Identificar la violencia contra los miembros de la comunidad LGBTQIA+ en contextos violentos y conflictivos requiere abordar las barreras sociales, culturales y legales a las que se enfrentan las víctimas que buscan ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación. En Colombia, el marco de justicia transicional que ofrece el Sistema Integral de Paz, incluido en el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), identifica diferentes tipos de violencia perpetrada contra las personas LGBTQIA+ y ha dado lugar a la creación de unidades especializadas y estrategias específicas para abordar el problema.
Un marco de justicia transicional para las familias sociales
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), uno de los tres organismos creados por el Sistema Integral de Paz, ha desempeñado un papel fundamental en la promoción del derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada. Si bien la UBPD no tiene mandato judicial ni facultad para sancionar, su labor es esencial para restaurar la dignidad de las víctimas, reconstruir la memoria histórica y la verdad, y recomponer el tejido social fracturado por la violencia. La consolidación de iniciativas como la Red Arcoíris de Búsqueda: Ciencias Forenses e Igualdad en la Búsqueda ha desempeñado un papel importante en el avance de la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente aquellas que pueden haber desaparecido debido a su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Los testimonios presentados por actores de la sociedad civil, en particular el equipo editorial del Informe Final de la Comisión de la Verdad y juristas de la Jurisdicción Especial para la Paz, sirvieron de base para el diseño del Sistema Integral de Paz. Algunas de las organizaciones de base participantes, Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá-MAFAPO, surgieron de estructuras de parentesco biológico y social. Este colectivo de madres de personas ejecutadas extrajudicialmente por agentes militares del Estado en el caso conocido como los 6402 falsos positivos ha denunciado de manera notable las desapariciones forzadas y otros actos de violencia masiva. Sin embargo, los marcos jurídicos proporcionados por los sistemas de justicia ordinaria y transicional no reconocen a los parientes sociales, incluidos los matronatos queer y trans, a pesar de su papel central dentro de las comunidades LGBTQIA+. Estas formas de parentesco social son especialmente significativas dado el frecuente rechazo de las personas LGBTQIA+ por parte de sus familias biológicas y las experiencias relacionadas de marginación, desplazamiento y ruptura familiar.
Estrategias de la UBPD para involucrar a las familias sociales en la búsqueda de personas desaparecidas
La UBPD ha desarrollado estrategias específicas para identificar a las personas LGBTQIA+ en las denuncias de personas desaparecidas y acepta y tramita las solicitudes de búsqueda presentadas por familiares sociales. Para esta labor de identificación de personas LGBTQIA+ desaparecidas es fundamental el desarrollo de algoritmos que permitan cruzar variables dentro de las grandes bases de datos de aproximadamente 135 369 personas desaparecidas durante el conflicto en Colombia. En muchos casos, estas bases de datos no contienen variables relacionadas con la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales (SOGIESC).
Otro reto importante es la falta de denuncias de personas LGBTQIA+ desaparecidas. El registro actual de la UBPD de 72 personas LGBTQIA+ desaparecidas se basa únicamente en las solicitudes de búsqueda presentadas, lo que deja a muchas personas sin contabilizar. Además, las categorías binarias de género y sexo biológico en el sistema de registro forenserepresentan no solo un desafío procedimental, sino también una violencia institucional contra los cuerpos y las identidades de las víctimas trans. Proyectos y alianzas como Hasta encontrar todos los colores del Arcoiris en Medellín y la región del Magdalena Medio (liderados por Caribe Afirmativo, Casa Diversa y Voces Diversas) han sido estratégicos para superar la falta de denuncias en zonas especialmente afectadas por el conflicto armado.
La falta de denuncias de personas LGBTQIA+ desaparecidas en las bases de datos en las que se basa la UBPD está relacionada con factores sociales, culturales e institucionales. Entre ellos se encuentran la normalización histórica de las desapariciones forzadas en el conflicto armado de Colombia y la persistente aceptación social de la violencia basada en prejuicios contra las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas.
La invisibilización de estas víctimas se ve agravada por la percepción de ineficiencia o indiferencia del Estado hacia la violencia que afecta a las poblaciones LGBTQIA+, así como por el miedo a denunciar los casos a las autoridades, especialmente en territorios donde siguen existiendo estructuras de control violentas.
Hacia una justicia transicional inclusiva para las víctimas LGBTQIA+
La justicia en Colombia depende en gran medida del acceso de las víctimas a los expedientes de los casos y del seguimiento legal activo. La persistente congestión judicial y la renuencia a castigar a los actores gubernamentales hacen que los casos avancen más rápidamente cuando las familias cuentan con representación legal o pueden ejercer presión pública. Sin embargo, la ley solo reconoce como víctimas a los parientes consanguíneos, excluyendo a las familias sociales LGBTQIA+. En contraste, la UBPD reconoce no solo a las familias, sino también a las «personas cercanas a los desaparecidos», en línea con los principios rectores emitidos por el Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, lo que permite que los amigos y las familias elegidas participen en la búsqueda.
La incorporación de formas marginadas de parentesco desafía no solo las concepciones tradicionales de la familia, sino también las concepciones predominantes de la ciudadanía. El reconocimiento de las familias sociales y las matronías queer y trans como actores legítimos dentro de los procesos de consolidación y establecimiento de la paz permite la construcción de un marco alternativo para la justicia territorial. Dicho marco se basa en enfoques ascendentes que se centran en las organizaciones de base como lugares clave para la producción de capital social, la participación democrática y la paz duradera.
La búsqueda de personas LGBTQIA+ desaparecidas va más allá de la recuperación o identificación de restos humanos. Se trata de un proceso integral destinado a transformar los enfoques forenses y los métodos de búsqueda. Las lecciones aprendidas y las normas y mecanismos desarrollados en el marco de la justicia transicional también deben transferirse al sistema judicial en general, comenzando por los niveles local y regional. Un ejemplo clave de este proceso es el reconocimiento del Comité LGBT de la Comuna 8 de Medellín como sujeto de reparación colectiva en 2016. Este fue el primer caso de este tipo en Colombia y sentó un importante precedente para el reconocimiento de las diferentes formas de violencia contra los cuerpos no normativos y el daño colectivo sufrido por las comunidades LGBTQIA+.
El reto central aquí es el desarrollo de políticas públicas capaces de integrar de manera significativa las demandas de la sociedad civil e involucrar a las poblaciones más marginadas en los procesos de justicia transicional. Garantizar enfoques participativos de abajo hacia arriba, implementados en estrecha colaboración con la sociedad civil, es esencial para lograr modelos sostenibles y legítimos de justicia social y paz a nivel local, nacional e internacional.
