Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo se enfrentan a la crisis de financiación más grave de las últimas décadas, ya que los recortes en la ayuda, los retrasos en los pagos multilaterales y las leyes restrictivas dirigidas contra la sociedad civil están diezmando tanto sus recursos como su margen de maniobra.
La retórica autoritaria de la Administración Trump, la suspensión de USAID y el retraso en los pagos habituales a las Naciones Unidas han agravado la incertidumbre, aumentado el desempleo y elevado el riesgo de nuevas pérdidas de empleo. Las leyes sobre agentes extranjeros y otras medidas restrictivas de financiación en múltiples países agravan estas presiones financieras. Y estos factores no hacen más que sumarse a los retos de larga data que plantea la ayuda oficial al desarrollo (AOD): el apoyo financiero de los países desarrollados está plagado de ecos del colonialismo y otros defectos e ineficiencias históricos.
Las repercusiones de los recortes y las restricciones
Aunque los datos específicos sobre la financiación de los derechos humanos son limitados, podemos extraer conclusiones importantes de las tendencias generales de la AOD; las reducciones en la ayuda al desarrollo global significan, casi inevitablemente, reducciones en los recursos disponibles para la labor en materia de derechos humanos. El último informede la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) preveía una caída del 9 al 17 % en la ayuda oficial al desarrollo en 2025, tras un descenso del 9 % en 2024. Los recortes de Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos están impulsando este descenso, lo que supone la primera vez en casi 30 años que estas cuatro naciones reducen su AOD en el mismo año. El informe AidWatch de 2025 reveló que la UE y sus Estados miembros redujeron su AOD del 0,53 % del ingreso nacional bruto en 2023 al 0,47 % en 2024, y que los siete Estados miembros responsables de alrededor del 75 % de la AOD mundial habían anunciado o aplicado recortes.
Al mismo tiempo, las leyes restrictivas introducidas por diversos regímenes están reduciendo el espacio de la sociedad civil. Entre ellas se incluye una reciente oleada de leyes en Europa del Este, incluidas las que regulan a los agentes extranjeros y las subvenciones, y las que congelan las cuentas financieras de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Estas medidas afectan directamente al funcionamiento de las OSC, a su acceso a la financiación y a su colaboración con socios internacionales. Según el CIVICUS Monitor, solo 40 de los 198 países y territorios encuestados cuentan actualmente con lo que puede entenderse como un espacio cívico abierto, mientras que 81 se encuentran en las peores categorías de espacio cívico restringido o cerrado. Estas cifras reflejan actos represivos generalizados contra las libertades fundamentales.
¿Quién puede abordar el problema?
En respuesta a la crisis de la reducción del espacio cívico, muchas organizaciones de la sociedad civil, think tanks y redes de defensa se centran en construir coaliciones más sólidas como estrategia de resistencia y resiliencia. Resistir y recuperarse de los desafíos es importante, al igual que reestructurar y replantearse la administración y el uso de la financiación. Por ejemplo, el alto nivel de competencia entre las OSC por el acceso a los fondos en el actual entorno de donantes socava tanto la resiliencia general como la eficacia del trabajo en equipo. Esa competencia por el apoyo financiero compromete el carácter colaborativo esencial del trabajo en materia de derechos humanos.
Pero quizá no sea realista esperar soluciones de las OSC que ya se enfrentan a contextos autoritarios y crisis financieras. En algunos casos, estas organizaciones ya tienen restringida la aceptación de AOD. En su lugar, las fundaciones, los Estados y las organizaciones que otorgan subvenciones deben asumir la responsabilidad de transformar la labor en materia de derechos humanos ante el retroceso autoritario y los recortes presupuestarios. Estos grupos deben reevaluar cómo administran la financiación y los requisitos que imponen a los beneficiarios. Para los defensores de los derechos humanos que apenas pueden operar en regímenes autoritarios, la cuestión no es solo si pueden solicitar financiación, sino cuántas convocatorias tendrán que rechazar para no incumplir leyes restrictivas.
El camino a seguir
¿Qué pueden hacer las fundaciones, los Estados miembros y las organizaciones para abordar los retos de esta nueva realidad?
Un paso importante que pueden dar las fuentes de financiación es centrarse en comprender los contextos de los países y las necesidades reales. Cuando las organizaciones no pueden recibir subvenciones legalmente, las fundaciones pueden contratar proveedores de servicios y consultores en su lugar, todo ello sin comprometer la transparencia y la rendición de cuentas. En tal escenario, las organizaciones financiadoras, en lugar de las ONG beneficiarias de las subvenciones, asumen la mayor responsabilidad logística. Además, existe una clara necesidad de replantearse las subvenciones diseñadas en torno a la competencia y de incentivar la cooperación en su lugar. En lugar de estructurar los anuncios de subvenciones y las convocatorias de solicitudes en torno a la competencia y la rivalidad, los donantes podrían poner en primer plano el trabajo en equipo y la cooperación con otras ONG como criterio de evaluación y otorgar puntos adicionales a los solicitantes que demuestren una colaboración significativa.
También es esencial desarrollar mecanismos financieros que apoyen la capacidad organizativa.
Esto incluye dotar a las organizaciones y a los defensores de los conocimientos, el equipamiento y las medidas de seguridad y protección necesarios para llevar a cabo su labor. Los esfuerzos también deben dirigirse a fortalecer las organizaciones de derechos humanos que operan fuera de regímenes autoritarios. El apoyo debe centrarse en quienes trabajan directamente con los defensores locales de los derechos humanos y les prestan asistencia sobre el terreno, incluida la facilitación de reubicaciones de emergencia. Otra medida práctica consiste en gestionar las finanzas de los proyectos a través de las sedes centrales de las ONG y evitar transferir los fondos de las subvenciones directamente a organizaciones locales que tienen restringido el acceso a los recursos financieros.
Además, es importante no dar prioridad excesiva a ninguna región en particular. En su lugar, los enfoques intersectoriales y las evaluaciones concretas de las necesidades deben guiar el diseño de las cuotas y la asignación de recursos. Los criterios para anunciar la financiación de proyectos deben basarse en estas evaluaciones, en lugar de en la ubicación o las prioridades del donante, que pueden no coincidir con las necesidades reales de las OSC y las comunidades a las que sirven. Los donantes también deben evitar dar prioridad excesiva a otras áreas de política a expensas de la financiación de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen repercusiones a largo plazo y siguen siendo un elemento fundamental que sustenta todos los demás sectores y prioridades políticas, incluida la seguridad.
Por encima de todo, los Estados deben recordar que la cooperación internacional es un compromiso legal que asumieron al adherirse a convenios internacionales vinculantes y que, cuando reordenan sus prioridades, retiran la financiación o financian de manera ineficaz, socavan esa obligación.