Nuevas políticas para una nueva crisis

Los activistas de derechos humanos no tienen todas las respuestas a la pandemia, pero deberían centrarse en la protección de los más vulnerables, permaneciendo alerta ante los impulsos autoritarios.



Nathalia Aguilar/EFE


La vida está cambiando rápidamente, y es nuestra responsabilidad encontrar el lugar de los derechos humanos en esta era de excepción en la que nuestras decisiones individuales pueden matar a otros.

¿Qué pueden ofrecer los derechos humanos en estos momentos de crisis? Como punto de partida, seamos humildes. Investigadores y activistas de derechos humanos podemos tener algunas ideas, pero no tenemos todas las respuestas, posiblemente ni siquiera tengamos las respuestas a las preguntas más importantes. El análisis de políticas de derechos humanos no fue inventado para políticas que cambian radicalmente en cuestión de días o incluso horas.

Con la mitad de la humanidad confinada, parece claro que en muchos países hemos superado el umbral de la restricción legítima de algunos de nuestros derechos individuales. No me gusta el aumento de la presencia policial en las calles alrededor del mundo, menos aun el de militares. Todos queremos vivir en una sociedad libre. Pero también queremos vivir, y queremos que las personas más vulnerables tengan sus opciones de superarlo también. Para responder a esta pandemia eficazmente puede ser necesario limitar nuestros derechos a la libertad individual, la privacidad digital, la libertad de reunirnos en grupos y la libertad de movimiento.

Al mismo tiempo, sin embargo, algunos querrán utilizar este momento para poner a prueba políticas que no serían aceptadas por la ciudadanía en otras circunstancias. Gobernantes iliberales ya están dejando ver sus intenciones, y conforme vaya pasando el tiempo, líderes políticos tratarán de prolongar algunas de estas medidas en el tiempo. Llamarán al cierre de fronteras, a la geolocalización de la ciudadanía a través de teléfonos móviles, a la restricción de derechos de personas refugiadas y solicitantes de asilo, etc. La comunidad de derechos humanos debe seguir haciendo lo que sabe hacer mejor y resistir la instrumentalización de la pandemia por parte de los gobiernos para aplicar una “doctrina del shock”, aprovechándose de la crisis para vulnerar libertades.

Las limitaciones deben ser definidas de forma estricta en la ley, han de ser necesarias y proporcionadas, y estar sujetas a control democrático. No creo que sea necesario derogar nuestros derechos civiles y políticos formalmente, incluso de forma temporal, pero hacen falta restricciones, que deben ser implementadas. En crisis anteriores era importante mostrar a los terroristas que no iban a ser capaces de intimidarnos, que no iban a conseguir que renunciáramos a nuestros derechos. Esta crisis es diferente: El virus no escucha, no tenemos nada que enseñarle.

Aunque esta crisis nos está pasando a todos al mismo tiempo, no nos afecta a todos del mismo modo.

Aunque el virus y el confinamiento presentan retos importantes para el día a día de todas las personas, muchos podemos y debemos aceptar la limitación de algunos de nuestros derechos como una cuestión de responsabilidad. Sin embargo, aunque esta crisis nos está pasando a todos al mismo tiempo, no nos afecta a todos del mismo modo. Creo que necesitamos nuevas directrices para reenfocar nuestra atención sobre lo que los estados deberían hacer para proteger y realizar los derechos de las personas en pobreza y aquellas que corren más riesgo de sufrir daño, perjuicio y discriminación. Estas directrices podrían parecerse a los “Principios de Siracusa”, que detallaban las obligaciones de los gobiernos cuando limitan o derogan derechos civiles y políticos en circunstancias excepcionales. Nuevos principios podrían definir las obligaciones específicas y positivas de los gobiernos de proteger y realizar los derechos económicos y sociales en tiempos de emergencia.

Cuando las personas son compelidas a mantener cierta distancia entre ellas, a causa del aislamiento geográfico y social, algunas sufren más que otras. Junto con el transporte de bienes esenciales, la salud y los servicios sociales, los medios de comunicación públicos están demostrando que son un servicio indispensable. Del mismo modo, las redes sociales y el mundo en línea son imprescindibles para mantener a la gente conectada. La banda ancha universal y el derecho de acceso a internet son ahora más importantes que nunca.

En aquellos países con economías suficientemente avanzadas, las autoridades deben garantizar, entre otras cosas, un ingreso adecuado para quienes pierden su empleo, incluyendo en su caso una renta básica de emergencia, asegurándose también de que el puesto de trabajo será recuperado tras la crisis. Es preciso levantar las condiciones en el pago de prestaciones sociales, y los retrasos deben ser acortados drásticamente. La provisión de gas y electricidad debe ser garantizada de forma incondicional.

Los gobiernos están llamados a hacer uso del máximo de recursos disponibles para satisfacer los derechos socioeconómicos. Especialmente en tiempos de emergencia, esto debe incluir bienes y servicios de propiedad privada, como hoteles y hospitales privados. Los desalojos deben ser suspendidos, y hay que facilitar el aplazamiento del pago de alquiler e hipoteca, con requisitos adicionales para arrendadores corporativos. Responder a la pandemia de forma eficaz y justa requiere limitar el derecho a la propiedad privada por el interés general.

No puede pasársenos por alto el hecho de que los privilegiados están reclamando que el estado intervenga ahora que se sienten vulnerables. 

Políticos neoliberales parecerían socialistas convencidos desde la óptica del mes pasado. Gobiernos de todo el mundo han prometido una inversión de no menos de 4,5 billones de Dólares americanos, equivalente a la economía entera de Japón, o al PIB combinado de Francia e Italia. Además, las Naciones Unidas reclaman 2,5 billones de Dólares americanos para un paquete de ayuda al sur global, hacia donde se dirige el virus. Debemos asegurarnos de que el pago de esta factura no es legado en su totalidad a las generaciones futuras a través de deuda pública. Cuando pase la tormenta, los más ricos deberán ser llamados a pagar los impuestos de los que se han librado las últimas cuatro décadas. Su patriotismo y solidaridad serán puestos a prueba.

Este nivel de gasto público repentino no va a representar la nueva normalidad, y tampoco debería hacerlo, porque sería francamente insostenible. Sin embargo, no puede pasársenos por alto el hecho de que los privilegiados están reclamando que el estado intervenga ahora que se sienten vulnerables. La sociedad y el mercado parecen dispuestos a hacer un esfuerzo extraordinario, pero lo cierto es que muchas personas han vivido con bajos ingresos y condiciones de vida inseguras durante mucho tiempo. Las familias de ingresos bajos y medios han visto sus ingresos mermados por los recortes de una década de austeridad.

No podemos hacer como si no hubiera pasado nada y volver a la normalidad, signifique lo que signifique esa palabra tras esta experiencia definitoria de una época. Llegarán otras crisis y las sociedades más igualitarias estarán más preparadas para enfrentarse a ellas. ¿Qué podemos hacer con nuestras herramientas de políticas e incidencia para contribuir a revertir 40 años de fiscalidad regresiva, privatización de servicios públicos y disminución de derechos laborales?

Recordemos en el futuro la pandemia del Coronavirus como aquel tiempo en el que nos resguardamos, redescubrimos la generosidad y la responsabilidad, preservamos lo más valioso, y fuimos valientes respecto a lo que tenía que cambiar.

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: April 14, 2020

Koldo Casla es profesor, Centro de Derechos Humanos y Facultad de Derecho, Universidad de Essex, Reino Unido. Twitter: @koldo_casla.

 


 

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