El patriarcado en la pandemia: regulación, acceso y gobernanza en materia de derechos reproductivos

Las desigualdades estructurales en los derechos de las mujeres se ven exacerbadas por la pandemia y dejan a las mujeres pobres y racializadas más vulnerables a la negación de los derechos reproductivos.




La pandemia mundial de coronavirus ha puesto en peligro los derechos de salud en todo el mundo, de forma directa e indirecta. Debemos ser más conscientes de las repercusiones de esta crisis mundial en los derechos de salud reproductiva y sexual en función del género, sobre todo porque estos derechos humanos internacionales recién reconocidos son vulnerables a la regresión patriarcal y a la securitización nacionalista.  

Las Naciones Unidas están reconociendo gradualmente que los derechos reproductivos y el derecho al aborto seguro como parte integrante de la salud son esenciales para el derecho de las mujeres a la vida, la autodeterminación y la igualdad de género: comenzando por la Conferencia de El Cairo en 1994, las Medidas clave adoptadas por la Asamblea General en 1999 y, más recientemente, en la Observación general emitida en 2016  por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. No obstante, las condiciones y políticas de la pandemia suponen nuevas amenazas para los derechos reproductivos, entre ellas, una mayor vulnerabilidad a los embarazos no deseados relacionada con el aumento de la violencia doméstica durante los confinamientos, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, cuidados prenatales y servicios de aborto, y las políticas regresivas en materia de derechos humanos que han adoptado los gobiernos reaccionarios so pretexto de la crisis.  

Las desigualdades estructurales en los derechos de las mujeres y el acceso a la atención médica se vuelven más evidentes con la pandemia y la aplicación de políticas gubernamentales que hacen que las mujeres pobres —en especial las mujeres del Sur global y mujeres de color— sean las más afectadas por el patriarcado pandémico y más vulnerables a la negación de los derechos reproductivos

Un enfoque de derechos humanos que se centre en hacer efectivos los derechos en materia de salud sexual y reproductiva en estos tiempos necesita superar tres barreras que se derivan de esta forma de patriarcado pandémico. El acceso al aborto es especialmente urgente, ya que la interrupción segura del embarazo, por su propia naturaleza, debe ser oportuna. Mientras algunos gobiernos utilizan sus facultades reguladoras para restringir el acceso de las mujeres a los servicios de aborto, otros aplican las restricciones pandémicas a expensas del acceso a la salud reproductiva. Paralelamente, las alteraciones globalizadas de las cadenas de suministro de abortos médicos y la dependencia farmacéutica plantean desafíos más profundos en todo el Sur global, que están vinculados con la reducción del estatus de los derechos de las mujeres en materia de salud reproductiva al de servicio “no esencial”. 

El primer aspecto del patriarcado pandémico es el resurgimiento y la profundización de las restricciones gubernamentales al derecho de las mujeres a elegir, en el contexto de una falta de establecimiento de normas y supervisión de los derechos reproductivos que permite la reversión de los avances legislativos. Las restricciones y la falta de contrapesos constituyen una amenaza para el derecho a la vida de las decenas de miles de mujeres que mueren cada año debido a abortos inseguros.  

Polonia, que tiene una de las leyes sobre el aborto más restrictivas de Europa, ha aprovechado la crisis para aprobar limitaciones que habían sido rechazadas debido a las protestas de la sociedad en 2016. En los EE. UU., estados restrictivos que ya de por sí reducían la disponibilidad de las clínicas —como Ohio, Texas, Mississippi y Kentucky— han usado la pandemia para impedir los abortos quirúrgicos, clasificándolos como “servicios opcionales no esenciales” que están suspendidos debido a la crisis. El activismo jurídico está impugnando estas medidas. Asimismo, los EE. UU. han restringido la disponibilidad del aborto médico a nivel nacional gracias a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) clasificó la mifepristona como un medicamento recetado que solo se puede surtir en persona en un establecimiento clínico, a pesar de que los cierres por la COVID-19 imposibilitan esa clase de consultas. Recientemente, esta restricción dio lugar a una demanda por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). 

El segundo aspecto del patriarcado pandémico es la limitación del acceso a los servicios de aborto, incluso cuando dicho acceso es legal.  Por ejemplo, la Secretaría de Salud de México garantizó el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, en sus lineamientos de salud para la pandemia. Sin embargo, Sofía Garduño de Fondo MARÍA sostiene que a las mujeres que tienen que trasladarse a la Ciudad de México o a Oaxaca para un aborto quirúrgico se les está negando el acceso porque no pueden viajar, mientras que las restricciones de circulación locales hacen que sea casi imposible que consigan las pastillas para el aborto médico en las farmacias. Como afirmó GIRE, una organización feminista mexicana: “es un error suponer que solo por estar escritos los derechos, ya están garantizados”.  

Una respuesta a lo anterior ha sido la solidaridad entre proveedores de atención médica y organizaciones de la sociedad civil para fomentar redes que distribuyen pastillas abortivas a lo largo del país y capacitan sobre los procedimientos de aborto desde casa; otra ha sido fortalecer las redes de parteras (sobre todo entre las poblaciones indígenas). 

El último aspecto del patriarcado pandémico es consecuencia de la interacción entre los confinamientos y la alteración de las cadenas de suministro de medicamentos, y las dependencias farmacéuticas en un mercado global masculinista. En Kenia y Uganda se ha producido una escasez de pastillas para el aborto médico y otros suministros anticonceptivos porque dependen de la importación. Como explicó DKT International, un conjunto de paquetes destinados a Kenia se quedaron varados durante casi seis semanas en el aeropuerto de Nueva Delhi. Dado que la COVID-19 asestó un duro golpe al sector manufacturero en Asia, los confinamientos estrictos y las restricciones a la exportación e importación de productos farmacéuticos dejaron especialmente vulnerables a las mujeres que dependen de suministros de bajo costo que a menudo proceden de China.

Es un error suponer que solo por estar escritos los derechos, ya están garantizados.

En América Latina, donde el aborto es mayormente ilegal, pero se suele tolerar el uso de medicamentos abortivos más que el aborto quirúrgico, los proveedores en Brasil y Bolivia han dependido completamente de fuentes externas durante los últimos años. Por tanto, se han visto en dificultades para satisfacer la demanda de misoprostol durante la pandemia. En Brasil, el régimen patriarcal de Bolsonaro ha debilitado los esfuerzos de sus propios funcionarios de salud para proteger los derechos reproductivos durante la pandemia.  

Además, en América Latina, también existe una oposición al uso de fondos públicos para compensar los problemas de las cadenas de suministro, como explica la directora de Ipas para Centroamérica y México, porque los grupos conservadores consideran que el aborto y los medicamentos anticonceptivos son productos de lujo, y no una necesidad. Por ejemplo, se cuestionó al gobernador de Buenos Aires por comprar 80,000 pastillas de misoprostol para asegurar que el acceso no se viera interrumpido debido a la COVID, en lugar de invertir ese dinero en respiradores. 

A pesar de estas preocupantes barreras a los derechos reproductivos, está surgiendo una coalición de países que reconocen el problema y se comprometen a mantener los derechos de salud sexual y reproductiva durante la crisis. En una declaración conjunta patrocinada por 38 países de todos los continentes, en nombre de 59 países (pero excluyendo a EE. UU., Rusia, China e India, entre otros), se reconoció la necesidad de salvaguardar los derechos en materia de salud sexual y reproductiva en el marco de las medidas restrictivas destinadas a limitar la propagación del virus en todo el mundo.  

Irónicamente, los países que apoyan estas normas globales incluyen algunos de los mencionados arriba, que aún batallan con sus prácticas a nivel nacional, como México y Argentina. Aunque cabe mencionar que en ambos casos se perciben señales de cambio. Los signatarios recordaron a los líderes mundiales el papel central de una cobertura de salud universal, en la cual los servicios de salud sexual siguen siendo esenciales para salvar vidas. Además, los derechos de género a nivel mundial promueven la cooperación, y las ONG fomentan la cooperación internacional basada en los derechos para compensar las alteraciones provocadas por la pandemia y las disparidades de recursos en el acceso a los medicamentos reproductivos.  

En general, la mejor respuesta es el reconocimiento mundial de los derechos integrados en materia de salud y el empoderamiento de las parteras, enfermeras y personal de salud comunitario que establecen vínculos entre la salud de las comunidades y la salud sexual y reproductiva. Reforzar los derechos reproductivos es fundamental para desacreditar las narrativas que utilizan el pánico en materia de salud como una manera de revertir los esfuerzos globales para crear derechos de salud indivisibles que tengan en cuenta múltiples sistemas de opresión con base en el género, la raza, la discapacidad, la pobreza y el estatus migratorio.   

Los derechos humanos pueden servir de contrapeso al patriarcado pandémico a través de un mayor reconocimiento de los derechos reproductivos y su interseccionalidad, una labor de defensa y promoción a nivel nacional y mundial, una mayor traducción y movilización de las iniciativas populares por los derechos de salud y un aumento de la atención a las desigualdades económicas y sociales que interrumpen el ejercicio de los derechos en la práctica.

 


Este artículo es parte de una serie publicada en colaboración con la Iniciativa Young sobre la Economía Política Global del Occidental College, la división de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto sobre Desigualdades en Salud Global de la USC. Se deriva de un taller realizado en septiembre de 2019 en Occidental sobre “Conversaciones globales transversales sobre los derechos humanos: interdisciplinariedad, interseccionalidad e indivisibilidad”.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: September 15, 2020

Alison Brysk es la profesora Mellichamp de Gobernanza Global en la Universidad de California, Santa Bárbara.

Miguel Fuentes Carreño es un candidato doctoral de la UCSB, con sede en México, que ha trabajado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).


 

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