Los activistas polacos deben luchar por derechos que ya están garantizados en su Constitución

La comunidad democrática en Polonia se ve amenazada, pero los activistas y jueces que usan la Constitución para hacer frente al gobierno y luchar por los derechos humanos están pagando un precio muy alto.


By: Małgorzata Szuleka
October 23, 2019

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Foto: Sakuto/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)


La crisis constitucional polaca que se ha estado desarrollando desde 2015 entraña graves amenazas para los logros en materia de derechos humanos que tanto costó conseguir en los últimos 30 años. En lugar de promover las normas democráticas, la comunidad democrática de Polonia se ha visto obligada a volver al punto de partida, en una nueva lucha por los principios básicos ya consagrados en la Constitución.

La Constitución de Polonia se aprobó en el referéndum nacional de 1997. Aunque aún es bastante joven, prometía un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Después de la caída del régimen comunista en 1989, el nuevo Parlamento libremente elegido se enfrentó al reto de aprobar la Constitución, la cual aportaría mecanismos eficaces para garantizar el respeto de los derechos humanos. El proceso, que involucró a todos los partidos políticos y generó muchos compromisos desafortunados, duró casi ocho años y la Constitución finalmente fue aprobada en un referéndum nacional.

Para los autores de la Constitución, la lista de 50 derechos y libertades constituía una protección contra la reinstauración de un régimen autocrático. Sin embargo, definir estos derechos y su alcance fue uno de los mayores desafíos iniciales. Un reto aún más considerable fue la cuestión de cómo incorporar mecanismos en la Constitución para garantizar que esta fuera un documento susceptible de ejecución judicial.

Ahora, después de más de 15 años de relativa estabilización, con la llegada al poder del partido Ley y Justicia en 2015, la protección de la Constitución enfrenta desafíos importantes. Aunque la mayoría gobernante no tiene suficientes votos para cambiar la Constitución, está utilizando leyes de menor categoría para cambiar todo el sistema estatal. En los últimos cuatro años, la mayoría gobernante aprobó más de 20 leyes distintas relativas al sistema judicial y la protección de las libertades fundamentales (como la libertad de reunión). Cada uno de estos cambios representa una seria amenaza para las libertades fundamentales consagradas en la Constitución. Para la mayoría de la comunidad jurídica, la sociedad civil y, lo que es más importante, los ciudadanos comunes, protestar contra las políticas que ha incorporado esta mayoría gobernante también significa proteger la Constitución.

Para la mayoría de la comunidad jurídica, la sociedad civil y, lo que es más importante, los ciudadanos comunes, protestar contra las políticas que ha incorporado esta mayoría gobernante también significa proteger la Constitución.

Pero ¿qué función desempeñan los tribunales en la prevención de este retroceso en materia de derechos? Hasta 2015, los tribunales polacos normalmente actuaban como aliados naturales de las agrupaciones de derechos humanos o las personas que buscaban reparaciones por la violación de derechos constitucionales. Las personas pueden referirse a las disposiciones constitucionales cuando entablan una demanda por violaciones de derechos humanos ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Los autores de la Constitución otorgaron a los jueces de los tribunales la posibilidad de interpretar y aplicar la carta magna por su cuenta. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1997 y 2015, los jueces se mostraron bastante reacios a recurrir directamente a la Constitución, y en gran medida dejaron esta tarea en manos del Tribunal Constitucional, mientras que ellos dictaban sentencias basadas principalmente en leyes de menor categoría.

No obstante, la Helsinki Foundation for Human Rights y otras agrupaciones de derechos humanos han logrado que se pronuncien sentencias innovadoras en las que los tribunales se refirieron directa o indirectamente a los derechos y libertades que figuran en la Constitución. Por ejemplo, tuvimos el caso de un joven con una discapacidad mental, a quien el tribunal de primera instancia habría declarado legalmente incapacitado si el Tribunal de Apelaciones no hubiera cambiado la sentencia. El argumento para hacer este cambio fue que una incapacitación completa violaría su dignidad humana. Además, a pesar de que Polonia se encuentra entre los países de la Unión Europea con los niveles mas bajos de protección para los derechos LGBTQ, los tribunales han encontrado maneras de proteger estos derechos sobre la base de la Constitución. Por ejemplo, en el caso de un impresor de Łódź que se negó a imprimir una pancarta para un grupo LGBTQ debido a sus creencias, el Tribunal Regional falló a favor del grupo LGBTQ con el argumento de que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato, independientemente de su apariencia, orientación sexual o afiliación.

La audacia de usar la Constitución como herramienta para la protección de los derechos humanos en el clima político actual tiene un gran costo.

Sin embargo, también hemos perdido casos de derechos, a veces de manera estrepitosa, a pesar de que las protecciones constitucionales se deberían haber aplicado a los solicitantes en cuestión. Un ejemplo es el caso de un sij al que los agentes de seguridad de un aeropuerto polaco obligaban persistentemente a quitarse el turbante en presencia de otras personas. En este caso, los tribunales se negaron a ver o escuchar los argumentos basados en la libertad religiosa que otorga la Constitución.

Hoy en día, las drásticas transformaciones políticas y los cambios en el Estado han tenido una influencia profunda sobre la función que desempeñan los tribunales. Además de su papel como defensores de las personas, muchos tribunales comenzaron a funcionar como defensores del sistema democrático e impugnadores de los cambios recientes.

El Tribunal Supremo de Polonia y el Tribunal Administrativo Nacional, por ejemplo, presentaron solicitudes de sentencias preliminares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dos aspectos de la reforma del poder judicial, un proyecto emblemático de la mayoría gobernante. Los procedimientos que iniciaron estos tribunales podrían terminar por declarar que las reformas no cumplen las normas de la UE y causar que se suspenda su aplicación. La lucha por el Estado de derecho también se libra en los tribunales ordinarios, donde hay más de 600 procedimientos pendientes de manifestantes que criticaron a la mayoría gobernante y sus políticas.

Pero que quede claro: la audacia de usar la Constitución como herramienta para la protección de los derechos humanos en el clima político actual tiene un gran costo. Los jueces que se atreven a fallar en contra de los intereses de la mayoría gobernante enfrentan graves consecuencias, desde campañas de difamación en los medios públicos hasta procedimientos disciplinarios que pueden conducir a su destitución.

Además, desde 2016 hemos observado otro “papel desafortunado” que pueden desempeñar los tribunales, a saber, dedicarse a dar el visto bueno a las acciones de la mayoría gobernante. El caso del Tribunal Constitucional polaco es particularmente infame: después de que una jueza que tiene vínculos estrechos con la mayoría gobernante asumiera el cargo de presidenta del Tribunal, esta institución prácticamente suspendió sus labores, limitándose a dictar sentencias favorables a la mayoría gobernante.

En tiempos turbulentos como estos, los profesionales del derecho, las organizaciones de derechos humanos, los actores de la sociedad civil y otras partes interesadas comparten la responsabilidad de trabajar para defender el Estado de derecho. Es posible restablecer el Estado de derecho bajo el régimen constitucional actual, pero solo si los tribunales independientes desempeñan un papel más activo y contribuyen a crear los más altos estándares de separación y equilibrio de poderes.

El camino para restaurar el Estado de derecho puede ser difícil y estar lleno de obstáculos, al igual que el camino hacia la adopción de la Constitución de 1997. Sin embargo, este es el tipo de desafío que debemos aceptar y por el que vale la pena luchar.

This essay was developed in collaboration with the University of Connecticut’s Human Rights Institute, in connection with its recent April 2019 conference, “Human Rights and the Politics of Solidarity.”

 


Małgorzata Szuleka es la responsable de actividades de promoción en la Helsinki Foundation for Human Rights (Varsovia, Polonia), una de las ONG de derechos humanos más prominentes de Europa. Desde 2009, Szuleka ha sido una de las principales abogadas e investigadoras de HFHR; a menudo, colabora en importantes proyectos de investigación con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otras organizaciones.


 

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