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Cómo la desigualdad supone una amenaza para todos los derechos humanos

La desigualdad no solamente supone una amenaza para los derechos económicos y sociales; amenaza la efectividad de todo tipo de derechos en todos los ámbitos.


By: Radhika Balakrishnan & James Heintz
October 29, 2015

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A nivel mundial, las crisis económicas, los conflictos armados, las emergencias de salud pública, la inseguridad alimentaria y el cambio climático han supuesto amenazas para la efectividad de los derechos humanos. Dentro de esta constelación de factores, la alarmante intensificación de la desigualdad de ingresos y recursos se ha convertido en otra área de preocupación creciente. El marco de derechos humanos ofrece una orientación parcial sobre las consecuencias de nuestras sociedades cada vez más polarizadas, pero aún hay vacíos. Dado el fuerte aumento de la desigualdad en las últimas décadas, es esencial que entendamos mejor las conexiones entre la efectividad de los derechos humanos y la desigualdad: cómo entendemos y medimos la desigualdad, hasta qué grado la desigualdad creciente supone una amenaza para los derechos básicos, y qué dice (y no dice) el marco de derechos humanos sobre la desigualdad.

Las personas experimentan desigualdades a lo largo de una variedad de dimensiones, por ejemplo, en el nivel educativo, la salud y la distribución de poder. El tiempo libre del que gozan los hombres y las mujeres no se distribuye equitativamente, una vez que se toman en cuenta las exigencias de trabajo remunerado y no remunerado. Las desigualdades también se miden entre individuos, entre hogares, entre grupos sociales (p. ej., raza, género y origen étnico) y entre países.

Al definir la desigualdad, es importante distinguir entre la desigualdad “horizontal” y “vertical”. La desigualdad horizontal se produce entre grupos definidos conforme a la cultura o construidos socialmente, como por género, raza, origen étnico, casta y sexualidad. La desigualdad vertical ocurre entre personas o entre hogares, como la distribución general de riqueza o de ingresos en una economía.

La distinción entre la desigualdad horizontal y vertical es particularmente relevante en el marco de los derechos humanos, ya que las cuestiones de desigualdad horizontal están incorporadas con mayor firmeza. Consideremos, por ejemplo, los principios de derechos humanos de la no discriminación y la igualdad, los cuales afirman que el disfrute de los derechos humanos no debe variar entre las personas con base en su género, raza, origen étnico, nacionalidad ni cualquier otra agrupación social similar.

Las personas deben tener igualdad de oportunidades para reivindicar sus derechos, y los principios de derechos humanos se deben aplicar igualmente a todas las personas. Sin embargo, el hecho de que las consecuencias de la desigualdad vertical sean menos evidentes no implica necesariamente que exista una distribución perfectamente equitativa de ingresos y riqueza. Las aclaraciones hechas por los órganos de tratados de derechos humanos han destacado que el concepto de no discriminación e igualdad se refiere a la igualdad sustantiva; siempre existirán algunas fuentes estructurales de desigualdad y formas indirectas de discriminación. Por lo tanto, es necesario entender la igualdad en relación con los productos y los resultados, además de las oportunidades y el comportamiento. Si nos centramos en la igualdad de resultados, es posible que se requiera un tratamiento distinto para grupos o personas diferentes.

 
Demotix/Ronny Adolof Buol (All rights reserved)

Volunteers provide free education in Indonesia. Evidence shows that income inequality often is associated with poorer outcomes with regard to health, education and other economic and social rights.


La evidencia muestra que la desigualdad de ingresos a menudo se asocia con peores resultados en lo que respecta a la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. No resulta sorprendente que los hogares más ricos disfruten de mejores resultados que los más pobres. Sin embargo, la desigualdad en sí puede causar peores resultados, independientemente del nivel de ingresos. Por ejemplo, los hogares de bajos ingresos en una sociedad con gran desigualdad pueden tener peores resultados que los hogares con ingresos idénticos en una sociedad más equitativa.

Conforme al marco de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación primordial de respetar, proteger y satisfacer los derechos, pero esto depende de que exista un Estado funcional con transparencia y participación democrática plenas. Sin embargo, la desigualdad de ingresos y riqueza afecta los procesos políticos formales e informales de formas que determinan el acceso de las personas a la educación, la salud, los empleos y la seguridad social.

Cuando el poder político de las élites se expande mientras la distribución de ingresos y riqueza se polariza más, toda la gama de derechos humanos resulta comprometida.

Cuando el poder político de las élites se expande mientras la distribución de ingresos y riqueza se polariza más, toda la gama de derechos humanos resulta comprometidaAlgunos politólogos sostienen que el proceso democrático puede compensar los efectos de las desigualdades de ingresos y riqueza. Por ejemplo, el “teorema del votante mediano” sugiere que siempre que exista una democracia que funcione correctamente, habrá presión a favor de la redistribución en las sociedades desiguales. Esto se debe a que la mayoría de la población (las personas ubicadas a la mitad o en el extremo inferior de la distribución de ingresos) votará a favor de la redistribución cuando los ingresos y la riqueza se concentren en relativamente pocas manos. Pero este enfoque se basa en suposiciones muy aventuradas: que las personas pueden reivindicar sus derechos, que el Estado obedece a un control democrático, que las políticas que apoya la mayoría no debilitan los derechos de otros grupos, que la integración a nivel mundial no limita las opciones políticas de los gobiernos nacionales y que los intereses económicos de las élites no pueden ejercer una influencia indebida sobre las políticas económicas.

En realidad, las desigualdades de ingresos y riqueza producen desigualdades en la distribución del poder. Cuando el poder político de las élites se expande mientras la distribución de ingresos y riqueza se polariza más, toda la gama de derechos humanos resulta comprometida. Los estudios que analizan las variaciones a través de diversos países han demostrado que, al contrario de lo que plantea el teorema del votante mediano, un mayor nivel de desigualdad está asociado con menos gasto gubernamental para fines redistributivos, medido en términos de los gastos en seguridad social y asistencia social como porcentaje del PIB. Del mismo modo, hay evidencia de que los gastos sociales disminuyen cuando se amplía la brecha entre la clase media y el 10 % más rico. Las élites económicas tienden a resistirse a los impuestos progresivos, lo que limita la capacidad gubernamental de movilizar recursos para la satisfacción de los derechos.

Los derechos humanos ofrecen una orientación parcial sobre las consecuencias de las crecientes desigualdades para la efectividad de los derechos. Sin embargo, el marco de derechos humanos no llega a declarar si una distribución de ingresos o riqueza específica es justa o equitativa. Esto se debe en parte a que los derechos humanos se tratan de resultados reales que dan forma a las opciones y las libertades de las que disfrutan las personas. Por lo tanto, una distribución de ingresos justa es aquella que permite la más plena efectividad de derechos posible, de conformidad con los principios de no discriminación e igualdad.

El artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. La distribución de los ingresos y la riqueza, y las dinámicas políticas relacionadas, representa una dimensión importante de este orden social e internacional. Conforme al marco de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación implícita de tomar en consideración el efecto de la desigualdad sobre los derechos y, si se requiere, tomar medidas para lograr una distribución de ingresos más justa.

 

Una versión más extensa de estos argumentos está incluida en un documento de trabajo de PERI y en el capítulo de un libro de próxima publicación de Balakrishnan, Heintz, y Elson (2016): Rethinking Economics for Social Justice: The Radical Potential of Human Rights (Un replanteamiento de la economía para la justicia social: el potencial radical de los derechos humanos). Routledge Press.

 


Radhika Balakrishnan es la directora del cuerpo docente del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres y profesora deEstudios de la Mujer y de Género en la Universidad Rutgers. También, es cátedra de Public Voices por el OpEd Project.

James Heintz es el profesor Andrew Glyn de Economía y director asociado del Instituto de Investigación en Economía Política de la Universidad de Massachusetts Amherst.


 

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