que queda por recorrer sigue siendo extremadamente difícil.
En lugar del sistema de una sola persona, un solo voto, el nuevo presidente fue elegido por 327 miembros del Parlamento (de 328; uno que se abstuvo), que fueron nombrados por un grupo de unos 4000 ancianos de clanes tradicionales. Sin el sufragio universal, continuará la incapacidad de los somalíes de a pie para exigir responsabilidades a los dirigentes. Por eso muchos en la comunidad internacional insisten en poner la palabra “elecciones” entre comillas en referencia a los procesos políticos somalíes.
A menudo se hace referencia a los problemas relacionados con el sufragio universal en Somalia, pero de hecho, lejos del gobierno central en Mogadiscio, algunos estados del sistema federal somalí están demostrando lo que es posible: por ejemplo, el estado de Puntlandia ha realizado elecciones locales con éxito mediante un sistema de una persona, un voto en algunos distritos en los últimos meses.
Aunque todos los ciudadanos somalíes se beneficiarían del sistema de una persona, un voto, las minorías podrían beneficiarse más que la mayoría. En la actualidad, los 4000 ancianos de los clanes y los 328 diputados se determinan únicamente sobre la base de un cálculo negociado de manera informal conocido como la fórmula 4,5. Según esta fórmula, cada uno de los cuatro clanes principales de Somalia obtiene dos novenas partes de los nombramientos políticos (incluidos los diputados) y el resto de las comunidades de clanes (todas las minorías) se benefician de la novena parte restante.
La fórmula no se basa en el número de habitantes —en algunas zonas, los miembros de los clanes minoritarios pueden ser la mayoría. Más bien, es el resultado del poder y el estatus social. La fórmula del 4,5 significa en la práctica que las minorías se reflejen como la mitad del valor de otras comunidades, lo cual refuerza el racismo, la discriminación y la marginación. El hecho de que esta experiencia continúe siendo una práctica electoral aceptada hace que se trate de un caso de discriminación estructural arraigada que derrota la idea de la dignidad igual e inherente de todos.
Mientras que muchas jurisdicciones tienen cuotas que pretenden aumentar la representación de los grupos marginados (en especial las mujeres, pero también en algunos lugares los grupos religiosos o de casta), lo que es chocante y posiblemente único en el sistema (supuestamente de transición) de Somalia es que los grupos más marginados reciben una cuota que es la mitad de la de los grupos relativamente privilegiados de la sociedad. Una práctica que parece ir en contra de todos los tratados o convenios internacionales importantes que prohíben la discriminación por motivos étnicos, pero que se mantiene en Somalia, nominalmente debido a la amenaza actual de un nuevo descenso en el conflicto generalizado si se revoca y sustituye el sistema actual.
Si bien la investidura del presidente Hassan Sheikh Mohamud contribuye a reducir el riesgo de conflicto y puede permitir una gobernanza eficaz, la celebración de otras “elecciones” sin sufragio universal, que paralizaron el Estado durante 18 meses, y que volvieron a decidirse sobre una base abiertamente discriminatoria (haciendo juego a las estrategias de reclutamiento utilizadas por los grupos radicales) dista mucho de ser ideal.
En este momento es difícil prever cómo se producirá el cambio. Está claro que un esfuerzo concertado de todos los somalíes con un espíritu de pragmatismo, junto con un apoyo renovado de la comunidad internacional, sigue siendo clave para enviar mensajes claros a los nuevos líderes para establecer una forma inclusiva y representativa de toma de decisiones políticas. Esta es la única garantía que asegurará que Somalia salga de la inestabilidad crónica a una situación en la que todos los somalíes, independientemente de su identidad de clan, puedan vivir en paz y armonía.