Entre avances y contraataques: la protección de los derechos sexuales y reproductivos

¿Qué valor tienen los derechos humanos para el avance de las protecciones relacionadas con la sexualidad en la época actual?



 Manifestantes portan carteles durante una protesta feminista hoy, en una de las principales avenidas de Ciudad de Panamá (Panamá). El movimiento "Las Ollas vacías de Panamá" reclama al estado panameño por la negligencia y la falta de medidas con perspectivas de género para enfrentar la pandemia de covid-19. EFE/Bienvenido Velasco


En los últimos años se han registrado avances sin precedentes con respecto a los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo, tanto a nivel social como jurídico. El cambio desde el estigma social y la invisibilidad absolutos a una mayor visibilidad pública y a la protección de los derechos a lo largo de unas pocas décadas en países de todo el mundo ha sido simplemente asombroso. Basta con tener en cuenta la cifra récord de países que han despenalizado la homosexualidad; el creciente reconocimiento de la agresión sexual como un delito grave, independientemente de dónde se cometa y contra quién; la despenalización del sexo heterosexual fuera del matrimonio para personas mayores de 18 años; la flexibilización de las restricciones que limitan el acceso a los servicios de aborto y anticoncepción, así como el reciente cambio a la Clasificación Internacional de Enfermedades que traslada la salud transgénero del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento a un nuevo capítulo sobre salud sexual.  

Al mismo tiempo, el contraataque, que es enorme y sigue creciendo, a veces parece una avalancha. Esta ofensiva incluye la violencia autorizada o tolerada por el gobierno con base en la orientación sexual o identidad de género real o percibida de las personas, las expresiones abiertas de homofobia y transfobia por parte de los funcionarios gubernamentales, así como la reducción de los compromisos con la educación integral sobre sexualidad, el acceso al aborto y otros derechos reproductivos en todos los continentes. Junto con estas acciones de los gobiernos, se producen ataques ideológicos más amplios contra la igualdad de género y la sexualidad, un mayor conservadurismo, una falta de confianza o de apoyo al multilateralismo y un aumento de las tendencias fascistas y la ira populista en general.  

Esta desconexión, y las oportunidades para lograr sinergias, son lo que motiva esta serie. ¿Cuál es el valor de los derechos humanos para el avance de las protecciones relacionadas con la sexualidad en la época actual? Como mostrarán los artículos, las leyes son fundamentales, pero el llamamiento a la organización y la movilización de los derechos humanos, más allá del estado de derecho, llega mucho más lejos gracias a su potencial para reunir a varios movimientos sociales. Como destacan los autores, los derechos humanos —construidos a partir de la teoría y la práctica a nivel mundial— funcionan en dos sentidos: como una práctica con base jurídica y como un acto de imaginación política radical.  

Por lo general, ya se reconoce que la sexualidad, así como la capacidad de las personas de manifestar su sexualidad con consentimiento, es una cuestión de derechos humanos; no obstante, se encuentra inmersa en una gran variedad de valores, actitudes y normas culturales, y es rehén de las realidades económicas, sociales, jurídicas y, sobre todo, políticas. Esta serie pone de manifiesto la necesidad de analizar más a fondo toda la arquitectura social que puede respaldar los derechos reproductivos y sexuales, y de interactuar plenamente con los contextos económicos, sociales, culturales y políticos que subyacen a la expresión abstracta de los derechos.

¿Cuál es el valor de los derechos humanos para el avance de las protecciones relacionadas con la sexualidad en la época actual?

Sobre todo en los últimos meses, estas realidades se han revelado de nuevas maneras. Incluso en estos tiempos de COVID, parece que los derechos sexuales y reproductivos no dejan de sufrir ataques por parte de gobiernos y movimientos de derecha, a pesar de que siguen ocupando un lugar prioritario en la ampliación del entendimiento y las protecciones de derechos humanos en el mundo entero. Como nos recuerdan los autores de esta serie, la COVID-19 pone en riesgo no solo la salud, sino también los derechos humanos a nivel mundial, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y tenemos que reconocer y afrontar el hecho de que, a pesar de los avances recientes, estos derechos son especialmente vulnerables a sufrir una regresión.  

A pesar de que existen protecciones jurídicas adecuadas a nivel nacional e internacional en casi todos los países del mundo, hay que tener en cuenta lo siguiente: el creciente uso del poder policial para hacer cumplir las órdenes de confinamiento, a menudo a expensas de las personas que deben apoyar, lo que resulta en un aumento de la violencia a nivel nacional; un acceso cada vez más limitado a los métodos anticonceptivos, cuidados prenatales y servicios de aborto porque no se consideran “servicios esenciales”, y las maneras en las que la COVID-19 sirve de pretexto para que los gobiernos autoritarios adopten políticas regresivas en materia de derechos.  

Se puede tomar como ejemplo el caso de Hungría, donde se usó la COVID-19 para justificar la aprobación de una ley que impide que las personas que no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer cambien su marcador legal de género para reflejar su identidad. O el caso de los Estados Unidos, donde tanto el mayor proveedor de servicios de aborto del país como varias organizaciones cristianas antiaborto recibieron millones de dólares en fondos de estímulo por el coronavirus; pero a los grupos activistas cristianos se les perdonará la deuda, mientras que los que proporcionan atención de salud reproductiva tendrán que reembolsar el dinero

Otro ejemplo que ilustra especialmente bien estas tensiones es el cambio reciente en Gabón, cuyo senado despenalizó las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo a principios de julio, con lo que pasó a formar parte de la cada vez mayor cantidad de países que han eliminado leyes penales que atacan y discriminan a lesbianas y gays. Pero es preciso aclarar que el párrafo 5 del artículo 402, el artículo que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo —con una pena máxima de seis meses en prisión y una multa de cinco millones de francos de la comunidad financiera africana (CFA)— apenas se introdujo en el nuevo Código Penal de Gabón en julio de 2019. Es decir, no se trata de un caso con antecedentes prolongados, lo que ofrece un ejemplo particularmente claro de la interacción entre las leyes, la política y otros factores que dan lugar a la concesión y retirada arbitraria, y a menudo arrogante, de las protecciones a los derechos relacionados con la sexualidad, con repercusiones muy reales en la vida de las personas.  

Todo esto apoya la idea de que los derechos sexuales y reproductivos ofrecen una perspectiva importante para reflexionar sobre cómo los derechos humanos evolucionan de manera más general dentro y fuera de los espacios institucionales (es decir, vinculando lo civil y político con lo económico, social y cultural), así como las formas en que las interacciones entre las realidades vividas y las esferas jurídica, técnica y política permiten el desarrollo y la transformación de las normas y estándares de derechos humanos. Esto puede deberse a que los derechos sexuales y reproductivos denotan cosas muy distintas para actores diferentes en contextos diferentes y muestra cómo incluso un mismo actor puede adoptar un enfoque amplio o uno restrictivo en función de la naturaleza de su preocupación por temas específicos (desde el aborto hasta el trabajo sexual).  

En muchos casos, el origen de la resistencia se encuentra en la reivindicación de interpretaciones radicalmente diferentes (y en el temor) de lo que incluyen los “derechos sexuales” o los “derechos reproductivos” y, por lo tanto, de las obligaciones que reconocerlos podría suponer para los Estados y otros actores. Quizás sea por esta razón, más que cualquier otra, que la resistencia a los derechos sexuales y reproductivos proviene no solo de los “sospechosos habituales”, sino incluso de algunos estudiosos de los derechos humanos tradicionales. Lo que resulta evidente en los debates actuales es que incluso aquellas personas con una visión aparentemente amplia en un ámbito pueden no tener esa misma amplitud de perspectiva cuando se trata de otros temas.

El hilo común de estos artículos es que todos muestran cómo los marcos de derechos pueden ayudar a revelar, evaluar e impugnar sistemáticamente las desigualdades relacionadas con el sexo, la sexualidad, la reproducción y, en última instancia, la salud y el bienestar de todas las personas.  

En un ejemplo particularmente revelador, descrito en un artículo de esta serie, Argentina es uno de los países más avanzados en cuanto a la inclusión de la atención médica relacionada con la transición de género para las personas trans en la legislación, así como las posibilidades de cambiar legalmente de nombre y género, pero el aborto inducido sigue siendo un delito. Todo esto limita la interacción provechosa entre los esfuerzos para apoyar los diferentes aspectos de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y los derechos humanos en general, y estimula la falta de confianza o colaboración que todavía existe entre los diferentes ámbitos políticos de los movimientos, lo que incluye a los movimientos de derechos de las mujeres, derechos transgénero, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las lesbianas y gays, y salud y derechos reproductivos.  

Inspirada por esta colección y el trabajo de sus autores, concluyo observando que las normas de derechos humanos ofrecen un referente, pero su mera articulación, aunque esencial, dista mucho de ser suficiente. Es fundamental armar una resistencia más fuerte, activa y organizada contra la regresión respaldada por el Estado y, en específico, con respecto al género, la raza y la igualdad, para todas las identidades. El hilo común de estos artículos es que todos muestran cómo los marcos de derechos pueden ayudar a revelar, evaluar e impugnar sistemáticamente las desigualdades relacionadas con el sexo, la sexualidad, la reproducción y, en última instancia, la salud y el bienestar de todas las personas. Esto nos lleva, entonces, a una pregunta crucial: ¿de qué manera estos diferentes enfoques sobre los derechos reproductivos y sexuales pueden incitar a los organismos de derechos humanos, académicos y activistas no solo a comprender mejor los límites del discurso y las protecciones actuales para todas las personas, sino también a lidiar con ellos?  

 


Este artículo es parte de una serie publicada en colaboración con la Iniciativa Young sobre la Economía Política Global del Occidental College, la división de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto sobre Desigualdades en Salud Global de la USC. Se deriva de un taller realizado en septiembre de 2019 en Occidental sobre “Conversaciones globales transversales sobre los derechos humanos: interdisciplinariedad, interseccionalidad e indivisibilidad”.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: September 8, 2020

Sofia Gruskin dirige el Instituto sobre Desigualdades en Salud Global de la USC. Es profesora en la Facultad Keck de Medicina y la Facultad Gould de Derecho de la Universidad del Sur de California. Está en Twitter: @SofiaGruskin.


 

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