Activistas de Extinction Rebellion protestan en junio 2021 por la Gran Vía, en Madrid, para exigir que el Ecocidio sea reconocido como crimen internacional. EFE/ Rodrigo Jimenez
En diciembre de 2021, en La Haya, el órgano rector de la Corte Penal Internacional (CPI) celebró su reunión anual. Sin embargo, el acontecimiento más importante no figuraba en el orden del día oficial y no implicaba a Estados Unidos, China u otras grandes potencias. Se produjo en cambio en un “evento paralelo” designado por la República de las Vanuatu y el Estado Independiente de Samoa. Allí se definió un nuevo delito internacional: el ecocidio.
“Ha llegado el momento de aprovechar el poder del derecho penal internacional para proteger nuestro ambiente mundial”, afirma Philippe Sands, copresidente del grupo de expertos que redactó una definición jurídica de ecocidio.
El grupo define el ecocidio como “los actos ilícitos o sin sentido cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que causen daños graves y generalizados o a largo plazo al ambiente”. Si se promulga, esta ley sería una medida preventiva sustancial para detener algunos de los peores abusos climáticos del mundo. Como un académico que ha investigado los crímenes de guerra y ha trabajado con criminales de guerra, he visto de primera mano lo que ocurre cuando los autores creen que pueden actuar con impunidad, y cómo eso cambia cuando empiezan a temer el poder de la CPI.
La CPI se creó formalmente en 2002 para perseguir los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Hoy en día, cuando el cambio climático incontrolado se está convirtiendo en una amenaza generalizada y catastrófica para los derechos humanos básicos, una coalición cada vez mayor de personas y grupos —desde el Papa Francisco y Stop Ecocide International hasta los líderes independentistas de Papúa Occidental y la Red Internacional de Gobernanza Corporativa— están pidiendo a la CPI que responsabilice de manera penal a los infractores por los delitos contra el ambiente.
A medida que nuestro peligro ambiental se ha acelerado, se han empezado a acumular precedentes de esta acción aparentemente drástica. En 2015, el grupo ecologista neerlandés Urgenda Foundation demandó con éxito al gobierno de ese país por inacción ante el cambio climático. Este verano, el Parlamento francés aprobó la Ley sobre el Clima y la Resiliencia, que define el ecocidio como un delito castigado con hasta diez años de prisión y una multa de 22,5 millones de euros (25,8 millones de dólares). En diciembre, AllRise, un grupo de abogados especializados en el clima, presentó un expediente ante la CPI para investigar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad por “alimentar la destrucción masiva del Amazonas”.
El proceso para convertir el ecocidio en un crimen internacional es sencillo. El próximo mes de diciembre, en la Asamblea de Estados Partes (AEP) de 2022, cualquiera de los 123 países miembro puede proponer el proyecto de ley como una enmienda al Estatuto de Roma, que es el tratado que estableció la CPI. De los muchos candidatos a esta medida, varios son naciones insulares, como las Maldivas y las Islas Marshall, que ya están en peligro por la subida del nivel del mar debido al cambio climático. A partir de ahí, se requiere una mayoría de dos tercios en la AEP o en una conferencia de revisión para su adopción.
Será mucho más fácil lograr avances en materia de cambio climático en la CPI que en la Conferencia de las Partes anual de la ONU, las cumbres sobre el cambio climático de la ONU. El mundo tiene grandes esperanzas puestas en las COP anuales, pero como reveló dolorosamente el colapso de la COP26 en Glasgow en noviembre de 2021, un pequeño número de poderosas naciones contaminantes tiene la capacidad de hacer descarrilar ese proceso e impedir cualquier progreso real. En la Asamblea de la CPI, por el contrario, cada nación recibe un solo voto y los actores malos y poderosos no tienen poder de veto.
El mundo está preparado para esta ley, como revela la afligida respuesta global a los fracasos de los Acuerdos de París y la COP26. Sin embargo, el principal obstáculo en el camino del éxito es el tiempo. Ahora estamos en una etapa con el cambio climático en la que no tenemos ninguno. Y la historia del Estatuto de Roma muestra que las enmiendas pueden tardar años desde la primera propuesta hasta la ratificación final.
Sin embargo, algunos defensores sostienen que, en el caso de una enmienda por ecocidio, el tiempo puede ser una ventaja. Los comportamientos de las empresas empezarán a cambiar en cuanto un país presente una propuesta. Con la expectativa de que la nueva ley se promulgue en unos pocos años, las empresas podrían utilizar ese tiempo como período de transición para cambiar su forma de operar.
El principal obstáculo en el camino del éxito es el tiempo.
Las empresas propiedad de inversores como Chevron, Exxon, BP y Shell —que juntas han producido el 10% de las emisiones mundiales de carbono desde 1965— serán especialmente vulnerables a las acusaciones de comportamiento delictivo internacional. Incluso grandes potencias como Estados Unidos y China, que no se han adherido al Estatuto de Roma, no estarán libres del alcance de la ley. Los delitos cometidos en el territorio de los países miembros forman parte de la jurisdicción de la corte. No importa si los autores proceden de un país que no reconoce a la CPI. Los frenéticos esfuerzos de la administración Trump por deslegitimar una posible investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán sólo revelan lo grave que es la amenaza de tales cargos, incluso para una superpotencia.
En 2021, el ecocidio fue un espectáculo secundario para la CPI. El año que viene, con suficiente presión pública, será el evento principal. Y entonces la lucha contra el abuso climático podrá comenzar en serio.