La crisis climática es una cuestión de justicia racial
El desorden climático (como los haitianos denominan al cambio climático) y la degradación medioambiental ya están obligando al desplazamiento de millones de personas y atrapando a muchas otras en un estado de inmovilidad. Los pueblos indígenas y afrodescendientes y otros grupos racializados se ven desproporcionadamente afectados por esta realidad. Tal y como señaló el antiguo relator especial de la ONU sobre el racismo, la crisis ecológica mundial es una crisis de justicia racial: los grupos racializados viven de forma desproporcionada en regiones que se han vuelto peligrosas o inhabitables debido a la degradación medioambiental. Estas regiones, situadas principalmente en el Sur Global y que incluyen tierras ancestrales indígenas y pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe, pueden entenderse como «zonas de sacrificio racial». Sus habitantes suelen sufrir marginación económica y disponen de recursos limitados para hacer frente a los daños climáticos, a pesar de ser los más vulnerables a ellos. Pueden ser desposeídos de sus tierras, desplazados internos o obligados a migrar a través de las fronteras.
Sin embargo, estos mismos grupos racializados son los menos responsables de las actividades humanas que están en el origen de la crisis ecológica mundial. Durante siglos, la industrialización y el desarrollo, que se basaron en sistemas racializados de colonización y esclavitud, impulsaron el crecimiento económico de las antiguas potencias coloniales, mientras que subdesarrollaban las antiguas colonias y alimentaban su degradación medioambiental. Este proceso generó emisiones de gases de efecto invernadero (entre ellos el dióxido de carbono) que se han acumulado en la atmósfera durante siglos y siguen provocando el desorden climático actual. Además, incluso después de que las antiguas colonias obtuvieran la independencia, a menudo han seguido estando en desventaja debido a un sistema internacional que beneficia a las antiguas potencias coloniales. Haití es un claro ejemplo de ello: cuando Haití obtuvo la independencia en 1804 tras una revuelta de esclavos, Francia exigió el pago de una enorme «deuda» a cambio de reconocer la soberanía de Haití. Esta deuda, que incluía la compensación que Francia exigía por sus «derechos de propiedad» perdidos sobre el pueblo haitiano recién emancipado, tardó 122 años en ser pagada por Haití. Durante este tiempo, ha impedido tanto el desarrollo del país como su capacidad para responder a la crisis ecológica.
Injusticia climática y migración haitiana
Como se ha señalado recientemente en Bay Kou Bliye, Pote Mak Sonje: Climate Injustice in Haiti and the Case for Reparations (un informe publicado por la Global Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y el Promise Institute for Human Rights de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles, en colaboración con organizaciones del movimiento social haitiano), la crisis ecológica mundial es una amenaza existencial para Haití. Haití es uno de los países más vulnerables al clima del mundo. El desorden climático ya está contribuyendo a que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y graves y a que suba el nivel del mar, y los efectos del clima, como la pérdida de vidas, la destrucción de cultivos y la inundación de viviendas, se ven agravados por las vulnerabilidades estructurales subyacentes en Haití. El desorden climático está afectando a derechos humanos fundamentales de los haitianos, como el derecho a la vida, la no discriminación y la igualdad, así como a varios derechos económicos, sociales y culturales, derechos relacionados con el medio ambiente y derechos relacionados con la migración.
Más de un millón de haitianos se encuentran desplazados internos, y muchos otros se han visto obligados a huir del país en busca de seguridad en otros lugares de la región. Esta migración se ve alimentada por la inestabilidad política y la violencia en el país, pero también está relacionada con las devastadoras consecuencias del desorden climático y la incapacidad del Estado para responder. Como se describe en Bay Kou Bliye, Pote Mak Sonje, algunos efectos del clima, como el aumento del nivel del mar, provocan directamente el desplazamiento, mientras que otros, como la destrucción de los cultivos, crean una situación en la que las personas se ven obligadas a migrar para sobrevivir. Esta migración puede aumentar aún más la vulnerabilidad climática de las personas, ya que se ven desconectadas de sus comunidades y despojadas de sus tierras y medios de vida. Los haitianos rurales que se desplazan a las ciudades pueden congregarse en zonas más vulnerables al clima, como barrios pobres y asentamientos informales, una situación agravada por la exclusión económica y la explotación. Mientras tanto, los haitianos que emigran a otros lugares de América a menudo se enfrentan al racismo, la xenofobia y regímenes de gobernanza migratoria discriminatorios, lo que también puede exacerbar su vulnerabilidad a los daños climáticos a los que se enfrentan. Como hemos visto recientemente en los Estados Unidos y la República Dominicana, los migrantes haitianos son objeto de deportaciones desproporcionadas a Haití, a pesar de la grave situación que atraviesa el país.
Existe una laguna en la protección jurídica de los «migrantes climáticos» en los regímenes internacionales y regionales de gobernanza migratoria, ya que actualmente no existe un marco jurídico internacional específico para hacer frente a la migración climática, es decir, el movimiento de personas dentro de las fronteras nacionales o a través de ellas, de forma temporal o permanente, debido a la degradación ambiental repentina o progresiva causada por el desorden climático. La definición de «refugiado» que figura en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, e incluso la definición más amplia que ofrece la Declaración de Cartagena, no protege adecuadamente a los migrantes desposeídos o desplazados por la crisis ecológica mundial, ni a los ciudadanos del Sur Global que se han visto obligados a huir de sus países de origen debido a la desigualdad económica mundial.
Como se argumenta en Bay Kou Bliye, Pote Mak Sonje, la vulnerabilidad climática de Haití no solo se deriva de su condición de pequeño Estado insular en desarrollo, sino que también tiene sus raíces en siglos de injusticia. El legado de colonización y esclavitud de Haití, la ocupación por parte de los Estados Unidos y otros sistemas de explotación racial por parte del Norte Global han construido su vulnerabilidad climática contemporánea. Esta explotación económica, política y social de Haití ha socavado el desarrollo del Estado, su capacidad para responder y adaptarse al desorden climático y su capacidad para proteger a sus ciudadanos de los impactos climáticos, lo que ha alimentado aún más el desplazamiento y la migración. Esto ha dado lugar a crecientes demandas de reparaciones basadas en la injusticia racial y climática, y algunos sostienen que las vías legales para la migración climática pueden ser una parte necesaria de dichas reparaciones.
Poner la raza en el centro de nuestro trabajo
Como nos muestra Haití, la igualdad racial debe estar en el centro del trabajo jurídico, político y académico relacionado con la crisis ecológica mundial y la migración en un clima cambiante. Este reconocimiento es necesario para abordar la realidad de la migración, pero también es crucial si queremos adoptar un enfoque estructural para corregir las causas profundas del desplazamiento. Las comunidades más afectadas por los daños climáticos, que ofrecen conocimientos indispensables, deberían desempeñar un papel central en la definición de lo que implican la justicia climática y racial y de cómo los regímenes de gobernanza migratoria internacionales y regionales pueden responder mejor a nuestra realidad climática. En Bay Kou Bliye, Pote Mak Sonje, nos esforzamos por adoptar este enfoque. Dada la urgencia de la crisis ecológica mundial y sus efectos desproporcionados en los grupos racializados, queda mucho por hacer.