El mundo está siendo testigo de un ataque a gran escala contra los derechos humanos. En Estados Unidos, el Gobierno federal está atacando los avances logrados tanto por el movimiento por los derechos civiles como por el movimiento contemporáneo Black Lives Matter. La Administración Trump planea cerrar las divisiones de derechos civiles del Departamento de Educación y de la Agencia de Protección Ambiental. Las universidades se ven amenazadas con demandas judiciales y la retirada de fondos federales por promover la diversidad, la equidad y la inclusión. El Tribunal Supremo está debilitando las protecciones del derecho al voto, poniendo fin al derecho al aborto y prohibiendo la discriminación positiva. El Estado está reprimiendo y castigando el activismo, especialmente las voces pro palestinas.
El Gobierno estadounidense siempre ha sido un guardián problemático y poco fiable de los derechos humanos, en particular para los afroamericanos y otras poblaciones racializadas. Nunca cumplió la promesa de las 40 acres. Acogió de nuevo en el poder a los traidores confederados que se habían rebelado para mantener la esclavitud. A nivel judicial, el Tribunal Supremo invalidó la Ley de Derechos Civiles de 1875, redujo las protecciones de la 14ª Enmienda, declaró constitucional la segregación y fue cómplice de Jim Crow.
Una historia de lucha local y transnacional
Por sombrío que parezca el panorama, es importante recordar que los movimientos transnacionales localizados en favor de la justicia racial han movilizado eficazmente, en muchos contextos, el poder del pueblo para resistir a los Estados represivos y a sus cómplices corporativos. La organización translocal de base de las comunidades negras y sus aliados hizo posible la Era de la Reconstrucción, introdujo la educación pública, derrocó la segregación oficial y finalmente consiguió las protecciones de los derechos civiles de la década de 1960. Estas victorias convirtieron al gobierno federal en un destacado, aunque imperfecto, defensor de los derechos civiles, pero también crearon Comisiones de Relaciones Humanas en ciudades de todo el país para tramitar las denuncias de discriminación en ámbitos como la vivienda, el empleo y la policía.
En los primeros años de las Naciones Unidas (ONU), los líderes de la sociedad civil afroamericana presentaron dos peticiones históricas al organismo internacional: «Un llamamiento al mundo» (1947), redactada por W. E. B. DuBois y otros en nombre de la NAACP; y «Denunciamos el genocidio: Petición histórica a las Naciones Unidas para que ponga fin al crimen del Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo negro» (1951), presentada por Paul Robeson y William Patterson en nombre del Congreso de Derechos Civiles. «Denunciamos el genocidio» demostraba que los abusos prolongados contra las personas de ascendencia africana en los Estados Unidos violaban la Convención sobre el Genocidio. Comienza de forma clara y contundente:
De los guetos negros inhumanos de las ciudades estadounidenses, de las plantaciones de algodón del sur, llega este registro de asesinatos en masa por motivos raciales, de vidas deliberadamente deformadas y distorsionadas por la creación intencionada de condiciones que provocan la muerte prematura, la pobreza y la enfermedad.
En 1964, Malcolm X comenzó a presionar a los jefes de Estado en la segunda cumbre de la Organización de la Unidad Africana en El Cairo para que plantearan reclamaciones de derechos humanos contra el Gobierno de los Estados Unidos por su trato a la población negra. Menos de un año después, fue asesinado. Por esa misma época, el Dr. Martin Luther King, Jr. también participaba en labores de solidaridad transnacional, pidiendo a la comunidad internacional que participara en un «boicot económico masivo» contra el apartheid en Sudáfrica.
La movilización mundial en apoyo de la resistencia liderada por el Congreso Nacional Africano contra el apartheid sudafricano acabó derrocando ese sistema. El activismo estadounidense del movimiento Free South Africa, los sindicalistas negros, Coretta Scott King, Gay MacDougall (actual miembro del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial), líderes religiosos, deportistas, famosos, estudiantes y muchos otros dio lugar a exitosas campañas de desinversión en todo el país, que culminaron en la Ley Integral contra el Apartheid de 1986, aprobada a pesar del veto del presidente Ronald Reagan.
Resistencia translocal
En un contexto de resurgimiento de la beligerancia federal y de la manipulación de muchas legislaturas estatales por parte de extremistas de derecha, las luchas por la justicia racial se han trasladado una vez más al ámbito local. En respuesta, los activistas estadounidenses están volviendo a crear movimientos por la justicia racial tanto dentro de las ciudades como a través de las fronteras. Durante los disturbios de Ferguson de 2014, mientras los manifestantes negros en primera línea se enfrentaban al gas lacrimógeno, activistas palestinos compartieron consejos sobre cómo protegerse de las municiones químicas. Cuando delegaciones de activistas negros viajaron a Palestina en misiones de solidaridad, continuaron el legado de apoyo panafricano a las luchas anticolonialistas. Los movimientos de base negros han estado trabajando en coalición para promover la justicia climática como una forma de justicia racial, incluso a través de los procesos de supervisión de las Naciones Unidas. En los últimos años, los movimientos por la justicia racial han ampliado el uso de los «informes paralelos» para llamar la atención sobre las injusticias y movilizar la resistencia.
A las pocas semanas del asesinato de George Floyd a manos de agentes de policía de Minneapolis, su hermano Philonise testificó ante la ONU en un «debate urgente sobre el racismo sistémico y la brutalidad policial en los Estados Unidos». Impulsada por una convocatoria del Grupo Africano del Consejo de Derechos Humanos, esta iniciativa organizativa fue el resultado de una coalición transnacional liderada por la Red de Derechos Humanos de los Estados Unidos y la ACLU. Dio lugar al Mecanismo Internacional Independiente de Expertos para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en el contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER) y a una extensión de la sociedad civil, la Coalición contra el Racismo de las Naciones Unidas. Conocido como el Mecanismo George Floyd, el EMLER realizó una visita a los Estados Unidos, se reunió con funcionarios electos y personas afectadas en seis ciudades y elaboró un informe de sus conclusiones en 2024.
Hoy en día, las iniciativas de ciudades por los derechos humanos en lugares como Dayton, Ohio, también exigen que los gobiernos municipales protejan los derechos humanos internacionales a nivel local. La intransigencia a nivel nacional ha provocado la creación de grupos de trabajo sobre reparaciones en al menos 11 estados y 22 pueblos o ciudades. Los movimientos abolicionistas lograron desinvertir en la policía local y las cárceles del condado en ciudades como Austin (Texas), Denver (Colorado), Oakland (California), Baltimore (Maryland) y Filadelfia (Pensilvania), entre otras. El ámbito municipal ofrece un espacio accesible para actuar y manifestar un cambio real.
Estos canales de rendición de cuentas constituyen una nueva arquitectura para el cultivo de un movimiento global entre ciudades para luchar contra la discriminación racial. Sin embargo, las ciudades que actúan de forma individual no pueden erradicar el racismo estructural. Los movimientos interseccionales y descoloniales que conectan la acción local con iniciativas más amplias a través de canales nacionales y globales son imprescindibles para que la sociedad civil pueda movilizar el poder necesario para hacer frente a todo el alcance del desafío que tenemos ante nosotros.