En todo el mundo, los movimientos por la justicia exigen respuestas a una pregunta fundamental: ¿por qué, en una época de riqueza sin precedentes, se niega a tantas personas los medios para vivir con dignidad? La respuesta no radica en la escasez, sino en cómo están organizadas nuestras economías. ¿A quién sirven y a quién sacrifican? La gobernanza económica mundial no está fallando, sino que funciona exactamente como se diseñó: para proteger la riqueza de unos pocos, incluso si eso supone agravar la desigualdad, el colapso ecológico y la deuda generalizada. Las mujeres y las niñas del Sur Global se encuentran entre quienes pagan el precio más alto, no por destino o mala suerte, sino por decisiones arraigadas en sistemas financieros que sistemáticamente infravaloran los cuidados, extraen recursos de las comunidades y limitan la inversión pública en derechos.
En el centro de esta injusticia se encuentra una arquitectura fiscal que es a la vez ciega al género y profundamente desigual. Cada año, se pierden casi 500 000 millones de dólares debido al abuso fiscal mundial por parte de las empresas y los ultra ricos, una cantidad que podría casi cerrar la brecha de financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mientras tanto, se dice a los gobiernos que dependan del endeudamiento y la austeridad, lo que refuerza los ciclos de deuda, los servicios públicos con financiación insuficiente y el trabajo de cuidados no remunerado que recae abrumadoramente sobre las mujeres.
Sin embargo, es posible y urgente seguir un camino diferente.
Hacia una economía basada en los derechos
En el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR), defendemos que la justicia fiscal es fundamental para construir una economía basada en los derechos que garantice que las personas puedan vivir con dignidad en un planeta próspero. Esto significa recuperar las finanzas públicas para promover la igualdad de género, hacer frente al colapso ecológico y reequilibrar el poder. Significa reformar las políticas fiscales y tributarias para que recauden recursos de manera justa, redistribuyan la riqueza e inviertan en servicios públicos que reduzcan la carga del trabajo de cuidados no remunerado y garanticen los derechos.
Los derechos humanos proporcionan tanto la base ética como el respaldo jurídico para esta transformación. Ofrecen un marco de valores ampliamente aceptado (dignidad, equidad, justicia, solidaridad, rendición de cuentas) que resuena profundamente en los debates actuales sobre alternativas económicas. Los derechos exigen redistribución, reparación y cambios de poder.
Un enfoque basado en los derechos remodelaría fundamentalmente la política económica. Se centraría en la protección social, los derechos laborales y los salarios dignos. Ampliaría y desmercantilizaría los servicios públicos. Reformaría la regulación fiscal y empresarial para garantizar que la economía esté al servicio de las personas, y no al revés. Sobre todo, cambiaría nuestra forma de entender el valor: alejándolo de la extracción y el beneficio y acercándolo al cuidado, la comunidad y la sostenibilidad ecológica.
Para lograrlo, también debemos reimaginar cómo se detiene y ejerce el poder en la economía. Una economía basada en los derechos exige el desmantelamiento de la captura corporativa, en la que la industria privada utiliza su influencia económica y política para configurar las políticas y la toma de decisiones en su beneficio, y el restablecimiento del control democrático sobre las decisiones económicas. Significa situar a las personas (especialmente a las históricamente excluidas) en el centro de la gobernanza, garantizando que las comunidades y los trabajadores tengan voz y voto en la configuración de los sistemas que afectan a sus vidas.
Esta transformación también debe tener en cuenta el trabajo de cuidados, a menudo no remunerado y feminizado, que sustenta nuestras sociedades. Reconocer los cuidados como un bien público, y no como una carga privada, requiere invertir en infraestructura social, redistribuir las responsabilidades de manera más equitativa y valorar las contribuciones esenciales de los cuidadores. Hacerlo es fundamental para abordar tanto la desigualdad de género como la infravaloración sistémica del trabajo que sustenta la vida.
Por último, promover una economía basada en los derechos significa revitalizar la propia democracia. Requiere sistemas participativos que se resistan a la captura por parte de las élites, den protagonismo a las voces marginadas y construyan un poder colectivo entre los distintos movimientos. Solo a través de esta renovación democrática podremos construir verdaderamente una economía basada en la equidad, el cuidado y la responsabilidad ecológica.
Es esencial un sistema fiscal justo
Para hacer realidad esta visión, es necesario cambiar la arquitectura de las finanzas mundiales. El sistema actual se configuró durante el periodo colonial para servir a los intereses de unos pocos (especialmente las empresas multinacionales y los individuos ricos del Norte Global). Está agravando la actual policrisis, en lugar de resolverla. La gobernanza económica mundial debe democratizarse y pasar a un foro multilateral transparente e inclusivo, como las Naciones Unidas. No puede llevarse a cabo a puerta cerrada en las reuniones del Fondo Monetario Internacional o del G20.
La igualdad de género debe integrarse en el diseño de los sistemas fiscales y financieros, y no añadirse a posteriori. Las negociaciones fiscales y los marcos políticos que no tienen en cuenta el género refuerzan la desigualdad. La actual «hoja de ruta» de la política fiscal ortodoxa ha causado un daño enorme al distribuir los recursos de forma desigual y ocultar la rendición de cuentas a través de instituciones opacas.
Un sistema fiscal justo es la base de una economía basada en los derechos. Mediante una fiscalidad progresiva y unos procesos presupuestarios inclusivos, los Estados pueden recaudar recursos para financiar los derechos, redistribuir la riqueza para reducir la desigualdad, remodelar los mercados para disuadir los daños y reparar los daños causados por el colonialismo y la destrucción del medio ambiente.
Ya basta. Es hora de recuperar la economía. Juntas y juntos podemos construir economías verdes y feministas basadas en los derechos, arraigadas en el cuidado, impulsadas por la justicia y responsables ante las personas y el planeta.