La protección de las trabajadoras migrantes en las cadenas de suministro de alimentos durante la COVID-19

España ha hecho caso omiso de los derechos de las trabajadoras de temporada durante la pandemia, siempre y cuando se satisfagan las necesidades de mano de obra y se mantenga el suministro de alimentos; ¿qué puede motivar al gobierno a tomar medidas?



Las primeras 1.200 temporeras marroquíes del grupo de 7.100 atrapadas en la provincia de Huelva por el cierre de las fronteras tras la crisis del coronavirus tras trabajar en la campaña fresera, regresan este sábado a su país, en un barco que las llevará desde el Muelle Sur de Huelva al puerto de Tánger Med. EFE/ Julián Pérez


La pandemia de COVID-19, como todas las crisis, tiene repercusiones evidentes para las mujeres y niñas; entraña el riesgo de exacerbar las desigualdades de género preexistentes y otras desigualdades interrelacionadas ahora y en el futuro. Antes de la pandemia, las trabajadoras migrantes que cosechan frutos rojos en España sufrían una variedad de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ahora, la crisis ha puesto de manifiesto la discriminación estructural que enfrentan estas mujeres, destacando que la pandemia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres que ya de por sí sufren marginación. A menos que se protejan sus derechos, se escuchen sus voces y se satisfagan sus necesidades, se verán aún más privadas de justicia a consecuencia de esta crisis. 

Las trabajadoras de temporada en el sector agrícola en España 

Pese a que casi la mitad de las personas trabajadoras migrantes del mundo son mujeres, los Estados y empresas han tomado muy pocas medidas para reconocer y combatir las violaciones específicas que sufren las trabajadoras migrantes, como las condiciones de trabajo discriminatorias, el abuso sexual, el acoso sexual y la violencia física. Además, dado que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector de la mano de obra migrante, y dado que la discriminación por motivos de género se entrecruza con factores como la raza, los factores socioeconómicos y el estatus migratorio, las trabajadoras migrantes suelen sufrir violaciones de sus derechos humanos en formas que son exclusivas de su género. 

Las mujeres marroquíes contratadas cada año para ayudar en la cosecha de fresas en el sur de España se han convertido en un emblema de las violaciones de derechos que sufren las trabajadoras migrantes de temporada. Aunque se dice que la explotación sistemática de las trabajadoras migrantes en Huelva ha ocurrido durante muchos años, no fue sino hasta 2018 que los informes sobre condiciones laborales de explotación, maltrato físico, agresiones sexuales y racismo recibieron más atención. Lamentablemente, estas experiencias son un ejemplo paradigmático del nexo entre el género, la migración y las violaciones empresariales de los derechos humanos, y demuestran que ciertos modelos comerciales impulsan la explotación laboral. 

Los derechos de las trabajadoras migrantes en tiempos de COVID-19

Para la temporada 2019-2020, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inmigración de España autorizaron que se contratara a 20,195 trabajadoras de Marruecos para la temporada de cosecha de fruta, lo que representa solo una pequeña parte de las 90,000 personas que suelen ser necesarias para cosechar frutos rojos en España. A pesar de pertenecer a un grupo minoritario, las mujeres marroquíes constituyen la mayor parte de las personas que se dedican a la extenuante tarea física de recolectar frutos rojos. 

Durante el reciente “estado de alarma”, el gobierno español clasificó a la población trabajadora agrícola como “personas trabajadoras esenciales” para garantizar la continuación del suministro de alimentos. Sin embargo, debido al cierre de la frontera entre España y Marruecos, que se acordó el 12 de marzo de 2020, la carga de la cosecha ahora recae en las 7,028 mujeres marroquíes que llegaron a España antes del cierre —muy lejos de la cantidad de personas necesaria para llevar a cabo la cosecha. Además, como se ha reportado que estas trabajadoras de temporada no están recibiendo el equipo de protección personal adecuado durante su trabajo, han surgido inquietudes sobre una posible transmisión acelerada de la COVID-19 dentro de esta comunidad.

Ahora, la crisis ha puesto de manifiesto la discriminación estructural que enfrentan estas mujeres, destacando que la pandemia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres que ya de por sí sufren marginación.

A principios de abril, dada la falta de mano de obra suficiente, el gobierno español acordó flexibilizar las condiciones de contratación para evitar la falta de oferta. Conforme se avanzaba lentamente hacia la suspensión de las medidas de confinamiento, se exploró la posibilidad de trasladar a las trabajadoras de temporada de Huelva a otras provincias para garantizar la existencia de mano de obra suficiente para el sector agrícola, sin importar las repercusiones que esto pudiera tener para la vida de las mujeres en cuestión. Si bien esta posibilidad no se concretó finalmente, es una señal más de que el Estado español ha hecho caso omiso de los derechos de las trabajadoras de temporada durante la pandemia, siempre y cuando se satisfagan las necesidades de mano de obra y se mantenga el suministro de alimentos.

El trabajo temporal o estacional que suelen realizar las mujeres migrantes no ofrece protecciones por desempleo, y estas mujeres a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales, incluida la atención médica. Además, se dice que alrededor del 50 % de las personas migrantes que viven en asentamientos informales en la región trabajan en los campos de frutos rojos de Huelva. Como señaló el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza en su visita a España en enero de 2020, las pésimas condiciones de vida en ese lugar son comparables a las de los peores asentamientos informales en el mundo, sin acceso directo al agua, electricidad ni saneamiento adecuado. La situación no hizo más que empeorar durante el estado de alarma, cuando los habitantes de estos asentamientos se vieron obligados a resguardarse durante la pandemia en estas condiciones insalubres y sin posibilidades de buscar empleo. 

El futuro: un enfoque más sostenible

Antes de la pandemia de COVID-19, el panorama para las mujeres migrantes que trabajan en los campos de fresa era sombrío. Es claro que esta situación novedosa y sin precedentes conlleva toda una serie de nuevos desafíos que exigen una respuesta inmediata. Por ejemplo:

  1. El hecho de que se hayan contratado menos mujeres para realizar el mismo trabajo, junto con la inaccesibilidad de las protecciones (incluidos los servicios de atención médica o el acceso a los recursos) y la falta de control suficiente por parte de las autoridades, hace muy probable que las trabajadoras migrantes estén expuestas a condiciones de explotación laboral aún más graves que en los años anteriores.

  2. Es posible que cada vez se emplee a más migrantes sin documentación, que son particularmente vulnerables a la COVID-19 debido a las condiciones en las que viven y a la imposibilidad de acceder a la atención médica y otros servicios esenciales, sin que se les garanticen sus derechos.

  3. La ausencia de medidas de seguridad en el trabajo, combinada con la falta de acceso a la atención médica y las condiciones de hacinamiento, pueden dar lugar a un brote importante de COVID-19.

A través de nuestra reciente publicación, A Guide for Europe: Protecting the rights of women and girls in times of the COVID-19 pandemic and its aftermath (Una guía para Europa: la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en tiempos de la pandemia de COVID-19 y sus secuelas), Women’s Link Worldwide, Amnistía Internacional y la International Planned Parenthood Federation pedimos a los Estados europeos que tomen medidas para garantizar que se sigan respetando y protegiendo los derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia de COVID-19 y después de esta. Dado que las mujeres, en especial las mujeres migrantes, están sobrerrepresentadas en el sector laboral informal, destacamos la importancia de tomar en cuenta el género dentro de los planes de contingencia para la pandemia. Es vital que los Estados consideren específicamente a las mujeres migrantes en su respuesta a la COVID-19, a fin de garantizar que todas las mujeres sigan teniendo acceso a servicios esenciales como la atención médica (sobre todo los servicios de salud sexual y reproductiva) y que se sigan respetando los derechos laborales de las personas migrantes en ocupaciones esenciales, como las trabajadoras migrantes en Huelva, durante la pandemia.

El 2 de junio, Women’s Link Worldwide presentó un llamado urgente a los relatores especiales de las Naciones Unidas, en el que pone de relieve cómo la pandemia de COVID-19 exacerba las violaciones de derechos que han sufrido a lo largo de la historia las mujeres migrantes marroquíes y otros trabajadores migrantes. Atendiendo rápidamente a este asunto, varios de los relatores ya dieron una respuesta inicial, en la que enfatizan la necesidad de que los Estados tomen medidas para garantizar la protección de los derechos de los migrantes. 

No cabe duda de que es positivo que exista un modelo que haga posible que las mujeres migrantes viajen a España para aprovechar oportunidades laborales dentro de un marco legal, pero no se puede permitir que estos sistemas sigan funcionando como de costumbre, a costa de los derechos humanos de las trabajadoras. Las soluciones no deben limitarse a reaccionar ante las desigualdades que quedaron expuestas como parte de la pandemia actual. En cambio, las soluciones sostenibles deben ver más allá de esta crisis para garantizar la protección de los derechos a una escala más amplia, tomando en consideración los efectos diferenciados para las mujeres y las niñas, sobre todo para quienes enfrentan formas de discriminación persistentes e interrelacionadas.


Este artículo es parte de una serie de publicaciones de blog centrada en las dimensiones de género en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. La serie es un esfuerzo conjunto del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el Instituto Danés de Derechos Humanos y OpenGlobalRights. Las opiniones que se expresan en la serie corresponden a los autores. Para obtener más información sobre las últimas noticias y recursos sobre el género, las empresas y los derechos humanos, visite este portal.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: August 14, 2020

Aintzane Márquez Tejón es abogada sénior en Women’s Link Worldwide. Tiene una maestría en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III en Madrid (España) y es estudiante de doctorado en la misma universidad, donde investiga la responsabilidad empresarial por las violaciones de derechos humanos. Antes de unirse a WLW, trabajó durante siete años como abogada en el departamento de derecho penal del despacho jurídico Garrigues (España).

Hannah Wilson es abogada en Women’s Link Worldwide. Es licenciada en Derecho Europeo por la Universidad de Exeter (Reino Unido) y maestra en Derecho por la Universidad del Sarre (Alemania).


 

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