Una mañana de 2019, los habitantes de Naya Toli, un pueblo del este de la India, se despertaron para descubrir que se habían quedado sin tierras de la noche a la mañana. Esta vez, no eran excavadoras ni bandas armadas las que los expulsaban de sus tierras, sino un programa del gobierno estatal para digitalizar los registros de la propiedad. El nuevo registro digital atribuía 108 acres de su zona al propietario anterior, que había vendido las tierras a 19 familias en 1973.
Lo que podría parecer un simple fallo técnico revela un problema fundamental del rápido despliegue de las tecnologías digitales: se corre el riesgo de afianzar la exclusión existente y aumentar las desigualdades.
Desequilibrios de poder incrustados en las tecnologías digitales
La promesa que tan a menudo escuchamos sobre el futuro de la alimentación es que las tecnologías digitales harán que los sistemas alimentarios sean más productivos, sostenibles y eficientes, además de ayudar a hacer frente al aumento del hambre en el mundo. En realidad, la digitalización de la agricultura beneficiará principalmente a las grandes empresas, mientras que los pequeños productores de alimentos, los pueblos indígenas y otros grupos marginados corren el riesgo de salir perdiendo. Los pequeños agricultores temen que sus datos sean extraídos y utilizados sin su consentimiento para crear productos y servicios que luego les serán vendidos con fines lucrativos, lo que aumentará su dependencia de agentes externos y llenará los bolsillos de las grandes empresas. Al fin y al cabo, existen enormes desequilibrios de poder entre las comunidades rurales y los conglomerados tecnológicos multinacionales.
El gobierno indio comenzó a digitalizar los registros de la propiedad en la década de 1990 y lanzó su ambicioso Programa de Modernización Digital de los Registros de la Propiedad de la India (DILRMP, por sus siglas en inglés) en 2008. En 2019, el estado de Jharkhand había digitalizado más del 99% de sus registros catastrales. Sin embargo, con solo el 2,3% de las tierras inspeccionadas físicamente en el acelerado proceso, los derechos y reclamaciones de tierras de muchas comunidades, como las de Naya Toli, desaparecieron en los registros recién digitalizados. Cuando los aldeanos intentaron pagar sus impuestos sobre la tierra, los funcionarios se negaron, alegando que no podían pagar impuestos por tierras que no poseían, según los registros del DILRMP. Desde entonces, los aldeanos han intentado, con grandes dificultades, corregir la información del registro.
Comunidades de toda la India relatan experiencias similares, especialmente pequeños agricultores y pueblos indígenas, que poseen reivindicaciones tradicionales sobre tierras comunes o formas colectivas de propiedad de la tierra. Los nuevos registros digitales han demostrado ser incapaces de documentar la diversidad de tipos de tenencia, privando aún más de sus derechos a los grupos marginados. Las comunidades indígenas no están solas: de Brasil a Ruanda y de Georgia a Indonesia, la gente se enfrenta a retos similares.
Los escollos de la "agricultura digital
La digitalización de los registros de tierras es una parte de una transformación rápida y de gran alcance de los sistemas alimentarios, a veces denominada "agricultura digital." El gobierno indio anunció en 2021 que los registros de tierras recién digitalizados se incluirían en Agri Stack, un intercambio de datos respaldado por el gobierno que permite la integración de datos de tierras con perfiles de agricultores y otros datos agrícolas de origen no humano (meteorología, salud del suelo, hidrología, etc.). El objetivo declarado es crear un fondo de datos agregados para crear productos y servicios personalizados para los agricultores.
Pero al igual que en otros sectores de la economía, se está produciendo una carrera por los datos rentables y las tecnologías de recopilación y procesamiento de datos, incluida la inteligencia artificial. En los últimos años, varias de las principales empresas agroalimentarias del mundo se han asociado con grandes empresas tecnológicas como Alphabet, Microsoft y Amazon. Estas proporcionan la infraestructura técnica, como los sistemas basados en la nube y la inteligencia artificial, que subyace a una serie de nuevas aplicaciones y servicios que las agroindustrias venden a los agricultores. En la India, las protestas masivas de los agricultores desafiaron las nuevas leyes agrícolas aprobadas por el Parlamento en septiembre de 2020, que abrieron el sector agrícola del país a las corporaciones. Las nuevas leyes coincidieron con el lanzamiento de Agri Stack, lo que reforzó el temor de los agricultores a una nueva oleada de acaparamientos de tierras basados en datos.
Digitalización justa
De las experiencias de las comunidades de India y otros países pueden extraerse dos lecciones importantes. En primer lugar, el desarrollo y el uso de las tecnologías digitales están firmemente arraigados en un contexto socioeconómico determinado. La tecnología no se desarrolla en una burbuja, sino que viene determinada por el dinero y el poder, ambos muy concentrados en unas pocas grandes empresas. En segundo lugar, las implicaciones de la digitalización van más allá de la protección de datos y la privacidad. Más concretamente, la digitalización afecta a la equidad y a la distribución de los recursos y la riqueza. Debe configurarse de forma proactiva para que nuestras sociedades sean más justas en lugar de reproducir patrones de exclusión y discriminación. Existe una necesidad urgente de marcos de gobernanza sólidos basados en los derechos humanos que establezcan principios y normas para el uso de las tecnologías digitales en el contexto de la alimentación y la agricultura.
Los gobiernos y las Naciones Unidas parecen estar por fin a la altura de este reto. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó recientemente una resolución sobre "las tecnologías digitales nuevas y emergentes y los derechos humanos". Aunque destaca el potencial de estas tecnologías, la resolución también reconoce los riesgos que pueden suponer para los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales de grupos marginados como los pueblos indígenas y las personas que viven en zonas rurales. Además, pide a los Estados que establezcan marcos de gobernanza para prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos de las tecnologías digitales sobre los derechos humanos, incluida la regulación de las actividades de las empresas tecnológicas.
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU también acordó recientemente una serie de recomendaciones políticas sobre la recopilación y el uso de datos en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición. Este documento incluye el primer intento formal de describir cómo los datos y las tecnologías relacionadas están afectando a los sistemas alimentarios y de proponer orientaciones sobre cómo gestionar las oportunidades y los riesgos asociados. Cabe destacar que las recomendaciones, que se adoptarán en octubre de 2023, reconocen a los agricultores, los pueblos indígenas y otros productores de alimentos a pequeña escala como titulares de derechos sobre sus datos y conocimientos conexos, con derecho a una participación equitativa en cualquier beneficio generado a partir de esos datos.
Aún está por ver si estas iniciativas mundiales ayudarán a configurar el uso de las tecnologías digitales en la alimentación y la agricultura de una manera que apoye los derechos humanos. Sin embargo, demuestran claramente que las cuestiones que plantea la digitalización son intrínsecamente políticas. No podemos dejar que sean los técnicos y las empresas quienes determinen el futuro de nuestras sociedades.
Como se ha visto con las masivas movilizaciones de agricultores en la India, las organizaciones de productores de alimentos están planteando una visión alternativa en la que las tecnologías están al servicio de las personas y del planeta, no de los intereses financieros.