Foto:Fotos Mamana Photo Coletivo/Wikipedia
LGBTQ rights protest in Brazil June 2017
En el primer día de su presidencia, el nuevo dirigente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, expidió una serie de órdenes contra las minorías, incluida una que eliminó las cuestiones LGBTQ del ámbito del nuevo ministerio de derechos humanos del país. Esta medida no fue sorprendente dadas las afirmaciones anteriores de Bolsonaro, quien se había calificado a sí mismo como “homófobo orgulloso” y aseguró que sería incapaz de amar a un hijo gay (“preferiría que se muriera en un accidente”). Desde hace tiempo, su inclinación por el autoritarismo ha incluido la violencia contra los grupos marginados y debido a sus nuevas políticas, los ciudadanos LGBTQ de Brasil temen por su supervivencia.
Si bien aún no se conocen todas las repercusiones que tendrán las elecciones brasileñas para las personas LGBTQ, podemos buscar pistas predictivas en otros lugares de la región. De hecho, Bolsonaro no debe verse como un caso aislado de intolerancia individual, sino más bien como parte de una ola más amplia contra las minorías sexuales y de género que se está extendiendo por las Américas, incluidos los Estados Unidos, a medida que aumenta el poder político de los evangélicos.
La cantidad de iglesias evangélicas ha crecido de manera constante durante la última década, hasta representar casi el 20 % de la población de una América Latina que en otros tiempos fue fielmente católica. El auge de los evangélicos fundamentalistas, aliados con miembros de sectas católicas ultraconservadoras como el Opus Dei, forma parte de un nuevo populismo que hace coincidir a los partidos políticos de derecha y de centroderecha con las visiones homofóbicas y patriarcales de los fundamentalistas religiosos.
Uno de los resultados más problemáticos de este matrimonio político es el resurgimiento de un concepto fabricado: la “ideología de género”. Esta etiqueta falsa tiene sus raíces en la oposición del Vaticano a los esfuerzos internacionales emprendidos durante la década de los 1990 para expandir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A lo largo de los últimos años, los opositores de los derechos LGBTQ se han apropiado de ella para replantear las reivindicaciones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género como esfuerzos para imponer una “ideología” que subvertiría los roles de género tradicionales y destruiría a la familia. En América Latina, los activistas conservadores han usado este lenguaje para galvanizar a los votantes religiosos al avivar su temor a los avances con respecto a los derechos LGBTQ.
Hasta ahora, ha sido una estrategia sumamente eficaz.
En 2016, los colombianos rechazaron por un margen estrecho un acuerdo de paz que buscaba poner fin a más de 50 años de conflicto interno armado con las guerrillas de las FARC, luego de que los opositores lograran movilizar a los votantes con la ayuda de los fundamentalistas evangélicos y católicos. Los oponentes sostuvieron que una disposición del acuerdo de paz que reconocía específicamente a las víctimas mujeres y de la comunidad LGBTQ era evidencia de un complot para poner fin a las normas sociales arraigadas.
En Perú, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, fue acusado de promover una ideología de género por incluir discusiones sobre la igualdad de género en un plan de estudios actualizado. También se ha dado una movilización conservadora en oposición a las políticas para reducir la discriminación contra las mujeres y las personas LGBTQ en Ecuador, Panamá, Paraguay, Argentina y Colombia. Del mismo modo, en Costa Rica, el candidato presidencial Fabricio Alvarado, un predicador evangélico, destacó explícitamente su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo en su campaña. Aunque al final perdió las elecciones, logró utilizar la posibilidad de una ideología de género como arma para superar a sus contrincantes y ganar una pluralidad en la primera ronda de votación.
Y en Cuba, donde actualmente se está llevando a cabo un proceso de reforma constitucional, se eliminaron del proyecto de constitución las expresiones que habrían abierto la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, después de una intensa movilización pública contra el cambio impulsada por activistas vinculados con agrupaciones evangélicas en los Estados Unidos.
Hace poco tiempo, se había proclamado que América Latina era el escenario de una “revolución de los derechos gay”. Mucho antes de que la igualdad matrimonial se convirtiera en legislación nacional en los Estados Unidos, las victorias legislativas en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de las personas transgénero en Argentina y Uruguay, así como las sentencias judiciales que afirmaban los derechos de las personas LGBTQ en Colombia, Brasil y México, parecían indicar la marcha inexorable del progreso en la región.
Pero el tiempo de celebrar victorias ya pasó. El creciente poder político de los grupos evangélicos y el despliegue de la ideología de género como un grito de guerra para los fundamentalistas religiosos suponen una amenaza inminente para las vidas de las personas LGBTQ. Sus opositores han aprovechado las oportunidades políticas como el cambio constitucional, las negociaciones de paz y las elecciones presidenciales para movilizarse en contra de los derechos LGBTQ, y han desestabilizado a la región al debilitar las instituciones democráticas y alimentar la corrupción política mediante alianzas con los extremistas políticos.
Además, la retórica homofóbica, en muchos casos desde los más altos niveles de gobierno, refuerza el estigma contra las personas LGBTQ y autoriza la violencia contra estas comunidades ya vulnerables. Grupo Gay da Bahia, una organización de derechos humanos brasileña, informa que las muertes violentas de personas LGBTQ en Brasil alcanzaron un máximo histórico, con 445 víctimas de homofobia en 2017, un aumento del 30 % respecto al año anterior. En Colombia, donde el presidente Iván Duque nombró a funcionarios que son acérrimos opositores de los derechos LGBTQ como embajadores ante la Organización de los Estados Americanos y Francia, los asesinatos de personas LGBTQ siguen aumentando. De acuerdo con un informe de la agrupación de derechos LGBTQ Colombia Diversa, más de 100 personas fueron asesinadas en 2017.
En otras partes del hemisferio, se están realizando importantes esfuerzos para revertir el progreso de los derechos LGBTQ. En Chile, un proyecto de ley que promulga el matrimonio entre personas del mismo sexo ha estado paralizado en el Congreso desde 2017, y el presidente conservador Sebastián Piñera se ha opuesto públicamente a la iniciativa. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha tomado medidas para rescindir las protecciones para las personas LGBTQ en una variedad de ámbitos usando la “libertad religiosa” como pretexto, desde la atención médica hasta la seguridad escolar y el acceso a los baños, a la vez que intenta prohibir el servicio militar de los miembros transgénero de las fuerzas armadas.
A medida que las personas LGBTQ enfrentan amenazas y la reducción del apoyo a nivel nacional, los activistas han recurrido a las instituciones internacionales como un baluarte para evitar un mayor retroceso. El Relator Especial sobre los derechos de las personas LGBTI en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigila la situación de las personas LGBTQ en la región a través de audiencias públicas y visitas a los países. En particular, una opinión consultiva emitida en enero de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los Estados miembros deben extender la igualdad de matrimonio a las parejas del mismo sexo y que el derecho a cambiar los documentos identificatorios nacionales según la identidad de género de una persona está protegido en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sin embargo, estos avances por sí solos no pueden contrarrestar la ola de actitudes anti-LGBTQ que sigue en aumento. El progreso que tanto costó lograr para las personas LGBTQ por todo el continente americano sigue siendo frágil. Este momento exige una acción coordinada entre los activistas de la región para reforzar las protecciones a nivel nacional y fortalecer la capacidad de las instituciones internacionales para contrarrestar las políticas que perpetúan la violencia contra las personas LGBTQ. Es necesario que los financiadores, académicos, encargados de formular políticas, líderes empresariales y activistas defiendan la democracia en las Américas aprendiendo de las experiencias de los movimientos sociales anteriores, como las agrupaciones de derechos de las mujeres, al tiempo que reconocen los nuevos desafíos que plantean el crecimiento generalizado del populismo autoritario y el surgimiento de redes de fundamentalistas religiosos. La amenaza es demasiado grande y las consecuencias demasiado graves para dejarnos llevar por la autocomplacencia o permanecer indiferentes.