En julio de 2020, según la ACNUR, la cantidad de personas refugiadas y solicitantes de asilo en el mundo sobrepasó los 30 millones, una cifra superior a la población de 187 países. En muchos países, sobre todo en el Sur Global, los flujos de migración reflejados en esta cifra han desbordado los procesos de determinación de la condición de refugiado. Aunque la cobertura de los medios se centra principalmente en los movimientos de refugiados hacia Europa y Norteamérica, la gran mayoría de los refugiados del mundo buscan protección en el Sur Global. Cuatro países en dicha región —Colombia, México, Sudáfrica y Uganda— han adoptado una variedad de métodos para proteger los derechos de los solicitantes de asilo que, de otro modo, se quedarían prácticamente sin protección. Y si bien no existe un modelo específico para este tipo de métodos, todo apunta a que los defensores deben adaptar su enfoque al contexto social, político y jurídico subyacente en el que trabajan. A continuación, describiré algunos de estos enfoques.
En Sudáfrica, los defensores de los derechos de los refugiados deben adaptar sus estrategias a una realidad de xenofobia extrema en las leyes, las políticas y la sociedad. Están muy conscientes de que su trabajo puede percibirse con escepticismo en un contexto social posapartheid en el que buena parte de la población (y muchos políticos y medios de comunicación) quiere que el Estado se concentre en las necesidades de los ciudadanos sudafricanos, en lugar de en los refugiados. Por lo tanto, los defensores se esfuerzan por utilizar derechos constitucionales (como el derecho a la educación o el derecho a trabajar) que conciernen a todos los sudafricanos y no solo a los solicitantes de asilo (quienes provienen, en su mayoría, de Zimbabue, la República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía y Burundi). Por ejemplo, una ONG está llevando a cabo una investigación sobre cómo las reformas a la Ley de Refugiados de Sudáfrica restringen los derechos de los solicitantes de asilo, especialmente el derecho a la educación. La investigación incluirá analizar métodos que adoptaron otros países para hacer efectivo este derecho. El resultado será la elaboración de un modelo de mejores prácticas que se podría utilizar para promover cambios a las políticas en Sudáfrica. Algunos de esos cambios podrían mejorar el acceso a la educación de calidad para todos los sudafricanos, y no solo para los refugiados o solicitantes de asilo.
Aunque la cobertura de los medios se centra principalmente en los movimientos de refugiados hacia Europa y Norteamérica, la gran mayoría de los refugiados del mundo buscan protección en el Sur Global.
En México, reformas recientes a la Constitución nacional otorgaron rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. A raíz de esta constitucionalización del derecho de los derechos humanos, los defensores de los refugiados han recurrido a diversas estrategias para garantizar que los refugiados y los solicitantes de asilo (que provienen en su mayoría de Centroamérica) reciban las protecciones que salvaguardan estos tratados —y ahora la Constitución. Las estrategias incluyen la labor de promoción en el ámbito legislativo y administrativo, una presencia activa en redes sociales, la presentación de quejas ante diversos órganos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, los litigios estratégicos y las investigaciones sobre el trato que reciben los no ciudadanos en el sistema de justicia penal mexicano. Algunos de los temas específicos en los que se centran estos grupos son la detención de inmigrantes, la atención médica y el alojamiento de los solicitantes de asilo. También abordan los peligros que enfrentan los solicitantes de asilo de Centroamérica y otras regiones que se ven obligados a permanecer en México mientras se procesan sus solicitudes en los Estados Unidos. La COVID-19 ha agravado todos estos problemas, por lo que el trabajo de las ONG se ha vuelto aún más difícil. En lo que respecta al litigio estratégico, la mayor parte del trabajo se ha centrado en el acceso al proceso de determinación de la condición de refugiado, más que en las normas jurídicas que rigen la resolución de las solicitudes de asilo.
Colombia constituye otro caso fascinante. Hasta hace muy poco, Colombia era un país de emigración neta más que de inmigración, ya que muchos de sus ciudadanos huían del conflicto armado que se extendió durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, muchos venezolanos han cruzado la frontera con Colombia. Esto ha superado la capacidad de su sistema de determinación de la condición de refugiado, el cual no cuenta con el personal ni con los fondos suficientes. En respuesta, los abogados de las ONG y las clínicas jurídicas universitarias han adoptado una variedad de prácticas, desde los esfuerzos de educación y divulgación, hasta los litigios estratégicos en virtud de la Constitución colombiana, la cual, como la mexicana y la sudafricana, contiene varias disposiciones de derechos humanos que, al menos en teoría, deben aplicarse tanto a los no ciudadanos como a los ciudadanos. Una ONG colombiana creó un manual de litigio estratégico para distribuirlo a los defensores de otros países.
El caso de Uganda presenta diferencias interesantes con respecto al resto del grupo. El país se ha convertido en una especie de modelo por su reconocimiento prima facie de los refugiados de Sudán del Sur, así como por sus políticas progresistas de reasentamiento de refugiados. Estas políticas han sido criticadas por ser menos eficaces en la práctica que en la teoría; sin embargo, revelan un contexto político y social subyacente que es menos hostil hacia los refugiados y los solicitantes de asilo que los de los países antes mencionados. En parte por esta razón, así como por una serie de dificultades para entablar litigios estratégicos en Uganda, los defensores se centran más en colaborar con el gobierno, mediante la capacitación sobre las leyes vigentes, que en desafiar sus políticas en los tribunales. Una ONG está trabajando en un estudio integral sobre el proceso de determinación de la condición de refugiado en Uganda. Utilizará la investigación para determinar cómo orientar a sus abogados y clientes mientras avanzan en dicho proceso. Esta investigación es especialmente importante porque las leyes y reglamentos escritos que rigen el asilo en Uganda no suelen coincidir con las experiencias que viven los solicitantes de asilo.
Gracias a una beca del Programa de Asociaciones Estratégicas de la Universidad de Minnesota, mi equipo de asistentes de investigación y yo pudimos colaborar con algunas ONG en estos cuatro países, y aprender de ellas. Hemos trabajado con estas organizaciones mientras formulan e implementan enfoques creativos ante las privaciones de derechos humanos que sufren los refugiados y solicitantes de asilo en cada país.
Estas colaboraciones también me han ayudado en mi investigación sobre la constitucionalización de las leyes de derechos humanos en estos países, en la que se basa el libro que publicaré próximamente a través de la Oxford University Press. En el libro, analizaré cómo los abogados en estos países —y en los Estados Unidos— utilizan las disposiciones sobre derechos humanos en las constituciones locales como parte de su labor de defensa. Estas disposiciones tienen mucho más peso en los tribunales nacionales que los instrumentos internacionales de derechos humanos. Han dado lugar a varias sentencias judiciales que defienden los derechos humanos de los no ciudadanos, sobre todo en Sudáfrica.
La constitucionalización del derecho de los derechos humanos en el contexto de la protección de los refugiados ha adquirido mayor importancia en años recientes. En una época en que el aumento del nacionalismo y la xenofobia en todo el mundo ha animado a muchas naciones receptoras de refugiados a ignorar (y a veces desdeñar) sus obligaciones internacionales de proteger a quienes huyen de la persecución, la constitucionalización de las leyes de derechos humanos permite que los defensores exijan el cumplimiento de esas obligaciones en los tribunales nacionales. El reconocimiento constitucional de las leyes de derechos humanos también ofrece a los defensores, como nuestros colaboradores en este proyecto, un fundamento para proteger los derechos humanos de los refugiados y los solicitantes de asilo de diversas maneras. Han emprendido campañas de información pública, programas de divulgación a nivel local y esfuerzos de incidencia en el ámbito legislativo, además de litigios estratégicos, para garantizar que los derechos constitucionales sean más que palabras vacías. En este sentido, nuestros colaboradores han demostrado que las protecciones de derechos humanos basadas en los tratados internacionales se vuelven mucho más poderosas una vez que se incorporan en las constituciones nacionales. Sus esfuerzos subrayan la necesidad de utilizar de forma más amplia y creativa la legislación constitucional sobre derechos humanos, para que esas leyes no se queden solo en el papel.