La prueba moral de la justicia de vacunas

Las fuerzas que se oponen a la justicia de vacunas —los monopolios, la caridad y el individualismo— se interponen en el camino de una respuesta justa a otros problemas globales compartidos.




La desigualdad global en el acceso a las vacunas contra la covid-19 —más del 80 % de las dosis administradas han ido a parar a los países más ricos desde al menos abril de 2021— ha dado lugar a crecientes llamados a la “justicia de vacunas”.

Mientras que los países de bajos ingresos luchan por lanzar programas de vacunación, los países ricos están almacenando dosis excedentes y comienzan a recomendar unas nuevas. Los mecanismos que supuestamente se establecieron para aumentar la equidad de las vacunas han enviado más dosis al Reino Unido y Europa, que ya tienen una riqueza de vacunas, que a todo el continente africano.

Los llamados a la justicia en materia de vacunas enmarcan el acceso a las vacunas contra la covid-19 como una prueba moral: de la capacidad de la humanidad para compartir, de la solidaridad global por encima del nacionalismo, del progreso para acabar con la exclusión racista de los beneficios del progreso científico y del valor igual e inherente de todas las vidas humanas.  Más allá de apelar a la caridad y la benevolencia —que aumentaría algunas cifras de cobertura—, estos llamados piden un cambio estructural y una redistribución que logre una justicia más profunda en el acceso a la salud

Una serie Up Close en OGR abogaba por una serie de “soluciones prácticas” a la inequidad en materia de vacunas, algunas de las cuales contemplan un cambio más profundo del statu quo que otras. Soluciones como el fortalecimiento de la cooperación regional para negociar con la industria farmacéutica, la plena financiación del Mecanismo COVAX y la armonización de las normas de aprobación reglamentaria plantearían pocos problemas a las estructuras que sustentan la fabricación, la financiación y el suministro de vacunas.

En cambio, soluciones como la reforma y la regulación de la propia industria farmacéutica, la concesión de exenciones generales de las protecciones de la propiedad intelectual para las vacunas contra la covid-19 y el replanteamiento de los sistemas de financiación del desarrollo comienzan a imaginar un mundo en el que la salud se reclama como un bien público en lugar de una mercancía. Esta “praxis transformadora de los derechos humanos” desmantela las lógicas subyacentes de jerarquía, monopolio y caridad al servicio de una redistribución fundamental del poder en la sanidad mundial.

Los llamados a la justicia en materia de vacunas enmarcan el acceso a las vacunas contra la covid-19 como una prueba moral: de la capacidad de la humanidad para compartir, de la solidaridad global por encima del nacionalismo, del progreso para acabar con la exclusión racista de los beneficios del progreso científico y del valor igual e inherente de todas las vidas humanas.

¿Pero en qué medida estas soluciones alteran o redistribuyen de forma sostenible las jerarquías de poder que condujeron a la inequidad de las vacunas en primer lugar?     

En este ensayo, me uno a mis colegas de salud pública de Open Society Foundations para sugerir que se necesitan al menos tres cambios estructurales para formular una respuesta justa a la inequidad en materia de vacunas, una que erradique las raíces de la inequidad actual, a fin de evitar que se repita el mismo error en futuras pandemias.

De los monopolios a la capacidad compartida

La capacidad de producir o adquirir grandes cantidades de vacunas seguras y eficaces a un precio asequible se ha revelado como uno de los mayores determinantes del acceso a las vacunas y la equidad en todo el mundo. Actualmente, cuatro países dominan la producción mundial de vacunas para la covid-19 (China, Estados Unidos, Alemania y Bélgica), lo cual crea una escasez artificial.

El Mecanismo de Acceso Global a las Vacunas COVID-19 (COVAX), establecido en 2020 para ayudar a superar la desigualdad en materia de vacunas, no estaba previsto ni diseñado para ampliar la capacidad de producción más allá de unos pocos países ricos. Como era de esperar, no ha conseguido hacer mella en la desigualdad de las vacunas en todo el mundo, incluso después de cumplir sus objetivos de financiación. Los defensores de la justicia en materia de vacunas han descrito el COVAX como algo condenado al fracaso, o peor aún, como un elemento de una elaborada cortina de humo para la reticencia de los países ricos y las empresas farmacéuticas a compartir su propiedad intelectual.

Romper el monopolio de la capacidad de producción mundial de la vacuna para la covid-19 requiere una serie de pasos —como construir nuevas plantas de fabricación en países que no las tienen y compartir la tecnología de fabricación— para los que la voluntad política ha resultado esquiva hasta ahora. La letanía de excusas para no actuar con urgencia en todos estos pasos, como la preocupación por el control de calidad o la sugerencia de que la transferencia de tecnología es imposible fuera de los países de altos ingresos, oscurece la simple verdad de que la escasez producida por los monopolios de producción es extremadamente rentable para las empresas farmacéuticas, que tienen un enorme poder para establecer políticas sobre el reparto de la producción.

Sin embargo, las empresas farmacéuticas y sus colaboradores de los países ricos no son inmunes a la presión. Aunque hasta ahora se han negado a ampliar la producción, las acciones políticas como el apoyo de EE.UU. a la renuncia a la propiedad intelectual de las vacunas contra la covid-19 implican el reconocimiento por parte de algunos gobiernos de que es insuficiente depender de los países ricos para producir en masa y donar las vacunas excedentes al resto del mundo.

De la caridad a los recursos compartidos

La independencia fiscal representa un segundo factor estrechamente relacionado con la capacidad de cualquier país para lograr la inmunidad contra la covid-19 mediante programas de vacunación. Los países con las tasas de vacunación más elevadas han podido confiar normalmente en sus arcas nacionales para financiar la adquisición de vacunas, mientras que los que tienen las tasas de vacunación más bajas siguen dependiendo en gran medida de la ayuda bilateral, los bancos de desarrollo y los excedentes de las donaciones de vacunas.

En octubre de 2020, el Banco Mundial aprobó 12 000 millones de dólares para que los países en desarrollo financiaran el despliegue de vacunas, una suma que Estados Unidos, por sí solo, superarían en su propia “Operación Warp Speed” para ese mes de diciembre. De hecho, para junio de 2021, el FMI estimó que costaría 50 000 millones de dólares financiar la fabricación y distribución equitativa de las vacunas y generar los billones de dólares de beneficios necesarios para financiar una recuperación económica mundial de la covid-19.

Al igual que la ruptura de los monopolios de producción, el fin de la dependencia financiera entre las naciones ricas y pobres requiere pasos transformadores para los que el principal obstáculo ha sido la voluntad política. Entre ellos está no sólo el alivio de la deuda de emergencia, sino un cambio más amplio de la ayuda a la inversión pública global. A largo plazo, lo que se necesita es acabar con las economías extractivas que perpetúan las desigualdades entre las naciones ricas y pobres.

La covid-19 presenta una oportunidad y un imperativo para cambiar de rumbo. En la práctica, esto significa que los gobiernos nacionales y las instituciones regionales, como el Equipo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas en África y el Fondo de Emergencia Covid-19 de la Asociación de Cooperación Regional del Sur de Asia, tienen que dedicar recursos e inversiones suficientes para apoyar la vacunación, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo, los donantes del G7 y del G20 deben comprometerse con financiación adicional para las vacunas, además de apoyar las medidas para descentralizar la producción de vacunas.

Del individualismo a la responsabilidad compartida

Un tercer factor, a menudo descuidado, de la justicia en materia de vacunas es el modo en que los países abordan el reto de la distribución y la aceptación de las vacunas. Aunque se ha prestado mucha atención a la generación de una demanda individual de vacunas y a la superación de las “dudas” sobre las vacunas, es igualmente importante, si no más, dar forma a los determinantes sociales, económicos y ambientales que hacen que las personas busquen y reciban el acceso a los programas de vacunación.

Las barreras no individualizadas para la aceptación de las vacunas son diversas y se entrecruzan con la raza, la pobreza, la situación migratoria y las condiciones de salud subyacentes. Estas condiciones, ya sea el escaso acceso al transporte público o la negación de una licencia remunerada por enfermedad para vacunarse, son modificables con el compromiso político. Al igual que el reparto de la capacidad de producción y la democratización de la financiación del desarrollo, la modificación de estas condiciones requiere decisiones de política pública que implican la participación y el sacrificio de todos.

Al igual que la ruptura de los monopolios de producción, el fin de la dependencia financiera entre las naciones ricas y pobres requiere pasos transformadores para los que el principal obstáculo ha sido la voluntad política.

Desde una perspectiva epidemiológica, la propia premisa de generar una demanda individual de vacunas ignora la realidad científica de que la protección de cualquier individuo frente a la covid-19 depende de la aceptación de la vacuna por parte de la comunidad. La salud de las personas vacunadas no está únicamente en sus manos, sino que también está en manos de las personas no vacunadas, que a su vez pueden enfrentarse a barreras sociales y ambientales para la vacunación.

En el esfuerzo por vacunar al mundo, las sociedades se enfrentan a una elección moral: entre hacer énfasis en la responsabilidad individual de aceptar la vacuna y proteger la propia salud, o fomentar la responsabilidad compartida para lograr tanto la inmunidad de rebaño como los determinantes sociales de la salud. Esta última opción es la de la justicia. Es la opción que reconoce nuestra interdependencia, nuestra humanidad compartida y nuestra responsabilidad mutua, y así dar pleno efecto a la máxima de la salud pública de que “nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo”.

La justicia como intercambio

La covid-19 no es ni siquiera la primera amenaza para la salud pública que ha animado los llamados a la justicia global. El movimiento por la justicia en el tratamiento del VIH exigía un desmantelamiento similar de los monopolios farmacéuticos que inflaban artificialmente el precio de los medicamentos que salvarían vidas. El llamado a la justicia reproductiva exigía una redistribución de las jerarquías raciales y de género que limitan la elección reproductiva incluso cuando la ley no lo hace de manera explícita.

Hoy en día, el llamado a la justicia en materia de vacunas busca una reparación similar de las raíces raciales y coloniales de las respuestas inequitativas y lucrativas de la covid-19 y sus efectos arraigados.

Las fuerzas que se oponen a la justicia de las vacunas —los monopolios, la caridad y el individualismo— se interponen en el camino de una respuesta justa a otros problemas globales compartidos. Ya sea para responder a la covid-19, al cambio climático o a la brecha digital, todos nos beneficiaríamos si reconociéramos y compartiéramos nuestras capacidades, recursos y responsabilidades mutuas, en lugar de acapararlas para nosotros mismos. Tal vez esta sea la lección que la pandemia de la covid-19 pretendía enseñarnos. Al atraparnos pensando que sólo debemos cuidarnos a nosotros mismos —como individuos o como naciones— la covid-19 multiplicó, mutó y prolongó nuestro sufrimiento. La pregunta es si alguna vez aprenderemos.

 

Nota del autor: El autor agradece a los socios beneficiarios y al personal del Programa de Salud Pública, en particular a A. Kayum Ahmed, Roxana Bonnell, Brett Davidson, Julia Greenberg, Azadeh Momenghalibaf, Rosalind McKenna, Sharmila Mhatre y Daniel Wolfe, por su contribución a este ensayo.

 

ORIGINALLY PUBLISHED: September 13, 2021

Jonathan Cohen es el director saliente del Programa de Salud Pública de la Open Society Foundations.


 

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