La democratización de los datos es clave para abordar las desigualdades durante el COVID-19

La exclusión en los datos, que a menudo refleja los valores de la sociedad y los prejuicios sobre quién y qué cuenta, significa la exclusión en la vida real cuando se trata de crisis y políticas públicas.




Los datos desempeñan un papel crucial para informar las políticas públicas y la toma de decisiones. Disponer de datos representativos e inclusivos es importante, porque proporcionan la base sobre la que se diseñan, aplican, financian y supervisan las políticas públicas. Si las personas y los grupos no están representados en los datos, las decisiones que se basen en ellos no abordarán cuestiones específicas a las que se enfrenten. La falta de datos sobre comunidades o poblaciones ya marginadas puede hacer difícil revelar, y por lo tanto desmantelar, las políticas y prácticas discriminatorias. La exclusión en los datos, que a menudo refleja los valores y los prejuicios de la sociedad sobre quién y qué cuenta, significa, por lo tanto, la exclusión en la vida real.

Esto es aún más importante en el contexto actual del COVID-19, en el que la falta de datos sobre grupos específicos, en particular los marginados, ha dado lugar a graves deficiencias en la elaboración y aplicación de medidas para atender a las necesidades de todos. El recuento oficial de la pandemia rara vez ha reflejado el verdadero impacto de la misma en los grupos menos visibles, como las personas que viven en asentamientos informales, las mujeres y niñas y los migrantes.

La inclusión en los datos es una cuestión de derechos humanos

El mes pasado, surgió una decisión histórica sobre la inclusión en los datos como una cuestión de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de México, en un caso presentado por TECHO México contra el Instituto Nacional de Estadística (INEGI). Este caso impugnó con éxito la exclusión de los asentamientos informales del censo de México. En una presentación de amicus curiae ante la Corte, un grupo de miembros de la Red-DESC sostuvo que la falta de datos precisos y completos sobre la situación de las personas que viven en asentamientos informales constituye una violación de las obligaciones en materia de derechos humanos de varios Estados, especialmente las que tienen por objeto prevenir y abordar todas las formas de discriminación. Esto debe comenzar con la identificación de la desigualdad en el disfrute de los derechos humanos de todos los grupos y las personas. En segundo lugar, los tratados de derechos humanos encomiendan a los Estados que vigilen los progresos realizados en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de todos, lo que requiere una amplia recopilación de datos. En tercer lugar, la falta de datos esenciales sobre las condiciones socioeconómicas de los distintos grupos les impide participar de manera significativa en la formulación de políticas y la toma de decisiones, lo que es vital en cualquier democracia.

El amicus curiae se basó en la labor de la Red-DESC para articular un enfoque de los datos basado en los derechos humanos (EBDH) mediante un conjunto de principios sobre los datos y los DESC basados en las obligaciones en materia de derechos humanos. El 17 de junio, la Suprema Corte de Justicia de México decretó unánimemente que el INEGI recopilara información desglosada sobre los asentamientos irregulares o informales en situaciones de pobreza, citando, entre otras consideraciones, el derecho internacional de los derechos humanos.

Si las personas y los grupos no están representados en los datos, las decisiones que se basen en ellos no abordarán cuestiones específicas a las que se enfrenten.

Esta decisión histórica afirma el papel de los datos oficiales para informar políticas que respondan adecuadamente a las necesidades de los diferentes grupos. También se produce en un momento muy importante para el país, ya que un sistema oficial de recopilación de información de acceso público -con datos actualizados sobre el acceso a la vivienda y el agua en diversas zonas, incluidos los asentamientos informales- habría supuesto una diferencia significativa en la elaboración y aplicación de medidas preventivas adecuadas a las distintas necesidades, y el fortalecimiento de la capacidad de responder a situaciones de emergencia, como la actual pandemia.

Frente a estas lagunas, las organizaciones de la sociedad civil se asociaron con académicos para realizar una encuesta en la capital del país, a fin de obtener un panorama de las condiciones de vida (incluidas la vivienda, el acceso al agua y los servicios básicos) y evaluar la eficacia de las medidas gubernamentales para hacer frente al COVID-19. Los resultados de la encuesta arrojaron luz sobre tendencias preocupantes y permitieron que las organizaciones de la sociedad civil propusieran soluciones para realizar el derecho a una vivienda adecuada.

Nuestros miembros en otros países señalaron tendencias similares. En Kenia, al igual que en otros lugares, las mujeres y las niñas sufren de manera desproporcionada los efectos de la pandemia, desde el aumento de la violencia doméstica y de género, y la pérdida de medios de subsistencia (ya que las mujeres están sobrerrepresentadas en la fuerza de trabajo informal), hasta un mayor riesgo y exposición a la pandemia debido a que las mujeres constituyen el grueso del personal sanitario. Además, debido a las desigualdades profundamente arraigadas, la pandemia ha restringido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de muchas mujeres y niñas.

Sin embargo, el Gobierno no ha monitoreado ni evaluado las implicaciones del COVID-19 en el acceso a los servicios por parte de las mujeres y las niñas, ni cualquier resultado negativo que probablemente haya provocado, como el aumento de la propagación del VIH, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos en condiciones de riesgo. La falta de datos específicos también se ha reflejado en las asignaciones presupuestarias. Las estimaciones del presupuesto de Kenia para 2020-2021 muestran que la mayor parte de la asignación para la atención de la salud se destina a la contratación de trabajadores sanitarios, el suministro de camas y las infraestructuras hospitalarias. Aunque son encomiables, estos esfuerzos deben basarse en las experiencias vividas por las personas en situaciones de vulnerabilidad, especialmente las mujeres y las niñas que se ven afectadas de manera desproporcionada por su sexo, género y orientación sexual, y guiar a los encargados de la formulación de políticas hacia soluciones que no exacerben sus vulnerabilidades ni amplíen la desigualdad existente.

Un enfoque de los datos basado en los derechos humanos puede ayudar a corregir los desequilibrios de poder y permitir la participación e inclusión de los grupos marginados en la adopción de decisiones.

Otro ejemplo proviene del Reino Unido, que reúne montañas de datos. En relación con el COVID-19, los datos recabados hasta la fecha han contribuido a reafirmar las graves consecuencias para la salud que entrañan la desigualdad socioeconómica y la discriminación racial. La Oficina de Estadísticas Nacionales determinó que las tasas de mortalidad del COVID-19 son desproporcionadamente altas para las personas de raza negra y de grupos étnicos minoritarios, así como para las que viven en las zonas más desfavorecidas de Inglaterra, donde la tasa de mortalidad supera el doble de la de las zonas menos deprimidas.

Sin embargo, los defensores de los derechos humanos en el Reino Unido se enfrentan constantemente a las limitaciones de los datos e insisten en que se amplíen para incluir a todas las personas, así como para medir los datos de manera más holística. Sólo el año pasado, tras una intensa presión de la sociedad civil, se incluyeron de forma sistemática preguntas sobre la  inseguridad alimentaria en los hogares en una encuesta nacional. Y justo este mes, el gobierno admitió que no tiene estimaciones sobre el número de migrantes en el Reino Unido que se ven afectados por la situación de No Recourse to Public Funds  (Ningún Recurso a los Fondos Públicos, o NRFP), una situación que limita el acceso de una persona a la asistencia estatal, incluyendo a la ayuda por desempleo, lo que significa que un gran número de personas sin NRFP están en riesgo o viven actualmente en la pobreza extrema.

En pro de una mayor democratización de los hechos

La pandemia puso de relieve los enormes costos para los derechos humanos y las políticas públicas inherentes a la decisión (ya sea intencional o no) de excluir a ciertos grupos del recuento oficial. Como se demostró en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de México, los defensores pueden utilizar el marco de los derechos humanos para exigir datos más inclusivos y precisos y, por consiguiente, una mejor formulación de políticas. Un enfoque de los datos basado en los derechos humanos puede ayudar a corregir los desequilibrios de poder y permitir la participación e inclusión de los grupos marginados en la adopción de decisiones. Por ejemplo, esto significa que los Estados no sólo deben recopilar datos precisos, exhaustivos y actualizados sobre los DESC, sino también hacer participar de manera significativa a las comunidades en la decisión de qué datos deben recopilarse y cómo deben utilizarse, y prestar la debida atención a los datos que reflejen las perspectivas y los conocimientos de las comunidades, que a menudo se descuidan y se consideran no "objetivos" o legítimos.

Si bien los datos por sí solos no bastan para elaborar políticas adecuadas y muchos gobiernos no cambian de rumbo aun cuando confrontan pruebas sólidas, de todas formas, constituyen un instrumento para que los encargados de campañas nacionales ayuden a incidir en la adopción de mejores decisiones de política.

Esperamos que nuestro conjunto de principios sobre los datos y los DESC ayude a las organizaciones de la sociedad civil a incidir en favor de datos que reflejen las experiencias vividas por las personas y que pongan en primer plano los derechos humanos, permitiendo así una toma de decisiones más democrática.

Si le interesa conocer más, participe en nuestro próximo debate sobre la democratización de los datos en Rights Con el viernes 31 de julio a las 10 AM hora del este de EE.UU. (EST).

 

 

ORIGINALLY PUBLISHED: July 28, 2020

Francesca Feruglio es coordinadora del Grupo de Trabajo de Monitoreo de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC).

Maria Silvia Emanuelli es abogada italiana y coordinadora de la oficina latinoamericana de Habitat International Coalition, con sede en la Ciudad de México.

Imogen Richmond-Bishop es coordinadora de derecho a la alimentación en Sustain: the Alliance for Better Food and Farming, así como directora de incidencia, investigación y comunicación de Just Fair. También es becaria de Atlantic Fellows for Social and Economic Equity para el período 2020-2021.

Brian Omala es oficial de programa para salud, agua y saneamiento del Economic and Social Rights Center (Hakijamii) en Kenia.


 

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