El 26 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo de Pakistán cambió de forma discreta pero significativa la forma en que la ley entiende el daño dentro del matrimonio. En una sentencia redactada por la jueza Ayesha A. Malik, el Tribunal dictaminó que el abuso no se limita a la violencia física. El daño psicológico y emocional, la humillación, la intimidación, la coacción y el abandono también pueden constituir maltrato y ahora son motivos válidos para disolver un matrimonio.
Durante mucho tiempo, los tribunales se han negado a considerar estos daños y, en cambio, han tratado históricamente las lesiones visibles como la prueba más creíble de violencia. Con esta nueva sentencia, Pakistán ha acercado su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos, que miden el maltrato por su impacto en la dignidad, la autonomía y la seguridad, en lugar de por el daño físico.
Definición de abuso psicológico y por qué la ley tiene dificultades para nombrarlo
La Organización Mundial de la Salud describe el abuso psicológico como patrones de comportamiento tales como la humillación, la intimidación, las amenazas, el aislamiento y las acciones de control que dañan el bienestar mental y el sentido de identidad de una persona. Las investigaciones realizadas en la National Louis University y publicadas por Pakistan Social Sciences Review muestran que el abuso psicológico tiene efectos graves y duraderos, como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Con el tiempo, puede desgastar a una persona y minar su confianza, su capacidad de tomar decisiones y su independencia económica.
A pesar de ello, muchos sistemas jurídicos del sur de Asia siguen teniendo dificultades para definir claramente el abuso psicológico. Los tribunales suelen considerarlo menos grave que la violencia física o lo descartan como un asunto familiar privado, especialmente cuando no hay lesiones visibles. Las leyes suelen referirse a la «crueldad» sin detallar cómo se manifiesta el daño emocional o mental en la vida cotidiana. Esto hace que los jueces se basen en informes médicos, registros policiales o incidentes aislados que difícilmente muestran un abuso continuado.
El abuso psicológico no suele adoptar la forma de un único acontecimiento dramático, sino que se manifiesta a través de un menosprecio, una intimidación, una manipulación y un control repetidos y constantes que se acumulan con el tiempo. Los marcos jurídicos diseñados para responder a actos aislados de violencia física a menudo no reconocen estos patrones, lo que permite que el daño continuado quede sin abordar.
Por qué es importante para Pakistán y otros países del sur de Asia
Aunque en Pakistán es posible divorciarse por motivos de crueldad, la ausencia de normas claras dificulta la contabilización de los daños que no dejan marcas visibles. Esto refleja y refuerza la magnitud de la violencia doméstica en el país, ya que las sobrevivientes de abuso psicológico a menudo tienen dificultades para presentar casos legalmente convincentes ante los tribunales.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Pakistán, casi el 90 % de las mujeres pakistaníes sufrirán algún tipo de violencia doméstica a lo largo de su vida. Los datos de la Organización para el Desarrollo Social Sostenible registraron alrededor de 33 000 casos de violencia de género en 2024 y relacionaron más de 2000 de ellos con el maltrato doméstico. Dada la persistente falta de denuncias de la violencia dentro del hogar, estas cifras reflejan solo una fracción de lo que realmente ocurre.
La propia experiencia de Pakistán con la legislación sobre violencia doméstica muestra cómo el reconocimiento puede fallar sin la aplicación de la ley. La Ley de Protección de las Mujeres contra la Violencia de Punjab (2016) fue uno de los esfuerzos más ambiciosos del país para reconocer el abuso psicológico y económico y proporcionar centros de protección y recursos civiles. Sin embargo, años de desinterés político, mala coordinación y falta de recursos han hecho que la ley siga siendo en gran medida inaccesible para la mayoría de las mujeres.
La sentencia del Tribunal Supremo llega en un momento de renovado debate público sobre la violencia de género en Pakistán, marcado por casos de gran repercusión (por ejemplo, el asesinato de Noor Mukaddam) y una creciente defensa feminista. Esta oleada empodera a los tribunales inferiores con un lenguaje del que históricamente carecían y aumenta la importancia de cómo los tribunales evalúan la crueldad en los procedimientos de derecho de familia.
Los retos a los que se enfrenta Pakistán son comunes a toda Asia meridional. La Ley de Protección de las Mujeres contra la Violencia Doméstica de la India (2005) incluye el abuso emocional y verbal, pero los tribunales suelen seguir dando prioridad a las lesiones físicas. En Bangladesh, las leyes reconocen la tortura mental, pero su aplicación sigue siendo débil, especialmente fuera de los centros urbanos. El marco jurídico de Sri Lanka sigue vinculando en gran medida el abuso al daño físico. En toda la región, el patrón es constante: incluso cuando existen leyes que reconocen el abuso psicológico, la violencia visible sigue siendo la forma más creíble de daño.
En este contexto, la sentencia de Pakistán puede constituir un importante caso de prueba. Presiona discretamente a los sistemas jurídicos vecinos para que vayan más allá del reconocimiento simbólico y afronten la difícil tarea de hacer cumplir las protecciones contra el abuso.
Qué cambia y qué no
La sentencia tiene claras implicaciones en materia de derechos humanos. En primer lugar, proporciona a los tribunales inferiores un lenguaje procesable con el que antes no contaban. Ahora los jueces pueden nombrar el daño psicológico en lugar de descartarlo como un conflicto marital normal. En segundo lugar, ofrece a las sobrevivientes una forma de validación legal.
Pero el reconocimiento por sí solo no equivale a protección. Los tribunales de familia operan con una gran carga de trabajo, la policía carece de formación para identificar el abuso psicológico y los jueces siguen dando prioridad a las pruebas visibles. Sin formación, recursos y rendición de cuentas, esta decisión puede seguir siendo poderosa en principio, pero ineficaz en la práctica.
La pregunta, que resuena mucho más allá de Pakistán, es si los sistemas jurídicos están dispuestos a seguir escuchando cuando el daño no deja huellas.